“Para que se sepan todas esas verdades”

En el marco del juicio Monte Pelloni 2, el martes 14 de mayo finalizó la etapa de alegatos de las querellas. En primer lugar expuso el representante de la Secretaría de DDHH de la Pcia. de Bs As, y luego los representantes de la APDH. Las audiencias continuarán con los alegatos de las defensas, el próximo jueves 23 de mayo, a partir de las 11hs.

Por Leandro Lora

“Antes que nada, disculpas por el retraso” dijo el Presidente del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, al comenzar la audiencia del día. La cita había sido prevista para las 10hs, pero estaba comenzando casi una hora después. “Últimamente les pedimos disculpas todo el tiempo” agregó el Juez. Y es que los retrasos han sido toda una constante en Monte Pelloni 2. Las razones de estos contratiempos han sido diversas, probablemente la mayoría han sido de carácter administrativo y burocrático, pero también hubo contratiempos climáticos, tecnológicos, logísticos, de transporte, entre otros. Sin duda, un simbolismo difícil de pasar inadvertido, sobre todo si tenemos en cuenta que nos referirnos a un juicio que llega más de 40 años después de sucedidos los hechos. Igual no hay dudas, las víctimas saben de contratiempos, y han esperado admirablemente.

La jornada del día anterior había sido extensa, densa en información y lenguaje jurídico. El Ministerio Público Fiscal, que culminó sus alegatos, supo ganarse los elogios de todas las partes, estén de un lado o del otro de la mesa. Ahora fue el turno de las querellas, o sea, de aquellos que forman parte del juicio, sin ser el Estado. Las querellas, son aquellas personas o instituciones que consideran que han sido afectadas por los hechos que se denuncian y que pueden colaborar. Cuando el Tribunal las acepta, tienen acceso a la causa y pueden presentar prueba, acusar y exigir condena.

Bajo la presidencia del Juez Alfredo Ruiz Paz, el Tribunal dio lugar a la palabra del Dr. Manuel Marañón, en representación de la Sec. De DDHH de la Pcia. de Bs As. Además, se encontraban presentes, la fiscal María Ángeles Ramos, junto al Dr. Juan Manuel Portela. También estaban los representantes de la APDH, el Dr. Guillermo Torremare y la Dra. Mariana Catanzaro, ambos hablarían más tarde. Por su parte, por la defensa se hicieron presentes cuatro abogados: tres por la defensa oficial y el Dr. Pedro Mercado, por los abogados particulares.

“Lejos están de ser juicios del pasado”
El Dr. Manuel Marañón no es nuevo en esto. Ya conoce del tema, de la zona que se juzga y, podríamos decir, de este juicio. Su participación como querellante ya tiene un primer antecedente en la causa Monte Pelloni del 2014. En aquella oportunidad, como hoy, representó a la Secretaría de DDHH de la Pcia. de Bs As.

Marañón comenzó su alegato, aduciendo el principio de economía procesal. De esta manera se evita repetir todo lo mencionado anteriormente por el Ministerio Público Fiscal, a la vez que se adhiere a dichos planteos. Mas adelante, hizo un breve repaso por todos los casos y sus imputados, para luego, comentar las razones que motivan la presencia de la Secretaría de DDHH en este juicio. Allí señaló que Monte Pelloni 2 es un proceso trascendental y destacó que, “si el 10% de lo contado en este juicio sucediera en la actualidad, esto sería un escándalo”. Esta comparación la hizo para intentar exponer cómo, la “dimensión social pasa desapercibida”, cuando se habla de hechos ocurridos hace 40 años atrás. La intención, claro está, es que no se deje de advertir el tenor de la tragedia que estamos analizando.

“Si el 10% de lo contado en este juicio sucediera en la actualidad, esto sería un escándalo”

Uno de los aspectos que el abogado señaló, fue el que descalifica a estos juicios. Allí, dirigió sus palabras para destacar que “lejos están, estos juicios, del pasado, como pretenden quienes los boicotean. Estos juicios nos permiten construir futuro” señaló y agregó “por eso el interés de esta secretaría de estar acá”. También expresó que en este juicio se ha visto “uno a uno como se materializaron las prácticas señaladas en la causa que derivó en el Juicio a las Juntas, para describir el aparato criminal del Estado”.

