Que los femicidios no nos sean indiferentes
Este martes 17, junto al Banco Rojo del paseo Jesús Mendía, tuvo lugar una manifestación para desnaturalizar la violencia de género, visibilizar y exigir justicia, ante la indignación por los cuatro femicidios ocurridos este fin de semana, en nuestro país: Vanesa Caro, en Lomas de Zamora; Cecilia Burgadt, en Santa Fe; Cielo López, en Plottier; y Navila Garay, en Chascomús. Justicia también exigida por las más de 200 mujeres y disidencias que han ido engrosando esta lista de crímenes machistas y patriarcales, productos del odio. En pleno centro olavarriense, se gritó que no ‘aparecen muertas’, sino que las asesinan; y que ‘vivas nos queremos’…
Hay quienes pretenden que los femicidios se vuelvan moneda corriente e impune. Hay quienes pretenden justificarlos e incluso medios que ponen el foco sobre la víctima y su historia, imprimiéndole culpa y responsabilidad con el mismo estilo del ‘algo habrá hecho’, como en tiempos de la última dictadura cívico-eclesiástico-militar. Pero hay gente que no: que se indigna, que se autoconvoca, no una sino dos veces.
Durante el fin de semana del 14 de septiembre, Laura ‘Cielo’ López, de 18 años, fue hallada por pescadores, descuartizada, en el río Limay, en zona de casaquintas, cerca de la localidad neuquina de Plottier. El principal sospechoso: Alfredo Emilio Escobar, mecánico de 28 años, hijo del curandero del barrio, que previamente abusó sexualmente de la joven. En una quinta ubicada en Chascomús, Néstor Garay enterró a Navila Serena Garay, de 15 años, que llevaba desaparecida cinco días, y no precisamente “a un perro”, como le manifestó al dueño de la propiedad donde fue hallada. Navila fue víctima de este personaje siniestro que reclutaba jóvenes para la trata y prostitución; dato que el vecindario manifiesta que estaba en conocimiento de la policía del lugar, y sin embargo…
En Santa Fe, María Cecilia Burgadt, de 42 años, fue asesinada a golpes por su ex pareja, Sebastián Julio Adán Maschio, de 49 años, que quedó detenido cuando lo interceptaron en el propio auto de la mujer asesinada. El sábado falleció Vanesa Evangelina Caro, de 38 años, producto de los golpes y quemaduras propinadas por Leonardo Victor Zeniquel, de 34 años (su ex marido), frente a sus hijos, en marzo último, en Lomas de Zamora.
En la noche del lunes, la convocatoria fue tan repentina, con cuanta red social hubo a mano, que no dio tiempo ni a la reacción. Hubo quienes se reunieron en cercanías de las escalinatas del palacio municipal, y ya desde ese momento, además del repudio convocante por los cuatro femicidios del fin de semana, mencionaron aspectos críticos de la actual gestión municipal para con la prevención de la violencia de género, como lo que sucede con la Mesa Local contra la Violencia Familiar y de Género, que debería ser “un instrumento en el que todas las instituciones y organizaciones puedan ir a proponer estrategias en prevención, asistencia, abordaje y tratamiento”.
La realidad le indica a las organizaciones que trabajan en estas temáticas un diagnóstico de emergencia en ‘la ciudad del trabajo’, y de urgencia para «potenciar instrumentos concretos del Estado para evitar muertes de mujeres a manos de femicidas«, señalaron. Del departamento judicial, Olavarría encabeza tristemente en cantidad de femicidios durante 2017 y 2018.
La convocatoria del lunes 16 se replicó en horas de la tarde del martes 17, también en el paseo Jesús Mendía, pero alrededor del Banco Rojo que se pintó el último 9 de marzo, contra la violencia de género y para la reflexión sobre los alarmantes índices de víctimas de femicidios. Iniciativa internacional de ‘Panchina Rossa’, que se ha replicado en Azul y Tandil, se pinta de rojo el banco de una plaza de la ciudad. Color que llama la atención en el paisaje, a la curiosidad, y a no olvidar a las mujeres que sufrieron violencia de género, con el objetivo de convocar a la prevención y la sensibilización sobre la temática.
