La democracia que reclaman las grandes mayorías

Un encuentro de 18 días. Más de 13 mil jóvenes. 1.100 escuelas y organizaciones políticas, sociales y culturales. Como sucede cada año, Jóvenes y Memoria se consolida como un espacio plural de participación y reflexión de las nuevas generaciones que entienden la democracia como la posibilidad de conquistar más derechos. “Nos encontramos en Chapa y construimos la democracia que queremos: la de abajo, la justa, la que nos escucha, la que toma los problemas. Transformamos el caos que nos proponen en un mundo nuevo”, dijeron los jóvenes en el último manifiesto leído en el cierre del programa de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

Los jóvenes de General Lavalle que escribieron la ordenanza para señalizar un nuevo sitio de memoria; los amigos de un pibe asesinado en otro caso de gatillo fácil; un sobreviviente de la Masacre del Pabellón Séptimo; una mamá que busca desde hace casi cuatro meses a su hija, víctima de una red de trata; dos mamás que hace ocho meses reclaman justicia por sus hijos masacrados en la comisaría 1ª de Pergamino. Todas estas historias fueron contadas en Chapadmalal durante el XVI Encuentro de Cierre de Jóvenes y Memoria.

Otras historias sobre dictadura y los desaparecidos, sus hijos y la lucha por la restitución de la identidad de los niños secuestrados, guerra de Malvinas, violencia institucional, ambiente digno, trabajo, militancia estudiantil, represión a la protesta social, discriminación y violencia de género, también fueron parte de esa gran agenda de deudas y desafíos de la democracia actual que las nuevas generaciones construyen desde los barrios, escuelas y localidades de la provincia. En su conjunto, estas investigaciones marcan un camino y definen un programa político en materia de derechos humanos que debería ser escuchado por los funcionarios públicos.

“El poder siempre quiere disciplinar a los que luchan para callar sus reclamos, pero acá estamos, seguimos luchando, y ustedes con sus trabajos demuestran que ellos nunca van a poder callarnos, que no van a impedir que contemos nuestra historia”, señaló el presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, Víctor Mendibil, frente a uno de los tantos auditorios llenos.

Durante estos 18 días, más de 13 mil jóvenes y 2.500 docentes y coordinadores pasaron por Chapadmalal. Fueron 1.100 escuelas y organizaciones políticas, sociales y culturales de toda la provincia de Buenos Aires, equipos de CABA y Rosario (donde el programa lleva algunos años de desarrollo), y otra escuela de Viedma (Río Negro) que quiere empezar a desandar el mismo camino. Los números de un encuentro que año a año convoca a más personas, es un reconocimiento al valor político y pedagógico del programa y a la referencia de la Comisión Provincial por la Memoria como organismo para la promoción y defensa de los derechos humanos.

“La Comisión es un espacio de debate e inclusión, y eso queda de manifiesto acá, en este programa que nos pone a pensar los derechos humanos desde la práctica, pensando en el otro, problematizando desde nuestra ciudad. Jóvenes y Memoria es más que un proyecto”, dijo Florencia, docente de Chascomús. “Creo que el programa potencia la actividad nuestra como docentes que hacemos pedagogía desde la libertad e igualdad y reconociendo el compromiso de los jóvenes con su propia realidad”, agregó Cintia, coordinadora de uno de los equipos que llegó de General Perón.

En un momento de regresividad en materia de políticas públicas y de discursos que estigmatizan a los jóvenes, el Programa es un territorio conquistado por las nuevas generaciones para seguir luchando por los derechos humanos y disputando los sentidos de la democracia. “Necesitamos un Estado que tenga que ampliarse para garantizar más derechos porque la democracia es más derechos y nosotros estamos construyéndola con nuestros deseos, poniendo el cuerpo y la solidaridad; nos vamos de acá con la certeza de que hay otro mundo posible, otra forma de ser con el otro”, sostuvo Sandra Raggio durante el cierre del XVI encuentro en Chapadmalal.

