El ‘Servicio Cívico Voluntario en Valores’ no escatima en repudios
Grato sería dar la buena nueva de alguna declaración sensata de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pero quedará para más adelante. Fiel a su costumbre, y en plena temporada de campaña electoral, anunció la creación de un Servicio Cívico Voluntario en Valores (SCV), un eufemismo para una suerte de servicio militar, a cargo de su fuerza socia y amiga: la Gendarmería. Podría haberse tratado de una cortina de humo más a las que nos tiene mal acostumbrados, pero el anuncio tomó un viso de gravedad cuando salió publicado en el Boletín Oficial, como la Resolución 598/2019. Los rechazos no tardaron en llegar desde diversas instituciones y organizaciones educativas y de derechos humanos.
‘Cambiamos futuro por pasado’, por enésima vez, en lo que va de estos cuatro años. Nuevamente la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es la encargada de dar la nota. El otrora ‘servicio militar obligatorio’ vuelve con el renovado título de ‘Servicio Cívico Voluntario’, orientado a jóvenes de 16 a 20 años. Según su letra, les brindaría «oportunidades de formación” a través de “los valores democráticos y republicanos, que suponen compromiso cívico para que conozcan sus derechos y sus responsabilidades, sus capacidades y potencialidades personales«.
El Ministerio de Seguridad, encargado de diseñarlo, señaló que este programa estará a cargo de la Gendarmería Nacional (“la institución más valorada, mucho más que la educación pública”, como declaró polémicamente Bullrich), que dispondrá su infraestructura y recursos humanos, por ser esa fuerza la que “viene desarrollando importantes iniciativas de cooperación con la comunidad”, según esa cartera nacional. Suponemos que entre esas iniciativas de cooperación no incluyen la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, en agosto de 2017, ni el peritaje de dudosa seriedad aportado al caso del suicidio del ex fiscal Natalio Alberto Nisman, ni otros cientos de accionares regidos por la violencia. Se realizarán ‘experiencias piloto’, hasta el 31 de diciembre, en establecimientos militares tales como el Comando de Región I ‘Campo de Mayo’, en donde funcionó un centro clandestino de detención durante la dictadura cívico-empresarial-eclesiástico-militar. Dato que para sus impulsores signifique… apenas un mero detalle.
Declaran en el texto del programa que el compromiso con los jóvenes reside en “trabajar por una Argentina sin narcotráfico, donde el resguardo de la vida y la libertad de quienes podrían encontrarse en situación de vulnerabilidad social sea prioritario”. El ‘Servicio Cívico Voluntario en Valores’ tendría por objetivos fortalecer los valores democráticos y republicanos; ofrecer talleres para adquirir destrezas y habilidades; fomentar la inclusión, educación, superación y liderazgo en búsqueda de la cohesión social; brindar herramientas que permitan la futura elección profesional; generar el sentido de responsabilidad entre los voluntarios en relación con sus deberes cívicos; y fomentar el desarrollo de distintas capacidades que los fortalecerán para la autonomía y madurez integral.
LAS ESCUELAS NACIONALES DE LA UNICEN TENÍAN ALGO PARA DECIR
En el perfil de Facebook, quienes integran el equipo pedagógico de la Escuela Nacional ‘Ernesto Sábato’, de Tandil, consideran que este SCV “no presenta ninguna alternativa formativa para los jóvenes no escolarizados, ni es competencia de dicho Ministerio intervenir en este asunto”. En ese sentido, subrayan que “desde el Estado, y precisamente desde los ministerios de Educación, es desde donde debe promoverse la escolarización de la juventud, cumpliendo con lo establecido por ley respecto a la obligatoriedad de la educación en la República Argentina: son los docentes y no los miembros de las fuerzas de seguridad, quienes deben encargarse de la formación de los ciudadanos”. Para quienes pertenecen a la ENES, “resulta muy llamativo que las instituciones educativas, en pleno Siglo XXI, tengan que seguir luchando por estas cuestiones. Sin duda, la descalificación permanente de las normas y la pérdida de derechos es una constante en los últimos tiempos, lo que da cuenta de un total desinterés por la educación en nuestro país”.