En la manifestación del martes, además de la indignación, la rabia y el dolor por los 4 femicidios que enlutaron al país durante este fin de semana, se recordaron los sucedidos en Olavarría, muchos de los cuales aún no han encontrado justicia (del 2000 nuestros días, el Frente Ni Una Menos contabilizó 19 femicidios). Distintas organizaciones y generaciones pusieron el grito de ‘Ni una menos, vivas nos queremos’, mientras el vecindario pasaba y miraba sin más, como si fueran poseedores de váyase a saber qué antídoto imaginario, como si sus hijas, sus hermanas, sus madres, sus tías, sus sobrinas, sus amigas, ellas mismas estén exentas de la posibilidad de que un violento y un entorno machista les intercepten la vida.
Para no naturalizar femicidios
[OLAVARRÍA] Este martes 17, junto al Banco Rojo que se encuentra en el paseo Jesús Mendía, tuvo lugar una manifestación para desnaturalizar este nivel de violencia de género, visibilizar y exigir justicia, ante la indignación por los cuatro femicidios ocurridos este fin de semana, en nuestro país: Vanesa Caro, en Lomas de Zamora; Cecilia Burgadt, en Santa Fé; Cielo López, en Plottier; y Navila Garay, en Chascomús. Porque no aparecen muertas: LAS ASESINAN. El grito principal fue el de “Ni una menos, vivas nos queremos”…
Publicado por Miradas del Centro en Martes, 17 de septiembre de 2019
«TRABAJAR, DARLES ENTIDAD Y APOYO AL TRABAJO DE LAS ORGANIZACIONES»
Cada vez que ocurre un femicidio en algún punto del país, en otros tantos municipios resurgen reclamos aún no atendidos por las gestiones comunales, de parte de organizaciones que trabajan con mujeres y disidencias en los territorios. Rebrotan las exigencias de los documentos que se leen cada 8 de marzo, cada 3 de junio, cada 25 de noviembre, y se re-visibilizan las falencias en la falta de presupuestos y el corrimiento del Estado en las políticas concretas de prevención de estos repudiables, injustos e irreversibles hechos.
Miradas del Centro dialogó con Yessica Almeida, candidata a intendenta de Olavarría por el Frente de Izquierda Unidad, en las próximas elecciones generales del 27 de octubre, sobre puntos urgentes para la prevención de la violencia de género. “Lo principal es revisar qué se está haciendo con el presupuesto que ya hay destinado en Olavarría, reclamo de todos los 3 de junio y los 8 de marzo”, indicó, en primer lugar. Un presupuesto que, hace unos años, se subejecutó, sin implicar la baja ni, menos aún, la inexistencia de femicidios o de casos de violencia de género en la ciudad, sino todo lo contrario: el desvío liso y llano de ese dinero.
Otra cuestión fundamental señalada por Almeida es el “trabajo mancomunado con todas las organizaciones sociales que hacen una gran labor territorial local, y darles entidad y apoyo, no sólo a algunas”, para generar medidas de prevención y erradicación de la violencia “que realmente tengan efectos, no sólo atender la emergencia”. Almeida también resaltó que no es algo atendible sólo desde un municipio, pero sí marcó que es implementable, “exigencia de las jóvenes por sobre todo, la Educación Sexual Integral en las escuelas”. A nivel comunal, “se puede hacer mucho para garantizar el cumplimiento de algo que es ley, no sólo un encuentro anual en el CEMO”. ESI que echa luz, entre otras cuestiones, a la identificación de relaciones y vínculos violentos, atravesados por la violencia física, psicológica, económica, que en el sumun de los casos desembocan en un femicidio.
Sin embargo, indica Almeida, “estas cuestiones, lejos de reforzarse, son desguazadas, como sucede también en áreas de salud y de atención de denuncias. No sabemos, por ejemplo, la situación del refugio para aquellas mujeres que denuncian, deciden romper con un vínculo violento y se tienen que ir de sus casas. No implica dar a conocer el lugar, porque se debe proteger a las mujeres que están allí, pero sí saber si ese refugio funciona, qué atención se les brinda, si tienen asistencia psicológica y económica para poder sostenerse”. Las licencias por violencia de género, merecedoras de un capítulo aparte: “pocos sindicatos la tienen, como la docencia, a nivel provincial, que en cierta medida la garantiza”, sostuvo candidata del FIT Unidad, que agregó que en lo municipal, estas licencias no se otorgan con regularidad.