“Lejos están, estos juicios, del pasado, como pretenden quienes los boicotean. Estos juicios nos permiten construir futuro”

Marañón siguió el hilo de su alegato, reconociendo ejemplos internacionales, como el que se conoció en noviembre del 2018, donde un ex guardia del Nazismo, comenzó a ser juzgado por un tribunal alemán, teniendo 94 años de edad. “Estos juicios generan molestia y perturbaciones y se quieren poner en riesgo los procesos o deslegitimarlos. Se dice que son perseguidos políticos, o que ya son ancianos” señaló al referirse a la edad de los imputados. Luego agregó “hay que distinguir un simple anciano, de un criminal añoso”.

Por otra parte, Marañón describió que la Olavarría de los años 70 era muy distinta a la Olavarría del 2020. Esto lo señaló en referencia a la dificultad de acceso que existía, en aquellos años, a los centros clandestinos de detención, pero también para comprender su composición social. En este sentido recordó que, en aquellos tiempos, tanto víctimas como victimarios se conocían, “veamos el ejemplo de Leites, era un vecino” destacó.

Esto último no es una característica menor, la libertad de las víctimas tuvo un impacto en ellas ya que, al intentar reinsertarse, su comunidad las observaba con desconfianza. Estos casos adquieren, socialmente, una dimensión mayor. Finalmente, Marañón destacó que pocas veces, en su experiencia judicial, había visto “tanto nivel de actividad de la policía”, al referirse al rol que tuvo la Policía Bonaerense en Olavarría, durante la represión de la dictadura.

Las penas y más
La solicitud de penas que realizó la Secretaría de DDHH de la Pcia. de Bs As, es exactamente igual a la del Ministerio Público Fiscal, sin embargo, Marañón agregó cuatro pedidos más: la suspensión de los beneficios previsionales para quienes sean condenados; la degradación y/o destitución en el Ministerio de defensa de la Nación y de Seguridad de la Pcia. según corresponda; la extracción de testimonios para profundizar en los delitos sexuales denunciados y, finalmente, solicitó que la sentencia se lea en la ciudad de Olavarría.

“Es verdad”

Luego de un cuarto intermedio, la audiencia retomó a las 13hs. Era el turno de la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos). Durante casi una hora y media, los abogados Guillermo Torremare y Mariana Catanzaro, esbozaron sus alegatos, con la misma estructura que lo había realizado anteriormente Marañón. Por economía procesal, adhirieron a los planteos y descripciones que realizó la fiscalía, para luego exponer, brevemente, las razones que impulsan a la APDH, a formar parte querellante en este juicio. Luego, se abocaron a sus propios planteos.

Delitos sexuales
Lo primero que hicieron los abogados de esta institución, fue reconocer a las víctimas y sus familiares, por el empeño demostrado en toda esta historia. También expresaron que les hubiera gustado que los imputados estuvieran presentes durante todo el proceso, para que “se asomen a la dimensión del drama que estamos juzgando”.

Sin embargo, uno de los puntos interesantes de este alegato, fue el vinculado a los delitos sexuales.
Poco se conoce de estos delitos en el marco de los crímenes de la última dictadura militar. Existe, para ello, una justa razón. Hablar de la sexualidad ya es un tema tabú en nuestra sociedad contemporánea, mucho más si nos trasladamos a la década del 70 y a una localidad del interior bonaerense, como Olavarría.

