Inquilinos tandileros y un Estado que no defiende ni regula

Casi rememorando aquella ocasión del Cabildo Abierto, el pueblo quiso saber nuevamente de qué se trataba. Patria Grande realizó en todo el mes de abril y buena parte de este mayo la primera encuesta sobre inquilinas e inquilinos en Tandil, y este jueves 22 dieron a conocer los resultados arrojados. Alrededor de 1300 personas aportaron un rato de su tiempo para contestar, y de ese total, un 65% fueron mujeres. Una encuesta para contestar y replicar en la región.

Fue en el marco de la campaña Por un Alquiler Justo. Ya a fines de febrero último, Juan Arrizabalaga, integrante de Patria Grande, había manifestado que «la mitad del sueldo se va en alquiler«, al conocerse en aquel entonces los resultados de la Primera Encuesta Nacional de Inquilinos, impulsada por la Federación de Inquilinos Nacional. Resultados que ya eran alarmantes a la hora de indagar sobre la situación de las personas que alquilan en el país. Con este empujón, en Tandil se animaron a realizar la encuesta local, en la web.

Según los datos obtenidos en esta versión local, presentados en conferencia de prensa por Arrizabalaga y Gisela Giamberardino (docente de la Facultad de Ciencias Humanas de la Unicen e integrante de Patria Grande Tandil), el 36% de los encuestados indicó que una de sus principales preocupaciones es el precio del alquiler, otros “los dos o tres meses de garantía”, así como el 41% señaló a las condiciones de ingreso como un problema al momento de alquilar.

Respondieron a la encuesta un 69,4% de personas de entre 20 y 35 años, señal de que se trata de una problemática que afecta a sectores jóvenes de la ciudad. Un 25,2% de las respuestas llegó de personas de entre 35 y 50 años, lo que habla de la dificultad en el acceso a una vivienda propia en muchos tramos de vida. Asimismo, el 66% sufrió algún problema, ya sea por discriminación a la hora de otorgársele el alquiler (por tener niños, mascotas, pareja e, incluso, por movilidad reducida), o en la no devolución de los depósitos en garantía.

En torno al tiempo de alquiler, el 62,9% de quienes respondieron voluntariamente alquila hace más de cinco años, y el 16% hace más de tres. En cuanto a lo que representa la suma del alquiler mensual en relación a sus ingresos, el 54% señaló que les representa entre el 20 y el 40 por ciento del salario, y para el 39% más del 40. En ese sentido, el 93% que no hay control del Estado para hacer cumplir efectivamente el marco legal que regula la actividad inmobiliaria. Para el 85,9%, el Estado en todos sus niveles no tiene políticas para defender al sector ni para regular el mercado inmobiliario (tanto sobre lo que piden las inmobiliarias como quienes alquilan de manera particular). Mientras tanto, el 67% de las y los inquilinos que respondieron, no conoce sus derechos.

En diálogo con Miradas del Centro, Arrizabalaga subrayó que la realización de esta encuesta permitió “poner nuevamente en el centro de la agenda pública, mediática, política, y también institucional esta problemática de quienes alquilan en la ciudad”. Ya se reunieron con dirigentes del oficialismo, del Ejecutivo, del Concejo Deliberante, y se les presentó este informe, y lograron el compromiso de que, “en unos meses, estemos discutiendo ordenanzas concretas que hagan a la creación de instrumentos para facilitar la situación de inquilinos e inquilinas. Es un pasito de avance y de presión, en el buen sentido, para demostrar que en un año no electoral, sí se pueden tomar decisiones trascendentes, para que se trabajen propuestas que aporten a la resolución”.

Gisela Giamberardino y Juan Arrizabalaga, junto a concejales del oficialismo (Marcela Vairo y Mario Civalleri), presentándoles el informe con los resultados de la encuesta. Foto: gentileza Juan Arrizabalaga.

La encuesta motoriza la necesidad de impulsar propuestas, tanto a nivel local como nacional, instancia ésta en la que se está insistiendo con la nueva Ley de Alquileres, que tiene media sanción en el Senado y que aún adeuda el tratamiento en Diputados. “A nivel local, queremos que se continúe con lo que se estaba discutiendo con el Municipio: lograr, de mínima, dos o tres herramientas que, al menos, alivianen y mejoren la situación de quienes alquilan”. Una de esas herramientas, sostiene Arrizabalaga, se relaciona con la creación de una suerte de Defensoría de Inquilinos o de alguna oficina, para recibir exclusivamente a quienes se encuentran inmersos en esta problemática. El otro instrumento para alivianar sería crear un Banco Municipal de Garantías “para que todos los vecinos que tengan dificultades para acceder a una garantía propietaria, puedan utilizarlo”. Así se suprimirían dos de los cuatro elementos que se necesitan para ingresar en un contrato: mes de adelanto, mes de comisión inmobiliaria, mes de depósito en garantía, y garantía propietaria.

Vale aclarar que así como la encuesta fue respondida por alrededor de 1300 personas, a lo qu sus promotores consideran un número “de alguna manera representativo de la cantidad de inquilinos en la ciudad”, no deja de ser una estimación: aún no existen datos oficiales. Lo más cercano a ello es un estimativo calculado por el Colegio de Martilleros, ya que realizan más de mil contratos anuales, pero “puede haber entre 10 mil y 15 mil hogares en situación de alquiler, desde alquileres individuales hasta familias”.

En la conferencia de prensa, Giamberardino remarcó que “más del 60% de los encuestados es mujer y esto tiene que ver con arreglos familiares y con el hecho de que somos las que tenemos que encargarnos también de conseguir un lugar adecuado donde pasar nuestra vida cotidiana”. Temática que se entrelaza con la ‘feminización de la pobreza’: “es más alto el porcentaje de mujeres que trabajan en negro o que tienen dos o tres trabajos más pequeños, y en eso se evidencia la dificultad que tenemos también para demostrar ingresos”, denunció.

Por todas estas razones, y ya teniendo como base este informe de la situación, Arrizabalaga volvió sobre lo necesario y urgente de que “el Estado tenga políticas públicas para el sector, que ya se están discutiendo. Hay una serie de problemas y es muy importante tratarlo hoy, porque estamos en una situación económica y financiera del país muy grave. Y si sumamos un mercado totalmente desregulado, dolarizado y que multiplica continuamente su valor, los inquilinos nos vemos en riesgo”.

Al finalizar, consultado sobre la existencia de experiencias del estilo en la región centro del territorio bonaerense, Arrizabalaga contestó: “Es una de las primeras experiencias de la región. Y ojalá podamos, en el marco de la Federación Nacional de Inquilinos y de lo que se viene luchando, multiplicarla al interior de la provincia de Buenos Aires”.