La delgada línea verde

Gendarmería es una fuerza militar y policial que desde su creación cumplió el doble objetivo de custodiar las fronteras de un Estado que se expandía con la expulsión de los pueblos originarios, y reprimir políticamente a los enemigos de las clases dominantes o de quienes estuvieran en el poder. Perfil de una institución pragmática, que post dictadura negoció gobernabilidad a cambio de recursos para convertirse en la principal fuerza militarizada de la Argentina. Nota de Camilo Ratti compartida desde el portal Al revés.

Desde su génesis, a fines del siglo XIX hasta hoy, el límite entre defensa y seguridad interior siempre fue difuso para la Gendarmería. Con formación y estructura militar, ha sido un eficaz instrumento de represión política de los sectores dominantes e incluso del primer gobierno peronista, que la utilizó para contrarrestar el poder del ejército.

Esta doble función, militar y policial, le ha permitido a Gendarmería ser la fuerza de choque para combatir a los pueblos originarios que eran expulsados de sus tierras al norte y al sur del país, reprimir al sindicalismo anarquista de principios del siglo XX, perseguir al bandolerismo social –fundamentalmente como seguridad privada de La Forestal-, masacrar a las comunidades indígenas en Napalpí en 1924 y en Rincón Bomba, en 1947, desbaratar al EGP de Massetti en Salta en 1964 y oficiar de rastreadora en la selva tucumana durante el Operativo Independencia en 1975, la prueba piloto del Terrorismo de Estado que al año siguiente se desparramaría por todo el país.

Subalterna de un ejército que hasta los años 80 la consideró una fuerza militar de segundo grado –hasta plebeya desde su composición social-, aprovechó el desprestigio de las fuerzas armadas post dictadura para iniciar una profunda reconversión institucional, que hoy la posiciona como la principal fuerza de seguridad militarizada de Argentina, con capacidad para combatir al narcotráfico, custodiar las fronteras o reprimir la protesta social, principal objetivo del gobierno de Cambiemos.

“Gendarmería surge para reprimir el anarquismo y el bandolerismo social, pero la violencia ejercida hacia los pueblos originarios es de algún modo su contrato fundacional”, cuenta a este portal Diego Escolar, autor del libro “Gendarmería, los límites de la obediencia”.

En ese trabajo, publicado este año, el antropólogo traza un recorrido histórico de una fuerza que aprovechó la hibridez de sus funciones para convertirse desde su creación como fuerza nacional, en 1938, en la principal herramienta represiva del poder político, desde Menem hasta hoy.

Gendarmería protagonizó dos grandes masacres indígenas, una de ellas contra el pueblo Pilagá, en 1947.

En la década del 90 se la utilizó para enfrentar al movimiento piquetero, con la primera Alianza para contener una crisis que terminaría en estallido, en el segundo gobierno de CFK para desbaratar las mafias policiales y contrarrestar el autogobierno policial –fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires-, y con Macri para reprimir la protesta social, con carta blanca firmada por el Presidente y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Poder y autonomía

“El poder político le fue dando mucho poder a Gendarmería, que fue ampliando sus funciones. De custodiar las fronteras pasaron a hacer seguridad urbana, pericias forenses, tareas de inteligencia, custodiar objetivos estratégicos…, esto fue aprovechado por la institución y hoy hace uso de ese poder”, advierte Escolar.

El patrullaje de los hombres de verde por Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza a partir de convenios que firma la Nación con las Provincias, es parte del paisaje urbano. Incluso en operativos que violan claramente la legislación argentina, como pasó la semana pasada en un colectivo del transporte público de la ciudad de Córdoba, donde varios gendarmes armados hasta los dientes requisaron bolsos entre los pasajeros de la línea 22.

“Gendarmería ha logrado negociar gobernabilidad con el poder político a cambio de recursos que la convierten en la fuerza de seguridad militarizada más importante de Argentina”.

Diego Escolar, antropólogo, autor del libro “Gendarmería, los límites de la obediencia”.

En una sociedad aturdida por el discurso de la inseguridad que propalan no ingenuamente los principales medios de comunicación, el control ciudadano de esta fuerza militar-policial rinde en amplios sectores de la población, que se sienten “protegidos” por su presencia callejera. Marketing que es utilizado políticamente por gobernadores y funcionarios nacionales.

Aunque la Ley de Defensa Nacional es clara a la hora de prohibir a los militares hacer seguridad interior, distintos decretos presidenciales han ido borroneado esos límites –peligrosos, temerarios en un país que sufrió el Terrorismo de Estado-, para darle cobertura legal a operativos que poco y nada han conseguido en su promocionada lucha contra el narcotráfico.

