Denuncian que en las cárceles bonaerenses no hay comida suficiente
La Comisión Provincial por la Memoria viene denunciando ante la justicia desde hace meses que las cárceles de la provincia de Buenos Aires, y especialmente las de Sierra Chica y Barker, no tienen suficiente comida para alimentar a los internos, situación que ha llevado a la UNICEN a producir un comunicado en donde expresa su fuerte preocupación por la situación que se registra intramuros. En una situación en la que se multiplican las huelgas de hambre que hacen los internos para reclamar por la situación en la que se encuentran y exigir reformas judiciales a mediano y largo plazo.
Las protestas se han multiplicado por diversas cárceles, y aunque en un primer momento en Sierra Chica el malestar por la falta de comida quedó momentáneamente desactivado luego de que apareciera un camión de comida, de acuerdo al portal ANDigital. Empero a posteriori la medida de fuerza comenzó, al igual que en otros 10 penales de la Provincia, mientras familiares se manifestaban en las puertas de la Unidad 2. Según lo expresa en su portal, en los últimos meses, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) viene denunciando reiteradamente ante la justicia que los depósitos de las cárceles bonaerenses no tienen suficiente comida para alimentar a las personas detenidas. Las licitaciones no se cumplen por falta de pago, el hambre crece y el correlato directo son las graves afectaciones a la salud por una alimentación escasa, mala y desequilibrada.
En varias unidades penitenciarias, los detenidos comenzaron huelgas de hambre. La CPM también reclamó al Ministro de Justicia Gustavo Ferrari que tome medidas urgentes. El juzgado de ejecución de La Plata también intimó a las autoridades provinciales y penitenciarias a aprovisionar de alimentos las cárceles bajo la advertencia de sancionar económica y penalmente el incumplimiento de la resolución.
En la mayoría de las inspecciones a cárceles realizadas durante el 2019, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), mecanismo local de prevención de la tortura de la Provincia de Buenos Aires, constató que las personas privadas de la libertad padecen hambre. En los últimos meses, se agravó la falta o carencia completa de alimentos en los depósitos de las unidades penitenciarias. Situación que ya fue reconocida por funcionarios de la justicia y autoridades carcelarias.
La comida que hay es poca y de mala calidad. El resto no llega: en cada una de las cárceles inspeccionadas por la CPM confirmaron que, dentro de las licitaciones contratadas, hay faltante de alimentos que deberían ser provistos de acuerdo a ese contrato. Las empresas alegan falta de pago por parte de la Provincia.
La situación es grave y profundiza la crisis humanitaria de los lugares de encierro en la provincia de Buenos Aires. Ante la desesperante situación, las personas reclaman mediante diferentes medidas.
Como parte del trabajo de control y monitoreo que viene realizando, como Mecanismo local de prevención de la tortura de Buenos Aires recientemente designado, la CPM le envió un informe al ministro de justicia Gustavo Ferrari para que explique las razones del desabastecimiento y tome las medidas necesarias para proveer de manera urgente los alimentos previstos en las licitaciones contratadas.
El organismo también le reclamó que se garantice la provisión de dietas especiales por razones de salud, algo que prácticamente no existe en ninguna cárcel de la Provincia, agravando las condiciones clínicas de estas personas que padecen VIH, diabetes, hepatitis, entre otros padecimientos.
Según el relevamiento de las inspecciones y las denuncias reiteradas de detenidos y familiares que llegan a la CPM, se confirma que el hambre se generaliza en todas las cárceles provinciales. Hay cárceles en donde alimentos indispensables faltan desde hace meses; es muy habitual la ausencia de frutas y verduras A y B por largos periodos. La carne y pollo, que debería proveerse todas las semanas, llega pocas veces. En algunas unidades penitenciarias, no hay queso desde hace un año. Leche, huevos, aceite o yerba pueden faltar por meses.
Solo como ejemplo para ver la gravedad de la situación: en junio pasado, la CPM inspeccionó la UP 1 de Olmos: En ese momento había 2.858 personas detenidas; en el depósito de comida sólo había un pallet de arroz, cinco bolsas de lentejas, once bolsas de arvejas y 6.900 kilos de harina. Algunos cortes de carne tenían un fuerte olor nauseabundo y color amarillo.