“¿Qué nos queda a los jóvenes hoy? ¿La pobreza? ¿La indiferencia? ¿El miedo? ¿Resignarnos a un Estado ausente?”, se preguntaba uno de los manifiestos y las voces de los pibes respondían: “Nos queda el corazón, la rebeldía. Nos activa ser libres para pensar, para ponerse en el lugar del otro, para luchar por nuestros derechos«.

Territorio, memoria, acción, intervención, compromiso y transformación fueron otras de las palabras que aparecieron en los nueve manifiestos construidos por los jóvenes en estos 18 días. Palabras que buscaban respuesta a una pregunta: ¿qué es activar? “Nosotros nos activamos porque sentimos, porque ya no podemos seguir viviendo con injusticias, represión, con machismo, con desaparecidos en democracia, con el poder de un sector que nos explota”, decía uno de los primeros manifiestos.

Otro año más, los miles de jóvenes que reúne el programa de la Comisión Provincial por la Memoria dan muestra de su protagonismo en la historia, de su militancia por los derechos humanos, de sus sueños y voluntades por transformar el presente en un futuro más igualitario y justo. Nos vemos el año que viene.

16 años después del primer encuentro en Chapadmalal, Jóvenes y Memoria se consolida como una política pública en materia de educación y derechos humanos, una política pública indispensable para seguir haciendo la historia y construyendo un presente más justo e igualitario. Durante todos estos años, el programa Jóvenes y Memoria ha sido acompañado de múltiples maneras por los diferentes gobiernos provinciales y nacionales. Este año, esa persistencia del trabajo que realizan docentes y jóvenes con compromiso y convicción consiguió que el gobierno provincial financiara el traslado de los contingentes que participan del encuentro, a través de la Secretaría de Derechos Humanos.

Las historias que emergen del pasado

Desde la creación por ley de un sitio de memoria en el ex Pozo de Quilmes, la Comisión Provincial por la Memoria, junto con el resto de las organizaciones que integran el consejo de gestión del espacio, se fijó dos objetivos: por un lado, abrir el lugar a la comunidad; por el otro, avanzar en la conservación del edificio y la reconstrucción de las historias del ex centro clandestino de detención. Muchos de los jóvenes quilmeños que participan del XVI encuentro en Chapadmalal conocieron el sitio y con sus investigaciones permitieron la emergencia de nuevos testimonios y relatos.

Pedro y Rosita fueron apropiados durante el terrorismo de Estado: Pedro recuperó su identidad, Rosita todavía no. Silvia Valenzi fue secuestra cuando llevaba cuatro meses de embarazo; estuvo primero en el Pozo de Banfield y después en Quilmes. “Tuvo el parto por guardia en el hospital de Quilmes, borraron el acta de nacimiento y la bebé fue apropiada y no se supo más nada”, relatan los chicos y chicas del Colectivo de a pie, que integra a su vez el Colectivo Quilmes, memoria, verdad y justicia, una de las organizaciones del actual consejo del sitio.

El caso de Rosa es una muestra de la metodología de apropiación: luego del parto, fue adulterado para agregar que la bebe falleció; la familia supo la verdadera historia por el testimonio de la enfermera y la partera que fueron finalmente secuestradas por los mismos genocidas. Aunque la mayoría de la sociedad de Quilmes no sabe dónde está el Pozo de Quilmes, su recuperación hará más fácil reconstruir la historia, y así lograr que aparezcan otros testimonios.

El caso de Pedro es distinto. En 2004, recuperó su verdadera identidad. Hilda García fue secuestrada junto a Pedro el 5 de marzo de 1976 frente a la Brigada de Investigaciones de Quilmes, sede de la Policía Bonaerense donde funcionó el CCD y que, todavía, ocupa en parte. “Después de secuestrarla se apropian del bebé y se lo entregan en adopción a una pareja joven. Primero le dijeron que había sido abandonado, después que la mamá murió; eran dos historias distintas, vivió en esa incertidumbre”, cuentan los jóvenes de la Escuela Secundaria 40 de Quilmes.

