Bajo presión
El gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey se vio obligado a anunciar que adherirá al protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo que fue elaborado conforme a un fallo de la Corte Suprema de la Nación. Fue luego de la difusión mediática del caso de una niña de 10 años embarazada de su padrastro violador y obligada a continuar con la gestación. Nota compartida desde VOVE, el portal de noticias de la cooperativa COYUYO de Salta.
Urtubey dio la noticia a través de su cuenta de Twitter, por lo que habrá que esperar hasta la norma que se publique en el Boletín Oficial para saber si el texto no entorpecerá la realización de los abortos no punibles. El protocolo vigente obstaculiza el procedimiento al establecer un máximo de 12 semanas de gestación para concretarlo con la obligación de efectuar previamente una denuncia policial o realizar una declaración jurada, abriendo las puertas a la judicialización de cada caso.
La directora del área de la Mujer de la Municipalidad de Salta y referente de Cladem, Gabriela Gaspar, se mostró cauta frente a la noticia que habilitaría la interrupción del embarazo de la niña violada, al explicar que no solo hay que leer el nuevo protocolo sino también prestar atención a otras trabas que ofrece el Estado provincial para quienes quieren acceder a la interrupción legal del embarazo. “Los objetores de conciencia hacen su trabajo, lo han hecho siempre, desde la enfermera y el guardia del hospital. Es muy perverso el sistema médico. Una lo sabe por las mujeres que te cuentan cómo funciona”, señaló.
De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Salud Pública de la Provincia, en 2016 nacieron 190 bebés de niñas menores de 14 años. La cifra contrasta con los escasos seis abortos legales realizados bajo las condiciones del protocolo emitido en 2012.
Gaspar atribuyó al Estado la inaccesibilidad que encuentran las mujeres a la hora de abortar legalmente porque “no le da difusión a ese derecho” y además porque con el decreto 1.170 le da intervención “a la Asesora de Incapaces (Mirta Lapad) que las persuade de continuar con el embarazo porque todo su discurso está teñido de moralidad, de religiosidad, esto de que estarías matando a otra persona. O sea, se trabaja mucho con la culpa de las mujeres en situación de vulnerabilidad”.
“Intentan disuadir a través del discurso, culpabilizando a las víctimas para que desistan. Las mujeres lo cuentan y también cuentan del hostigamiento de los efectores de salud, de las enfermeras que le muestran fotos de fetos, en la misma guardia donde los agentes de policía le dicen que abortar es un delito”, aseguró Gaspar, quien agregó que dependerá del movimiento de mujeres el acompañamiento de las víctimas y la concientización sobre la vigencia del derecho.