Por su parte, desde la Escuela Nacional ‘Adolfo Pérez Esquivel’, de Olavarría, también manifestaron su preocupación y repudio por esta resolución: “Nuestro país tiene un sistema público de enseñanza vigente enmarcado en una Ley de Educación Nacional y un grupo importante de ciudadanos dispuestos a acompañar desde las prácticas lo que dicha ley enuncia. Nuestras escuelas forman en valores, apuestan a los jóvenes, reconocen que desde los 16 a los 20 años no solo se aprenden campos disciplinares, se vive, se sueña, se lucha por un presente y futuro mejor y más justo”. Por ello, se preguntaron “por qué no seguir apostando a sostener y mejorar las políticas públicas que ya tenemos”. En redes sociales, la ENAPE compartió lo analizado al respecto por el Servicio de Paz y Justicia, centro de la labor de Pérez Esquivel, que expresó: “Las pibas y pibes no necesitan ingresar a las fuerzas de seguridad para aprender valores. El respeto es un valor esencial, y este Estado no les respeta, los criminaliza y empobrece cada día más. Más escuelas. Más salud. Más derechos, es lo que necesitan”.
SUTEBA TAMBIÉN RECHAZA ENÉRGICAMENTE
Desde el área de Derechos Humanos de SUTEBA, así como al SCVV, también el rechazo implica a la política que lo sustenta. Para las y los trabajadores de la Educación, la resolución 598/2019 del Ministerio de Seguridad es “otra de las tantas embestidas al derecho a la educación secundaria obligatoria de nuestrxs jóvenes, que este gobierno ha desfinanciado y se empeña en desacreditar cada día. Genera un imaginario social de una escuela vacía de sentido, que puede ser reemplazada por instituciones militarizadas”.
Asimismo, pusieron el acento en el hecho de que a la Gendarmería “no le concierne ninguna acción formativa, menos aún en el marco de una política de ‘seguridad’ sostenida por el gobierno nacional y provincial, que promueve la mano dura, el gatillo fácil, que persigue y estigmatiza a jóvenes y trabajadorxs, y a la que le seguimos exigiendo justicia por la desaparición forzosa seguida de muerte de Santiago Maldonado y el asesinato a mansalva de Rafael Nahuel”.
Desde Suteba recalcan, una vez más, que “el lugar de los chicxs es la escuela: éste es el ámbito natural de construcción de valores, como lo son también las comunidades, las familias, las organizaciones, los barrios”; y que no admiten que estas políticas “sigan desarrollándose y naturalizándose, en desmedro de la educación pública. Repudiamos y rechazamos todo intento de dejar en manos de las llamadas ‘fuerzas de seguridad’ la formación ‘ética y en valores’ de nuestros jóvenes”.
MÁS DE 700 FIRMAS EN HUMANAS Y EL REPUDIO A PUGLIESE
En el acto de presentación del polémico programa, la presencia de Juan Carlos Pugliese inmediatamente al lado de la ministra Bullrich despertó la indignación y la preocupación de quienes integran la comunidad académica de la Facultad de Ciencias Humanas de la Unicen. Pugliese fue rector de la Universidad Nacional del Centro, secretario de Políticas Universitarias, rector del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, y hoy devenido subsecretario de Formación y Carrera del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Minutos después del acto de lanzamiento del ‘Servicio Cívico Voluntario en Valores’, desde la Facultad de Ciencias Humanas de la Unicen se lanzaron a difundir un repudio de esa iniciativa “destinada a jóvenes en situación de vulnerabilidad para que los forme la Gendarmería Nacional”. En esa resolución, “el Ministerio de Seguridad y su titular, Patricia Bullrich, vuelven a la carga ampliando los alcances de la seguridad interior, con la propuesta de formar a los jóvenes que ni estudian ni trabajan, en valores democráticos y republicanos. No vamos a entrar en disquisiciones teóricas sobre lo que es la educación en valores, porque con sólo leer las proclamas pedagógicas de todas las Dictaduras, nos quedaría claro”. También apuntaron que “la fragilidad de nuestras democracias se evidencia en los múltiples intentos de recortar derechos adquiridos, de limitar las libertades públicas, y de reprimir cualquier lucha social”. No casualmente, “en esos trágicos acontecimientos, la Gendarmería ha tenido un rol siniestro”.