Pero si además entendemos lo sexual en el marco de la violencia dictatorial, nos encontramos ante aquello que no solo genera dolor físico y mental, sino también moral. Lo sabemos, hoy lo sabemos más que ayer, y muchísimo más que hace 40 años atrás. Hablamos (si es que hablamos) de agresiones que dañan profundamente la intimidad más cuidada, aquello que es reservado y entendido, por todos y todas, prácticamente como lo único que nos es exclusivamente propio. En este sentido, lo sexual, teñido de delito, es doblemente paralizante. La violencia sexual, no es una agresión cualquiera, es una agresión que ataca aquello que mantenemos como invisible en el contexto social. Si lo sexual es “invisible” socialmente, una agresión sexual, puede ser doblemente invisible. De acá se desprende que, como dijimos antes, poco conocemos de este tipo de delitos. Así lo entiende la APDH.

Guillermo Torremare fue quien inició este alegato y fue quien condujo este tema. Allí expuso que, los delitos sexuales que salieron a luz en este juicio tuvieron, sobre la mujer, una demostración de la exacerbación en el ejercicio del poder. “Durante los primeros años, este tema no fue objeto de investigación, no estaba presente, recién hace diez años que se menciona” señaló y agregó “la indiferencia hacia este tema, es impunidad”. Para la APDH, si este tema no se juzga, la justicia envía el mensaje de que “la violencia contra la mujer es tolerada”. En este apartado ingresan los delitos de desnudez obligada, abusos y violación. Ya lo había mencionado Araceli Gutiérrez, al brindar testimonio: “una cosa es que te quieran quebrar como militante, pero peor como mujer”. Para la APDH, si son responsables de la tortura quienes estaban dentro de los centros clandestinos, como quienes estaban afuera, lo mismo debería ser para los delitos de violación: “fueron violadores quienes lo hicieron, y quienes lo posibilitaron” señaló Torremare.

Delito de genocidio
Otro de los pedidos que realizó la APDH, está relacionado con la tipificación de los delitos cometidos. El pedido es explícito, “el encuadramiento de hechos que estamos juzgando, es genocidio” dijo Torremare. Para sustentar esta postura, señala que los crímenes de la dictadura buscaron la eliminación de un grupo específico, no cualquiera. “Todas las víctimas eran militantes, integraban grupos que las contenían. La mayoría eran militantes peronistas, otros eran militantes sindicales, o el caso de Alcides Félix Díaz, que era comunista” destacó el abogado.

Todos eran parte de grupos políticos “las víctimas fueron las que quisieron que fueran” expresó Torremare. La APDH, considera que todos eran activistas que se oponían al régimen militar y, en este sentido, se citó a Rafael Videla, cuando dijo en diciembre de 1977, que “es un delito grave atentar contra el estilo occidental y cristiano” y a esto se refería para justificar los ataques tanto en el plano físico, como en el de las ideas. Esto explicaría no sólo los asesinatos, torturas y desapariciones, sino también, el robo de bebés. Las ideas, no se trasladarían a esos niños, si crecían en otras familias.

Luego de explicar las razones jurídicas, por las que se considera que los delitos presentados corresponden a un genocidio, Torremare recordó que ya existen 33 sentencias que se pronunciaron en este sentido y pidió entonces al Tribunal “hacer coincidir la verdad jurídica, con la verdad histórica”.

El derecho a la verdad
Finalizada la exposición de Torremare, tomó la palabra la Dra. Mariana Catanzaro, y esbozó la explicación que justifica el pedido para que “en esta sentencia se impongan las penas más severas que contempla el ordenamiento jurídico”. Este argumento, lo sostiene a partir de considerar que, la búsqueda de la verdad como derecho, no ha contado con la colaboración de los acusados y por ello expresó que, “muy lejos han estado estos imputados de satisfacer este derecho”. Siguiendo en esta línea, Catanzaro se refirió a las formas del cumplimiento de penas. Allí recuperó la normativa que establece que “El Estado debe velar por el estado psicofísico de todas las personas privadas de la libertad” pero también, destacó que la imprescriptibilidad de estos delitos, sumado a que no están sujetos a indultos o amnistías, “da la pauta de su extrema gravedad”.

