Contra la violencia de género y por justicia para Ailín

Este 25 de noviembre, por tratarse del Día Internacional de Erradicación y Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, se marchó en el adoquinado tandilero. Encabezaron el caminar los familiares de Ailín Torres, la joven de 26 años, víctima de femicidio, cuyo caso aún no deja de doler y consternar en la Ciudad de las Sierras.

Más de quinientas personas se hicieron presentes e iniciaron la marcha desde la Glorieta de la Plaza Independencia, hacia las 18. Diversas organizaciones participaron de esta marcha, urgidas por “encontrarnos una vez más en las calles, para decirle basta a las distintas formas de violencias que nos afectan a las mujeres y en muchos casos terminan con nuestras vidas, sueños y proyectos”, rezaba la convocatoria, junto a los hashtags #NoNosCallamosMás y #VivasYLibresNosQueremos.

Entre quienes encabezaron la marcha, con el cartel de Ni Una Menos, se encontraban la mamá, cuñadas y tías de Ailín Torres, la joven que fue asesinada por el femicida Damián Alejandro Gómez (su ex pareja), el pasado 11 de noviembre. Inmediatamente atrás, acompañó la murga del Movimiento Evita ‘Furia Violeta’, y luego las más de 500 personas que se movilizaron, con carteles con diversos mensajes, como “Si te pega, no te quiere”, “Cada 30 horas muere una mujer víctima de violencia de género”, y “No te calles. Llamá al 144”. También se encontraban el papá, hermanos y tíos de Ailín, con una bandera con sus fotos y el pedido de Justicia y Ni Una Menos.

La comunidad trans también integró la columna de la manifestación, exigiendo “basta de transfemicidios”. Marcha que se dio alrededor de la Plaza Independencia, para volver al punto de inicio, la Glorieta, desde donde integrantes del Foro de Promoción y Protección de los Derechos de las Mujeres hizo lectura de un comunicado.

Allí se agradeció a todas las organizaciones “y a las personas que están otro sábado. El sábado pasado estuvimos otra vez en las calles, marchando por Ailín. Volvemos a pedir justicia por Ailín Torres. Está la familia”, se indicó.

Previamente a la lectura del documento que el Foro por la Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Mujeres de Tandil elabora cada año para esta fecha, tomó la palabra Gisela Giamberardino, también para agradecer “a las compañeras de Tandil y a los compañeros que nos están acompañando en las luchas” y para remarcar que “nos siguen matando cada 18 horas. Necesitamos estar juntas más que nunca. Necesitamos elaborar estrategias. Necesitamos demandas claras. Y necesitamos seguir tomando las calles. Necesitamos seguir denunciando y no vamos a renunciar a hacerlo. Tandil se ha visto tristemente movilizada en los últimos días. Por eso, agradecemos a todas quienes están hoy presentes acá, y a todos los compañeros que se comprometen también en esta lucha, por una sociedad con niveles de violencia más bajos. Necesitamos entender y darle palabra a lo que está pasando”.

Giamberardino agregó: “Juntas vamos a tener que enfrentar, como lo estamos haciendo, en las calles, en las casas, en las camas y en las plazas, este sistema que nos sujeta, que nos oprime, que nos violenta, y que nos mata. Es muy importante que seamos conscientes de estos ejes que nos atraviesan y sobre los cuales elaboramos las mujeres nuestras relaciones de trabajo, nuestras relaciones de pareja, nuestras relaciones con nuestros hijos, y con los demás compañeros y compañeras de los distintos espacios en donde convivimos en la sociedad”.

El documento del Foro por la Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Mujeres de Tandil

1. Como cada año, este 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, recordando a las hermanas Mirabal, activistas políticas asesinadas en 1960 en República Dominicana, por órdenes de un dictador. Como cada día, las mujeres nos encontramos en la lucha contra esa desigualdad jerárquica que constituye el orden patriarcal y nos violenta.

Este año, la dureza con que se ha expresado la violencia machista nos empujó a las calles más de una vez. Hemos salido al grito colectivo desde nuestras casas, nuestros trabajos, nuestras escuelas. Nos hemos organizado para decir ¡Basta! ¡Ni una menos! ¡Vivas nos queremos! Hemos conformado el hecho político más significativo al sentenciar que ¡El Estado es responsable! Pero no ha sido, no es suficiente.

Entendemos que para terminar con esta violencia –que nos mata-, no sólo debemos contar con las leyes que nos protejan, sino que es necesario que esa legislación pueda provocar un cambio cultural; y que, para ello, es preciso poner en práctica nuevas formas de relacionarnos y de comprender nuestros vínculos.

El Gobierno lleva dos años sin poner en marcha la ley sancionada a fines de 2015, que creó un programa nacional de patrocinio jurídico gratuito para víctimas de violencias machistas, una de las principales demandas de la primera marcha con la consigna Ni Una Menos. “Recién ahora se implementará una prueba piloto en la ciudad de La Plata, pero en el resto del país ese servicio sigue siendo escaso y desarticulado”. Esto emerge del monitoreo y análisis del Plan Nacional de Acción contra la Violencia hacia las Mujeres –anunciado el año pasado por el presidente Mauricio Macri-.

Mayores recursos para el sostén económico de las mujeres en situación de violencia, y el desarrollo de políticas de largo plazo para promover su ingreso y permanencia en el empleo; capacitaciones obligatorias para incorporar la perspectiva de género en la Justicia; campañas sostenidas en el tiempo de sensibilización y difusión de servicios en municipios, y que lleguen a zonas rurales y a mujeres indígenas, son parte de los incumplimientos relevados.

