El Estado, un fantasma, en la búsqueda urgente
Cada 62 horas desaparece una mujer en nuestro país según la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). Esta información surge en base al relevo de las causas con mujeres niñas, adolescentes y adultas en Argentina.
por Daiana Martinefsky.
Estas investigaciones dejaron en evidencia la precariedad y poca eficacia para abordar estas problemáticas. En la segunda Guía Práctica para la búsqueda de personas editada en 2016 por el Ministerio Público Fiscal detallan que “algunos de los inconvenientes registrados dan cuenta de la falta de coordinación en los procesos de búsqueda de personas y de una segmentación de la información que se encuentra en las provincias, lo cual impide que la búsqueda se extienda a las distintas jurisdicciones con la rapidez necesaria”.
Es deber del Estado investigar las desapariciones de personas en sintonía con el deber de prevenir, investigar y sancionar el delito de trata de personas, entendiendo por tal tanto la instancia de reclutamiento, como de traslado y recepción con el objetivo de producir una relación de explotación de seres humanos (en cualquiera de sus variables). Un proceso compatible con la desaparición, alejamiento, ocultamiento de una persona respecto de su entorno familiar y personal.
Entonces, ¿qué pasa cuando desaparece una mujer? Lo mismo que con cualquier ciudadano. Se debe realizar una denuncia en la comisaría más cercana. Denuncia que debe ser tomada de inmediato, sin poner en cuestión la cantidad de tiempo que la persona lleva ausente.
Atención, existe una diferencia. Los denunciantes pueden pedir la intervención de la UFEM, la unidad fiscal especializada en violencia contra las mujeres y personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales (LGBTTI) del Ministerio Público Fiscal, creada por la Procuradora General de la Nación en 2015 para reforzar el accionar de este ministerio.
La búsqueda en el medio
La realidad siempre supera a la gestión. En la mayor parte de los casos de desapariciones, los procesos de búsqueda avanzan a fuerza de empuje de los familiares o allegados que, mediante intervenciones en redes sociales, en el barrio y la comunidad de la desaparecida, logran armar pieza a pieza los momentos previos a la desaparición, como la red de relaciones establecidas a ese momento.
La difusión de los casos de búsqueda en los medios masivos es un objetivo de visibilidad y alcance deseado para lograr el contacto positivo y favorables en los casos de desaparición de mujeres. Ahora bien, sabemos que los medios hegemónicos de comunicación distan de estar a disposición de la búsqueda, a menos que ésta aporte morbo y puntos de rating. O en el mejor de los casos, se difunden rasgos físicos de las desaparecidas y cruzan información extraoficial con el afán de llevar la delantera con la primicia. En fin, la nada misma.
Según la Guía Práctica, cuando los familiares no tienen los recursos necesarios para impulsar la búsqueda o darle notoriedad, los procesos quedan estancados. En este sentido se han enlazado redes de sororidad. Recordemos que éste es un término derivado del latín soror que significa hermana. Sororidad es entonces un término utilizado en este contexto para referirse a la hermandad entre mujeres con respecto a las cuestiones sociales de género. Y estas redes se extienden en el territorio comunitario y en el espacio digital colectivo, que rápidamente distribuyen las imágenes, los datos y la solidaridad. Sin embargo estas redes carecen de una organización que pueda verificar las fuentes, los datos, la información. Allí es cuando el hueco, dejado por la ausencia del Estado y políticas concretas, se hace tangible. Peor aún cuando son las mismísimas autoridades oficiales quienes difunden apresuradamente comunicados poco confiables.
Solo como botón de muestra de la incapacidad, o negación, de parte de los estamentos del Estado para dar pronta y segura respuestas en estos casos, sobra con pensar en los recursos ignorados o negados, a saber: la falta de presupuestos en las áreas de incumbencia, la falta de estadísticas certeras e integrales.
Tanto en Azul, Tandil como Olavarría solo se puede acceder a los datos oficiales sobre violencia de género que se recopilan en el poder judicial:
http://www.scba.gov.ar/servicios/estadisticas_vfamiliar.asp
Es decir, se contabilizan sólo aquellos casos que llegan a la etapa judicial. Se desconocen los índices de denuncias en comisarías de la mujer y la familia, se desconocen los datos del área de salud y los registros en dependencias estatales como las direcciones de desarrollo social. Menos aún contamos con un registro que vincule datos e índices de manera integral.
La sola promulgación de las leyes no asegura el alcance de sus objetivos, tampoco las dependencias instituidas ni las áreas de gestión creadas para sosegar el grito de la movilización callejera (Direcciones/secretarías municipales y provinciales de Género ante el #NiUnaMenos) .
Si los engranajes del Estado no están debidamente aceitados y coordinados pululan cual fantasmas merodeando el problema mas sin acierto ninguno. Y las redes sociales no pueden suplantarlos, no deben. Y las víctimas se amontonan y las búsquedas se olvidan, la primicia encuentra rápidamente mujer desaparecida, violentada, muerta.