La abogada, que supo regular tonos y consistencia durante su alocución, recordó que “la ley de ejecución penal, cuando alude a la detención domiciliaria, dice que el juez podrá concederla. Dice podrá, no deberá, la norma posibilita la detención domiciliaria, pero no obliga a su otorgamiento” argumentó. En este sentido, señaló que es potestad del juez, decidir acerca de la concesión o no de tal beneficio. En este punto, Catanzaro resaltó la importancia del término “beneficio”, tanto como el término “podrá”, para luego preguntarse “¿Qué han hecho estos imputados para alcanzar este beneficio?”.

La APDH señala que la colaboración de los imputados ha sido nula, y por ende no corresponde obtener, por ejemplo, la prisión domiciliaria. En este caso no sólo repasó las nulas declaraciones de los acusados, sino también aquellos engaños que intentaron burlar el juicio aduciendo, principalmente, problemas de salud.

Las penas y más
Las penas que solicitó la APDH son, en su mayoría, apenas más severas que las realizadas por el Ministerio Público fiscal y la Secretaría de DDHH de la Pcia. de Bs As. Esto expone que se está ante la solicitud general, sin distinción de partes, de condenas altas, que se argumentan desde la gravedad de los hechos denunciados. Recordemos que estamos hablando, entre otros delitos menores, de secuestros, torturas, homicidios y violación, todo organizado desde el poder del Estado y donde, aún hoy, no se han podido recuperar los cuerpos de aquellas personas que permanecen desaparecidas.

Las penas solicitadas por la APDH son:

Eduardo Héctor Bernardou: prisión perpetua
Julio Cesar Tula: prisión perpetua
Francisco Oscar Sarmiento: 20 años
Osvaldo Miguel Guarnaccia: prisión perpetua
Horacio Rubén Leites: prisión perpetua
Carlos Alberto Muñoz: 25 años
Santiago Alberto Padilla: 25 años
Raúl Ángel Córdoba: 25 años
Román Valdecantos: 25 años
Luis Alberto Juárez: 25 años
José Clemente Forastiero: 20 años
Argentino Alberto Balquinta: prisión perpetua
Héctor Rubén Rinaldi: prisión perpetua
Roberto Manuel Fantini: prisión perpetua
Néstor Omar Vapore: 20 años
Juan Carlos Lujan: 20 años
Enrique Vázquez: 25 años

La APDH también realizó peticiones adicionales. En primer lugar, adhirió a lo solicitado por la Sec. de DDHH de la Pcia. de Bs As, a cargo del Dr. Manuel Marañón, para la suspensión de los beneficios previsionales para quienes sean condenados; por otra parte, no solo se insistió en que la condena adopte el encuadramiento jurídico bajo la figura de genocidio, sino que se solicitó que se exhorte al Congreso de la Nación, para que legisle incluyendo la figura de genocidio en el código penal argentino; finalmente, se reiteró el pedido para que la sentencia del Tribunal, se traslade a la ciudad de Olavarría.

“Queremos que la sociedad de Olavarría sepa lo que pasó”

Los últimos minutos del alegato de la APDH, en voz de la Dra. Mariana Catanzaro, esbozaron uno de los momentos más sentidos de la jornada. En pos de argumentar las razones que existen para trasladar la sentencia del Tribunal a Olavarría, Catanzaro mencionó la resolución del Concejo Deliberante Olavarriense del pasado 24 de marzo. En aquella oportunidad, el cuerpo deliberativo se pronunció, por unanimidad, adhiriendo a una sentencia en nuestra ciudad. Para ello, también recordó la experiencia del primer tramo de este juicio, ocurrida en el 2014, en la sede de la Universidad Nacional del Centro, que contó con la colaboración de la Facultad de Ciencias Sociales.

“La cuestión es relevante y trascendente” dijo la abogada, “no toda la sociedad olavarriense conoce lo que allí efectivamente pasó durante la dictadura”.