En casi todas las inspecciones, se detecta problemas de este tipo en el stock de carne vacuna: mal refrigerada o contaminada. La carne provista es mala y poca. Al respecto, el jefe de depósito de la UP 2 de Sierra Chica reconoció que, con el abastecimiento que reciben cada vez, sólo les alcanza para cocinar con carne una vez a la semana.
En función de la mala calidad, los detenidos intentan reelaborar estas comidas que le llegan a los pabellones y celda, lavándolas y recocinándolas. Esas nuevas comidas llamadas “rancho” y lo que proveen sus familiares configuran en esencia la alimentación de las personas detenidas. Pero esto nunca está asegurado debido a la escasez de recursos económicos y/o la imposibilidad de concurrir a las visitas por parte de las familias.
Esta situación denunciada por la CPM, ha sido reconocida también por funcionarios de la justicia. En un habeas corpus, la Defensoría General de Azul señaló que en una inspección a la UP 30 de Alvear constató una grave situación de desabastecimiento: “Hay faltante de carne desde hace 6 días, tampoco hay verdura o frutas, siendo los únicos alimentos en stock fideos para una única comida, polenta y arroz, aceite y salsa de tomate”.
El testimonio de una persona detenida grafica aún más este padecimiento: “Desde hace tres días sólo como dos panes por día”. La defensoría agrega que todas las personas entrevistadas dijeron tener hambre.
En respuesta a ese mismo habeas corpus, el jefe de despacho de esa unidad informó el 18 de noviembre que en “los depósitos de la UP no cuentan con carne de ningún tipo para la elaboración de comida, ni tampoco han confirmado que día la recibirán”.
El juez de ejecución José Villafañe también confirma que esta situación se replica en el departamento judicial de La Plata. En octubre constató la “carencia, insuficiencia o bien la discontinuación en la provisión” de alimentos. La advertencia del juez no tuvo ninguna respuesta del Estado.
Durante inspecciones realizadas en noviembre a 12 unidades penitenciarias el magistrado volvió a constatar el desabastecimiento en las cárceles de La Plata, Olmos, Romero y Gorina; detectó falta de carne, pollo, queso, huevo, leche, entre otros alimentos. En una resolución de hoy, Villafañe ordenó a las autoridades del Ministerio de Justicia y el Servicio Penitenciario Bonaerense a adoptar medidas inmediatas para el aprovisionamiento indispensable de alimentos. Bajo la advertencia de imponer sanciones económicas y de denunciar penalmente el incumplimiento de la resolución.
Por otro lado la Asociación Argentina de la Justicia de Ejecución Penal expresó también en un comunicado su «consternación y sentida preocupación» porque los detenidos en cárceles bonaerenses no reciben alimentos y exhortó a todos los poderes del estado provincial y nacional a regularizar la situación.
También el Comité Nacional de Prevención de la Tortura de la República Argentina remitió comunicaciones a los poderes provinciales reclamando la resolución inmediata de la problemática.
La falta de alimentación y la mala calidad de la comida, combinada con el régimen de vida las graves condiciones de detención, constituyen una grave afectación de los derechos de las personas detenidas, cuyo consecuencia inmediata es el peligro para la salud y el agravamiento de los padecimientos ya existentes. En estas condiciones, el peligro para la vida es inminente y el hambre se constituye en tortura o malos tratos de parte del estado provincial.»
Esa situación ha sido denunciada también en un comunicado por la Asociación Argentina de la Justicia de Ejecución Penal, quienes exhortan a las autoridades a regularizar una situación que está constituyendo un trato inhumano que viola el art 18 de la Constitución Nacional:
Por su parte, y ante este panorama, la UNICEN emitió un comunicado refrendado por representantes, autoridades y comunidades educativas de las Facultades de Ciencias Sociales, Derecho, Arte al que se suman la Federación Universitaria del Centro de la Provincia de Buenos Aires, el Programa Universidad en la Cárcel, de la Secretaría de Extensión de la UNICEN, el Programa Educación en Contextos de Encierro. Facultad de Ciencias Sociales, el Programa Economía Social Solidaria y Popular y el Programa Interdisciplinario Chesida.