Con un femicidio cada 30 horas, una frecuencia que no baja en el país, de acuerdo con las estadísticas que difundió esta semana Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), en todo el país volvemos a expresar un grito de hartazgo frente a las violencias machistas y también contra el ajuste económico que promueve “el macrismo y los gobernadores”.

Asimismo, seguimos reclamando la necesidad de establecer políticas para abordar las “deficiencias” en la formación y en la aplicación de una perspectiva de género por parte de integrantes del Poder Judicial, donde las capacitaciones siguen siendo, en su mayoría, optativas, y no se realizan evaluaciones de impacto que puedan medir su efectividad. Al mismo tiempo, seguimos cuestionando que la Línea de Atención 144 todavía “no es accesible para mujeres sordas y personas con otras discapacidades”.

2. La Ley N° 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI) –que este año cumple 11 desde que fue sancionada- visibiliza los modos de subordinación y padecimientos, vinculados con la condición sexuada de los cuerpos; asume que la educación sexual es más que el conocimiento del cuerpo; y se propone revisar los estereotipos de género y los vínculos de poder entre varones y mujeres, para alcanzar la equidad y la justicia social. La ESI es una herramienta fundamental para pensar comunidades que pretendan alcanzar la igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres.

Sin Educación Sexual Integral, continuaremos sosteniendo sociedades desiguales por género y, consecuentemente, violentas. Por ello, reafirmamos la necesidad de dar continuidad y profundizar la educación sexual integral para eliminar la violencia machista hacia las mujeres y las disidencias sexuales.

La Ley N° 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, contiene el andamiaje para combatir la violencia machista. Sin embargo, cada año crece el número de mujeres asesinadas. En este año, desde el 1ero de enero hasta el 17 de noviembre, según el Registro Nacional de Femicidios, la cifra ha ascendido a 254. Decimos ¡Basta de femicidios! Y decimos basta a todas las violencias cotidianas que nos matan lentamente.

3. Entendemos que la violencia hacia las mujeres merece respuestas integrales, que implican numerosos actores del Estado y que, entre ellos, la Comisaría de la Mujer y la Familia suele ser el primer eslabón. Por ello, volvemos a reclamar por la incorporación de una médica legista al equipo de dicha Comisaría. Asimismo, consideramos necesario articular espacios de formación con perspectiva de género y acompañamiento para las y los agentes que se desempeñan en esta institución.

Exigimos que en la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual se gestionen los medios necesarios para dotarla de recursos humanos y materiales, acordes con la problemática que debe atender, para poder realizar un abordaje integral a las mujeres en situación de violencia.

Reiteramos la necesidad de que se cree una Comisión de Género en el ámbito del Honorable Concejo Deliberante. En los últimos años, desde diferentes organizaciones de mujeres, hemos participado de la presentación y/o consulta de proyectos de ordenanza vinculados a los derechos de las mujeres; y la ausencia de esta Comisión ha dificultado un diálogo ágil y entendimiento efectivo de nuestros planteos. Reclamamos se discuta en el recinto el proyecto de Emergencia Pública en Materia Social por Violencia de Género de nuestra ciudad, que desde junio de 2015 sigue en comisión y nunca se eleva al recinto.

Celebramos la creación de la Mesa Contra la Violencia, que fue un reclamo histórico del movimiento de mujeres, pero exigimos su institucionalización; así como también la participación de aquellas dependencias municipales que trabajan en la temática, como la Secretaría de Protección Ciudadana.

4. Volvemos a reclamar por el derecho al aborto como el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, sin injerencias de ningún credo o religión. ¡Por un Estado laico!

Exigimos la institucionalización de las Consejerías en Salud Sexual que funcionaban desde enero de este año en el ámbito del Sistema Integrado de Salud, que fueron suspendidas. Reclamamos a las autoridades del mismo el respaldo para garantizar la continuidad de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en el ámbito del Hospital Municipal Ramón Santamarina (HMRS) y los centros de salud, así como el suministro de Misoprostol.

Exigimos, con carácter de urgente, la incorporación de médicas y médicos no objetores de conciencia en el Servicio de Toco-ginecología del HMRS, como lo venimos reclamando desde hace más de cinco años.

El acceso a la salud es nuestro derecho. Reclamamos la continuidad del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, y la garantía de suministro de métodos y elementos anticonceptivos, tratamientos de VIH/Sida, y el suministro permanente de preservativos de calidad, para vivir nuestra sexualidad de manera libre y segura.

Volvemos a gritar ¡Educación sexual para decidir! ¡Anticonceptivos para no abortar! ¡Aborto legal, seguro y gratuito para no morir!

Necesitamos la reglamentación de acceder y asistan, y seguimos reclamando el patrocinio jurídico gratuito para mujeres en situación de violencia.

Exigimos JUSTICIA POR AILÍN y pedimos políticas públicas de prevención e información de parte del Estado, en sus tres niveles.

Finalmente, volvemos a manifestarnos contra el achicamiento del Estado, que golpea nuestra capacidad de decir ¡Basta!, recorta nuestra autonomía, nos deja más vulnerables frente a las violencias. Porque detrás del aumento de la violencia machista, hay una trama económica que nos expone a la pérdida de trabajo, la precarización laboral y la pobreza.

Estamos convencidas que la lucha es por derribar creencias y prácticas sociales que sustentan a la violencia machista. Estamos convencidas que el Estado es responsable por nuestras vidas.

¡Vivas nos queremos! ¡El Estado es responsable!

Tandil, 25 de noviembre de 2017.