Pedro fue inscripto como hijo propio por el policía Luis Ferian, quien prestaba servicios en la Brigada. Recién en 2004, Pedro pudo reencontrarse con su padre y su hermano mayor. Hilda continúa desaparecida.

Las luchas populares que conquistan derechos

‘Cartoneros en plan de lucha contra la restricción’ dice un título de la prensa gráfica del 1° de agosto de 2014. Algo más de tres años después, los protagonistas de esa movilización se presentan en el XVI encuentro de Jóvenes y Memoria: “Gracias a esa lucha, hoy el barrio Villa caracol mejoró mucho: las familias tienen su casa propia, casas de materiales, no vivimos mas en un piso de tierra”, cuenta Juan, cartonero de oficio e integrante del movimiento El Grito.

Juan es uno de los más de 90 trabajadores de la ecoplanta en General Cerri. La historia que condujo a estos conflictos empezó, efectivamente, en 2014 a raíz de una ordenanza del municipio de Bahía Blanca que prohibió el ingreso de carros tirados a caballos al casco urbano de la ciudad. “Muchísimas familias quedaron sin comer. Empezamos con ollas populares y marchas, la primera llegamos a cortar las calles del centro con nuestros carros; la segunda, ya estaba la policía esperándonos con escopeta para impedirnos el paso pero pasamos igual”, recuerda Juan.

Después de meses de conflicto, los trabajadores y el Municipio llegaron a un acuerdo para que los cartoneros ocupen los puestos de trabajo en la planta recicladora. No hay derechos que no hayan sido conquistados por las luchas populares, los cartoneros de Villa Caracol lo saben.

Frente a un sistema de producción que busca maximizar ganancias a costa de los trabajadores y que, ante la mínima baja en la rentabilidad, elige cerrar las persianas y dejar a personas en la calle, la organización para la recuperación de fábricas viene demostrando desde hace años que otros modelos de producción, colectivos y solidarias, son posibles. El caso de Acoplados del Oeste es un ejemplo muy representativo, tanto por la organización de los trabajadores como por las innumerables complicidades político, empresarias y judiciales que atentan contra estos proyectos productivos.

“Los dueños —la familia Petinari— presentan quiebra y cierran, no pagaron ni siquiera las indemnizaciones. Entonces, decidieron empezar a trabajarla ello y comenzaron los procedimientos legales para conformar la cooperativa: se aprobó incluso la ley de expropiación pero fue vetada por la gobernadora”, resumen la historia Abigail y Brenda, integrantes del grupo de la Escuela Media 2 de Mariano Acosta. El veto por parte del poder ejecutivo fue la antesala al violento desalojo ocurrida en marzo y donde participaron más de 500 efectivos de seguridad.

Desde entonces, los trabajadores se encuentran acampando frente a la fábrica para no perder las maquinarias. “Son 120 familias con más de 20 años de trabajo; en estos 7 meses de lucha, fueron reprimidos en más de una oportunidad, con policías cuidando la entrada. También allanaron sus domicilios”, agregan las chicas de Mariano Acosta.

Mientras se mantiene esa lucha por recuperar las máquinas que ellos emplearon cuando los dueños quisieron dejarlas abandonada, la Municipalidad de Merlo les otorgó un galpón para que puedan continuar con la producción.

Las violencias del sistema de la crueldad: “Esto es real”

Los monoblock y pasillos de Fuerte Apache pasan de fondo, mientras se escuchan las voces de chicos y chicas del barrio que cuentan historias:

En las causas, la policía agrega cosas que no hay, como cuando te agregan droga. Otra historia: Como mi tía que le pusieron un fierro y nada que ver. Una 9, merca, faso, y no nada que ver con eso. Otra: Además que le pusieron eso, le piden plata después. Le pidieron 40 lucas para que lo saquen y no lo sacan. Y otra: Además que los torturan. Le ponen paños de agua fría y le pegan con mangueras.