COMUNICADO de la UNIVERSIDAD NACIONAL del CENTRO de la PROVINCIA de BUENOS AIRES
«Habiendo tomado conocimiento de las acciones llevadas adelante por la Defensoría General de Azul (PBA) con motivo de relevar la situación alimentaria en las cárceles bonaerenses, manifestamos nuestra profunda preocupación por las condiciones de las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense, en particular aspectos que atañen a la falta de alimentos; atención a dietas por temas de salud; hacinamiento y sobrepoblación; atención de la salud de las y los detenidos entre los que se encuentran estudiantes de nuestra Universidad.
Es de conocimiento público el aumento desmesurado de la población detenida en las cárceles provinciales en los últimos dos años. Según datos de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), -Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la Provincia de Buenos Aires- para noviembre de 2019, había 47.610 personas detenidas bajo custodia del SPB, un 9% más que en noviembre de 2018.
De esas 47.610, solamente 1.969 (4%) tenían arresto domiciliario con monitoreo electrónico. El resto detenidas en cárceles y alcaidías. Según el cálculo de la CPM, eso significa un 119% de sobrepoblación.
La CPM señala además que constató que las personas privadas de la libertad padecen hambre, esta situación ha sido reconocida también por funcionarios de la justicia. La Defensoría General de Azul señaló que en diferentes unidades penales bajo su jurisdicción pudo constatar una grave situación de desabastecimiento.
Entendemos que esta situación es fruto de diferentes aristas que llevan a que en este momento las cárceles de la Provincia de Buenos Aires estén en esta situación, que es grave y profundiza la crisis humanitaria de los lugares de encierro en la provincia de Buenos Aires.
Es por ello que solicitamos a los poderes del Estado provincial y nacional a regularizar la situación y garantizar los derechos humanos de las personas detenidas tal como prescribe nuestra Constitución en su artículo Nº18 que dictamina que “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos mas allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice”.
Facultad de Ciencias Sociales UNICEN
Facultad de Derecho. UNICEN
Facultad de Arte. UNICEN
Federación Universitaria del Centro de la Provincia de Buenos Aires
Programa Universidad en la Cárcel. Secretaría de Extensión. UNICEN.
Programa Educación en Contextos de Encierro. Facultad de Ciencias Sociales UNICEN
Programa Economía Social Solidaria y Popular. Facultad de Ciencias Sociales UNICEN
Programa Interdisciplinario Chesida. Secretaría Extensión- Facultad de Ciencias Sociales UNICEN
Recordemos que recientemente, el Defensor Adjunto en Derechos Humanos y Salud de la Provincia Marcelo Honores, consideró que la población, lejos de verse protegida, se ve amenazada por la incapacidad del Estado de ejercer esta función. El sistema Penitenciario es una fuente de inseguridad ciudadana. En ese sentido, la doctrina de “amontonados y no liberados” del jefe civil de la policía provincial, el Ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, deja planteada la incógnita acerca de intenciones por las que el gobierno saliente de Vidal, no alimenta correctamente a la población carcelaria. Algunos analistas plantean que la intención es plantear un escenario hostil y violento al interior de los contextos de encierro de la provincia de Buenos Aires, altamente superpoblados, a días de la entrega del mando a un gobernador electo que claramente está comprometido con la defensa de los derechos humanos.
En ese panorama, diversos sectores expresan una profunda preocupación por la situación en la que serán entregadas las cárceles a la nueva gestión de la provincia, ya que además de las huelgas de hambre por la crítica situación alimentaria, existe una una batería de reclamos que esperan al gobernador entrante, Axel Kicillof. Son los pedidos crónicos durante la gestión de la saliente mandataria María Eugenia Vidal, que no fueron satisfechos en tanto no ocupaban un lugar primordial en su agenda: arrestos domiciliarios para procesados o condenados sin sentencia firme, y mejores condiciones de alojamiento para terminar con el actual estado de hacinamiento carcelario.
Actualmente todos los pabellones de máxima seguridad de la Unidad N° 2 de Sierra Chica estarían en huelga, al igual que otras cárceles de la provincia de Buenos Aires. De un modo u otro, las huelgas de hambre que realizan los internos se multiplican a lo ancho de la provincia en efecto dominó, como una manera de protestar contra una situación alimentaria crítica, alimentando una olla a presión que corre peligro de estallar como una bomba de consecuencias imprevisibles.