Mientras tanto, el Ministerio de Educación y su titular, Alejandro Finocchiaro, “responsable del desfinanciamiento y de desactivar todas las políticas socioeducativas destinadas a la inclusión social, apoya el proyecto, reconociendo que la educación ha fracasado”. Agregaron que “pretender que la Gendarmería se haga cargo de la educación de jóvenes en situación de vulnerabilidad es un paso más, especialmente repudiable, en el retorno a épocas trágicas de nuestra historia reciente, que este gobierno, no ha dejado de intentar”. La denuncia de la FCH, que cosechó más de 700 firmas, se cerró con el hecho de que “la presencia del doctor Juan Carlos Pugliese, quien fuera docente de esta casa, al lado de la ministra Bullrich, nos obliga doblemente a manifestar nuestro repudio”.
DE LOS VERDADEROS MOTORES DE MOVILIDAD SOCIAL
La Comisión Directiva de ADUNCe, que desde fines del 2018 pertenece a CONADU, compartió en redes el comunicado de una de las asociaciones que nuclea a las y los docentes universitarios del país. En su rechazo a la Resolución 598/2019, indican que se trata de “un modo de militarización de jóvenes en edad de cursar el último año de la escuela media, o los primeros años de la Universidad, quitándolxs del ámbito del Ministerio de Educación y poniéndolxs a cargo del Ministerio de Seguridad”. También recalcan que este planteo “recuerda al servicio militar obligatorio, eliminado en 1995 luego de que integrantes de las Fuerzas Armadas asesinaran al conscripto Carrasco”.
Desde CONADU, la solución para estimular ‘oportunidades de formación’ reside en “aumentar y ampliar el sistema de becas ProGreSar, pensado para estimular que jóvenes puedan finalizar su educación media y superior, culminando su ciclo educativo e incentivando así el acceso a carreras profesionales y empleo de calidad, verdaderos motores de movilidad social”. En ese sentido, remarcan que “no son las fuerzas de seguridad quienes deben estar a cargo de nuestros jóvenes, sino la educación pública en todos sus niveles para que puedan tener perspectivas de un futuro más digno”.
AL SERVICIO CÍVICO DE LA VIOLACIÓN DE NORMAS
El Equipo de Acompañamiento a víctimas, testigos y querellantes en juicios de lesa humanidad comparte con la comunidad tandilense este profundo rechazo a la creación del SCVV, expedido por el Ministerio de Seguridad el 15 de julio, para jóvenes de 16 a 20 años, en situación de vulnerabilidad. La consideran violatoria de normas nacionales e internacionales a las que el Estado argentino adhirió (como la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Ley de Protección Integral de los Niños, Niñas y adolescentes n° 26.061). El repudio también se centra en el hecho de que no ha sido tratada en el Congreso Nacional.
Desde este Equipo, enmarcado en la política de memoria y derechos humanos, insisten en que, “al tratarse de sujetos de Derecho en edad escolar, el Estado Nacional tiene la obligación de velar por su educación, salud y desarrollo Integral a través de los organismos competentes y preexistentes, pero contrariamente intenta hacerlo a través de Gendarmería Nacional y el Ministerio de Seguridad”. Consideran que con el Servicio Cívico Voluntario y lo planteado en “sus escuetos encubiertos fundamentos”, no se trata de implementar ninguna oportunidad “para el desarrollo de potencialidades en los jóvenes con derechos vulnerados, sino que se intenta instruir en un riguroso control y disciplinamiento de carácter militar sobre este sector poblacional”.
Por todas estas razones, se repudia la militarización de la juventud; el avance del Ministerio de Seguridad sobre el rol de la escuela pública y el Ministerio de Educación; y cualquier medida que atente sobre los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes.
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