En este tramo, puso el ejemplo del imputado Walter Jorge Grosse, por su rol como interventor de Radio Olavarría en el año 76, “imagínense qué y cómo comunicaba” señaló Catanzaro. También recordó que 20 años después de recuperada la democracia, Omar Antonio Ferreyra ocupó el cargo de Director de Control Urbano Municipal, provocando que una víctima, al tener que renovar su carnet, se encontrara en la oficina con un represor. Estos ejemplos, los citó para dar cuenta de la necesidad que tuvo y tiene la sociedad olavarriense, de conocer lo que pasó durante la dictadura.

Posterior a esta mención, la abogada comenzó a recordar los distintos delitos que se están juzgando en esta oportunidad, y los fue antecediendo bajo la frase “es verdad”. De esta manera, Catanzaro fue repasando los secuestros, los exilios, los robos, la violación, los homicidios, los rechazos de hábeas corpus, los trastornos psicológicos y psiquiátricos existentes aún hoy, las últimas imágenes que tuvieron de sus padres, quienes eran apenas niños en aquella época. También recordó el abandono y posterior suicidio que sufrió Jorge Miguel Toledo, los matrimonios que tuvieron que realizarse en la cárcel para poder ver a sus parejas y las estigmatizaciones que sufrieron víctimas y familiares. “para que se sepan todas esas verdades es que dejamos, nuevamente, el pedido de que la sentencia se dicte en Olavarría” finalizó.

No ha sido poco
Las audiencias continuarán el próximo jueves 23 de mayo a las 11hs, en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. Será el turno de los alegatos de las defensas, que se anuncian extensos también. La prueba acusatoria ha sido muy minuciosa, como para pensar que los imputados puedan tener una palabra final veloz. Habrá que ver cuál es la estrategia que se postula, para evitar las condenas solicitadas.

Para fiscales y querellas, la instancia de alegatos como argumentación final que justifica el pedido de condenas, se presenta como el resultado de todo el trabajo realizado en el proceso. Es la culminación de una etapa del juicio, la última prácticamente, pero se siente también como una etapa central en la vida profesional de abogados y abogadas. En este caso, cada vez que una de las partes llegaba a su última palabra, se sentía la decantación de un momento que fue vivido con nervios, ansiedad, entusiasmo y compromiso.

La sensación de la tarea cumplida. Ramos, Portela, Marañón, Torremare y Catanzaro, han sido la voz de decenas de olavarrienses que sufrieron, en carne propia (y aún sufren), los recuerdos dolorosos del pasado y de un presente que todavía mantiene la impunidad. Han sido la voz de otros tantos miles de olavarrienses que esperan con ansias se conozca la verdad, se juzguen los delitos, se condene a los culpables. Han sido, sin duda alguna, la voz de millones de argentinos y argentinas, que también esperan ver reparada su historia, esa historia común que nos incluye e identifica.

No es para nada menor la tarea de investigar crímenes que, como se ha dicho, ofenden a toda la humanidad. Sus palabras, han sido un oasis de justicia en un desierto de impunidad, han sido un abrazo perdido, un grito más en la larga noche de silencio argentino. Y es que ahí está expresado ese cansancio, ese momento en el que expones tus conocimientos, tu formación, tus horas de trabajo a destajo, al servicio de la historia. Todos se felicitaban al terminar, como un examen que se rinde y que, a los ojos de los extraños, fue sobresaliente.

Ahí estaban también, los comentarios digitales que se fueron escribiendo en la pantalla de un pequeño celular, que transmitía las palabras finales por internet. Una forma, humilde por cierto, pero forma al fin, de acercar lo que allí estaba ocurriendo. Han sido, en definitiva, las palabras de otros ciudadanos y ciudadanas, que conocen de los derechos y obligaciones de la vida en sociedad y que han decidido formar parte de un hecho histórico soberano, que nos permite juzgar, a nosotros/as mismos/as, los delitos de nuestro propio Estado. En definitiva, han sido voz en el silencio y hoy, que ya está todo dicho, no cabe duda que no ha sido poco../ Agencia Comunica y Radio Universidad (FACSO)