“La gente lo ve por la tele y todos piensan que somos delincuentes. Nos ven deportivos y piensan que somos chorros, pero no es como ellos piensan, somos gente laburadora, humilde”, dice Gabriel. Y agrega: “La policía es corrupta. Nosotros ya estamos acostumbrados, pero cansa”. “A veces, ellos se pasan, nos quieren pegar, subir al patrullero. Nos dicen: ‘Documentos, pónganse contra la pared’. Pero por qué, si somos del barrio. No tenés nada y te llevan igual”, precisa Cristian.

Cristian y Gabriel son hermanos, van juntos al programa Envión y participaron del XVI encuentro de Jóvenes y Memoria desde la Coordinación de políticas en derechos humanos de Caseros. Cristian y Gabriel dicen que querían mostrar cómo es el barrio, cómo son las cosas: “Esto es real, es lo que pasa día a día”.

Cristian y Gabriel están orgullosos de ser del Fuerte Apache y les molesta cuando hablan mal del barrio: “Tienen que entrar y ver, falta muchas cosas, falta que ayuden a los chicos, que saquen a todos los transas, que pongan comedores, colegios, jardines, salitas, hospitales adentro del barrio. Todo eso falta”.

Como viene denunciando la CPM, en su labor como mecanismo de control y monitoreo de los lugares de encierro y políticas de seguridad, las políticas de mano dura que se viene implementando desde hace años sólo han generado más violencia y más vulneración de derechos. Si bien la situación es cada vez más grave, no es nueva; desde recién recuperada la democracia hubo desapariciones forzadas, casos de gatillo fácil y violencia institucional.

“En Villa Itatí, hay muchos casos de gatillo fácil. Nosotros llegamos a relevar más de 12, pero muchos no quisieron hablar porque están amenazados por la policía para que no reclamen justicia”, dicen Natasha, Ariana, Abigail, Marcos, Franco de la Asociación Civil ETIS. Quien sí prestó su testimonio fue Nora Torres, la mamá de Víctor Balza.

Víctor murió el 9 de noviembre del 2003, con una bala de plomo alojada en su cuerpo que los médicos nunca informaron. En 14 años se realizaron tres juicios y, a pesar de tener condena, el ex oficial González goza de impunidad: “Investigamos esto porque es importante que se haga justicia. La policía no tiene derecho a matar a nadie”, agregan los jóvenes de ETIS.

“Él no salía nunca pero el día del cumple de la mamá, Víctor le pidió permiso para ir a bailar; en la puerta del baile, hubo una pelea con dos policías en la puerta del baile. Víctor y su compañero salieron corriendo por miedo y los policías lo siguieron, le dispararon.  A la mamá primero le dicen que está muerto, pero Víctor todavía estaba vivo en una salita del Don Bosco; lo va a ver y estaba consciente, hablaba, pero tenía vómitos”, reconstruyen la historia. El médico que atendió no informó ni los golpes que presentaba el cuerpo ni la bala de arma de fuego que había quedado alojada en su cuerpo; el fiscal también lo vio y, a pesar de su estado de salud, ordenó el traslado a la Comisaría 2ª de Bernal donde murió 14 horas después. La mamá se enteró camino a la departamental, cuando una voz por la radio policial pregunta si ya recogieron a la “mamá del fallecido”.

«El policía que mató a Víctor fue exonerado de la policía y enjuiciado, pero ahora está libre”, dicen los jóvenes de ETIS. También cuentan que fueron con la mamá a la Comisaría 2ª y, cuando vieron una placa con un mensaje que destaca el honor de ser policía, se preguntaron: “¿Qué honor es matar a otra persona?”

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