De cara a cuestiones a modificar, las fuerzas de (in)seguridad no se quedan atrás, ya que cuando otorgan, “en el ‘mejor’ de los casos, un ‘botón antipánico’ a la mujer violentada, ponen en manos de las propias mujeres la responsabilidad de cuidarse, encerrándolas, excluyéndolas”, mientras el violento disfruta de su libertad, viola restricciones, sigue amenazando, “en casos de violencia, de abuso sexual y violaciones”.
Almeida, que integra el Plenario de Trabajadoras, hizo mención a una consigna a nivel nacional que podría tener correlato local: el Consejo Autónomo (e independiente) de Mujeres: “Entendemos que las mujeres en estos cargos no pueden ser puestas por el gobierno de turno, sino que deben ser electas por las propias mujeres, a partir de los 13 años”, formuló, “con un presupuesto destinado desde el Estado”. En ese sentido, Almeida apuntó: “Nosotras muchas veces tenemos las respuestas y podemos buscar medidas para erradicar y prevenir realmente la violencia de género, sólo que no se nos dan los lugares para accionar; y cuando los tenemos, no disponemos de presupuesto ni del aparato del Estado, al que denunciamos como principal responsable para llevar medidas que atiendan esta situación”, concluyó.
DE LAS EXIGENCIAS DEL ÚLTIMO 3J
Durante la última movilización del ‘Ni Una Menos’, en el documento que se leyó en el Paseo Jesús Mendía el 3 de junio, consensuado por el Plenario de Trabajadoras del PO, Seamos Libres, Cara de Bicicleta, el Frente Ni Una Menos, Agrupación Animate, Murgueras Organizadas y Socorristas Olavarría, se había señalado a los gobiernos nacional de Mauricio Macri y provincial de María Eugenia Vidal como “responsables de la situación de las mujeres”.
Según el punteo, la lucha de estas organizaciones gira en pos de: mayor presupuesto nacional para el abordaje de la violencia de género; difusión del uso y planificación del presupuesto local estipulado por la Ordenanza N° 3910 del 2015; la aprobación de la Ley de Emergencia en Violencia de Género presentada en mayo por los movimientos sociales; aplicación plena de la Ley de Educación Sexual Integral, laica, científica y con perspectiva de género; esclarecimiento de todos los femicidios y travesticidios en Olavarría y el país, y avance en las causas por abuso sexual; reparación económica para hijes de víctimas de femicidios y aplicación de la Ley Brisa; aplicación efectiva de la ley Micaela en todas las instituciones y niveles del Estado; implementación del patrocinio jurídico gratuito para las víctimas de violencia machista y acceso efectivo a la justicia; un consejo independiente y autónomo de las mujeres.
Entre los muchos planteos del documento, también exigen la activación, por parte del Estado, de mecanismos efectivos de protección y búsqueda de las mujeres desaparecidas; el desmantelamiento de las redes de trata para explotación laboral y sexual; el fin de la violencia mediática y el abordaje responsable de los medios en casos de violencia, acoso y abuso contra mujeres y niñez. Rechazan el veto del intendente Ezequiel Galli a la ordenanza que destinaba presupuesto para el programa municipal de salud sexual y reproductiva. Exigen la aplicación efectiva de la Ordenanza N° 4341 de 2018 para la no realización de concursos de belleza en el partido de Olavarría, para derribar los modelos de belleza y estereotipos establecidos, la objetivación y sexualización de los cuerpos infantiles, y la cultura de la pedofilia y la violación.
Otras de las exigencias residen en el hecho de que la Comisaría de la Mujer tome las denuncias por violencia machista, incluso de los casos en que no existe vínculo entre víctima y victimario; que el personal policial sea capacitado en perspectiva de género; destitución de Claudio García como Juez de Familia; representatividad y paridad sindical para elaborar políticas laborales con perspectiva de género; y extender las licencias por maternidad y paternidad para trabajadores como para estudiantes.
La realidad que toca al partido de Olavarría da cuenta de que estas luchas y pedidos siguen en pie, frente a la desidia y la no escucha del gobierno comunal… Mientras tanto, por la labor barrial, territorial, de las organizaciones sociales y feministas se previene que no haya más casos que engrosen la lista de femicidios en suelo olavarriense. Sin embargo, no alcanza y la responsabilidad, en primera y última instancia, es del Estado.
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