“Gendarmería sigue siendo una fuerza militar y viene siendo usada para militarizar la sociedad, de Menem a Macri, pasando por Cristina, independientemente del uso que le dio cada gobierno. Es una fuerza muy preparada, eficaz en el control del delito, que con Macri y Bullrich tiene una habilitación política muy fuerte para actuar. Se usa la imagen militar en las memorias sociales”, señala Escolar.

Carlos González Quintana, abogado de algunas comunidades mapuches que fueron reprimidas brutalmente en enero y agosto del 2017 (cuando desapareció Santiago Maldonado) remarca que a diferencia de las policías provinciales, “los gendarmes tienen una gran preparación y equipamiento, y eso les permitía hacer inteligencia cuando ingresaban a los territorios mapuches”.

Pragmatismo político

Doctor en Antropología, el investigador del Conicet pone la atención en la autonomía que ha logrado Gendarmería en los últimos 30 años: “Son muy pragmáticos y han sabido pactar y negociar gobernabilidad a cambio de recursos, que alimenta la contradicción entre seguridad y defensa. Es grave lo que pasa, porque Gendarmería viene ocupando las zonas grises de la seguridad”.

Y si bien fue durante el gobierno de CFK que se duplicaron los efectivos (de 17 mil a 34 mil) para patrullar zonas calientes del Conurbano bonaerense, había claras directivas políticas de no reprimir la protesta social. “Se buscaba disimular el repudio político de manera subterránea, ahora con Macri no hay dualidad, al contrario, se vende el discurso de la mano dura y públicamente el gobierno dice estar a favor”.

La política de mano dura tiene el apoyo político de Macri y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

¿Mito o realidad?

Históricamente despreciada por las castas militares por su origen humilde, en el imaginario colectivo suele asociarse a Gendarmería con el pueblo. Muchos de sus efectivos nacían –y nacen- en las mismas ciudades fronterizas que luego tienen que custodiar, y esa cercanía con la comunidad genera cierta empatía, o por lo menos eso se cree. “Hay un mito de que son parte del pueblo, pero no siempre es así”, aclara Escolar. “Su marca de fábrica es su capacidad represiva”.

González Quintana apunta que “para evitar la cercanía de los gendarmes con el pueblo al que tienen que reprimir, se utilizan efectivos de otras provincias en los operativos. Salvo los jefes, en la represión a los mapuches en la Patagonia los gendarmes venían de otros lugares”.

Escolar confirma esa práctica.

“Los gendarmes tienen una gran preparación y equipamiento, y eso les permitía hacer inteligencia cuando ingresaban a los territorios mapuches”.

Carlos González Quintana, abogado en la causa que investiga la represión a los mapuches en enero del 2017.

Santiago, punto de quiebre

Todo el esfuerzo que Gendarmería venía haciendo para desmarcarse de la dictadura genocida –su principal función era custodiar los campos de concentración, aunque también participaron de operativos ilegales- y mostrarse como una fuerza democrática, estalló luego del caso Santiago Maldonado, porque fue después de aquella violentisima operación en territorio mapuche que el joven estuvo 78 días desaparecido hasta que apareció flotando en el río Chubut, el 17 de octubre. De hecho, varios de sus hombres están imputados en una causa que sigue abierta.

“Ellos venían trabajando su imagen con la sociedad y el poder político, construyendo poder y prestigio, buscando diferenciarse del ejército y la represión ilegal.Incluso daban cursos de Derechos Humanos y participaban en fuerzas de paz”, cuenta Escolar, y agrega: “Lo de Santiago fue un quiebre, generó divisiones hacia adentro porque saltó a la escena pública como una fuerza represiva asociada a la dictadura. Santiago estuvo desaparecido dos meses y medio, con todo lo que eso significa en la memoria colectiva”.

La represión que terminó con la muerte de Santiago Maldonado generó un cimbronazo hacia adentro de Gendarmería.

Más allá de algunos intentos del kirchnerismo por democratizar la fuerza a través de cambios en los planes de estudio, hay una cultura institucional que lleva un siglo. “Fue ingenuo eso, y si bien existen luchas internas porque muchos no están dispuestos a dilapidar su capital político, Gendarmería siempre juega al límite, al filo de la navaja de la obediencia. En estas instituciones siguen funcionando tradiciones políticas y morales antidemocráticas. Y Macri restituyó con fuerza su mística represiva”, resalta Escolar.

No sólo Macri, en Brasil un exmilitar que reivindica la tortura llega a ser Presidente, anticipando una tragedia de dimensiones continentales.