¿Quién se atreve a callar el pajarito?

Entrevista a Mónica Sterki, docente investigadora de la FACSO-UNICEN

Por Soledad Restivo.

Asistimos durante años a las más bizarras, agraviantes, amenazadoras expresiones contra funcionarios, dirigentes y hasta a la mismísima figura presidencial. Los ataques ocurrieron en redes sociales, en TV, en radio; fueron en vivo o diferido, impresos y hasta portadas de diarios y revistas, pero… La era Macri endurece posiciones y agiliza mecanismos, argumentos, recursos y artículos del código procesal, de la mano de Pato Bullrich y las unidades de Cibercrimen de las fuerzas de seguridad conjuntas. Es que el canto del pajarito pone pelos de punta y enciende alarmas. La vigilancia cibernética está activa, los trackers no descansan y Patricia Bullrich tampoco. “Toda amenaza que atente contra la seguridad de una persona y que pretenda generar miedo en la sociedad, será investigada para que luego la Justicia actúe como corresponde“, sostuvo la ministra de Seguridad, mientras anunciaba la detención de un amenazante twittero en diciembre de 2016. Hasta la fecha, son al menos siete los casos que se han hechos públicos, aunque se desconoce el estado de sus causas.

Ahora bien, los arácnidos rastreadores cibernéticos son analfabetos de la ironía y poco entendedores de la incorrección política en las redes sociales. También les falta el olfato detector de la diferencia sustancial entre la identidad digital y la entidad física: ¿Sos vos el/la de ese o este perfil? ¿Cómo se constata/empata jurídicamente la identidad digital con la física? ¿Cómo puede un robot, delator y almacenador compulsivo, entender tautologías o silogismos?

No. No pueden. La utilidad posterior de los datos y las interpretaciones son, aún, habilidades humanas. Y por eso nos preguntamos: ¿Cuándo los datos se utilizan para cercenar voces disidentes, para amedrentar coincidencias narrativas, cuando el dato resulta en castigo ejemplificador de las identificaciones discursivas, no podemos suponer entonces un recorte a las libertades expresivas de los y las usuarixs de redes sociales?

Miradas del Centro diálogo con la licenciada Mónica Noemi Sterki, antropóloga docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría (Unicen), quien resultó imputada por el delito de “intimidación pública”, por presuntas expresiones en redes sociales. Nos relató cómo se enteró de esta situación jurídica y cómo entiende ella el contexto más amplio en el que ésta se inscribe.

¿Cómo te enterás de la imputación?

Un día miércoles (mediados de mayo), me llaman por teléfono fijo (mi número está en la guía a mi nombre, este dato es importante). Se hacen pasar por gente de la Universidad y me preguntan si mi domicilio es en Olavarría o en CABA. Estaba concentrada preparando un concurso y caí en la trampa.

El viernes de esa misma semana me llega una carta documento de AFIP (la colgué en las redes), exigiéndome que pase por AFIP por “irregularidades” y corría el riesgo de perder el CUIT. Yo no tengo CUIT, porque soy empleada en relación de dependencia. De todas maneras, fui inmediatamente y en AFIP me dijeron que la carta era falsa. En ese momento, comencé a sospechar que el llamado era falso, que el cartero que me trajo la carta también era falso.

A la semana siguiente, tocan mi portero y me dicen que tengo una citación judicial. Bajo y una policía de civil (que nunca se presentó) me quiere entregar una citación de Comodoro Py. Me comunicaban que había sido denunciada por amenazar a Macri y otros funcionarios. Pregunté quién me denunciaba y la mujer policía no supo responder; en la mencionada citación, tampoco aparecía el nombre de denunciante alguno. Me niego a recibirla y alego que ya me llegó una citación falsa de AFIP y que no recibiría nada. Se retira de mi casa y, en ese momento, me comunico con un amigo, porque ya era preocupante el acoso.

Mi amigo me conecta con el abogado Adrián Albor, que dirige el grupo Litigio Estratégico. En ese grupo, se dedican a patrocinar personas que no tienen recursos para enfrentar causas judiciales. Fui a contarles mi caso y ellos se pusieron a disposición inmediatamente.

El 12 de junio concursé y estando en la Facultad me avisan que habían traído otra citación y que debía presentarme el jueves 14 en Comodoro Py. Regresé antes de lo previsto y mi abogado se presentó en CP y ahí nos enteramos de la causa. Una vergüenza nacional.


Adrián Albor es abogado penalista y profesor universitario en la UBA y la Universidad de Palermo. Trabajó en organizaciones de derechos humanos y es co-fundador del Grupo de Litigio Estratégico.
El Grupo de Litigio Estratégico es un nuevo espacio jurídico, integrado por un importante grupo de abogados de diferentes sectores del peronismo, quienes se organizan para defender causas, en donde la persecución ideológica y política se pone por encima del Derecho.
Representan  la querella contra los miembros de la ex UCEP por el maltrato a las personas en situación de calle, causa que está en etapa de juicio oral. Asumieron la defensa del Juez Dr. Axel López en un juicio político, y ha representado a más de 80 familias para lograr que obtengan vacantes en la educación pública de la ciudad, porque más de 20000 chicos han quedado sin vacantes, hasta la fecha hemos logrado 50 vacantes por vía judicial, según versa en el comunicado fundacional del grupo.

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¿Cuáles son los cargos?

La imputación es por “intimidación pública”, un delito que prevé de 2 a 6 años de prisión. Lo escandaloso del caso es que me investigaron durante meses de manera secreta. El cartero era un policía encubierto; la carta falsa de AFIP fue un señuelo para que yo salga a la puerta y me tomen fotos (todo está en la causa). Investigaron mis cuentas, a mis vecinos; investigaron en Olavarría en un domicilio en el que no vivo hace 14 años. Mandaron exhortos a Twitter y a Facebook para pedir mis datos (la causa comenzó como NN y buscaron vincular mi nombre con una cuenta de Twiter).

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Código Penal… Intimidación pública, ARTÍCULO 211:
Será reprimido con prisión de dos a seis años, el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos.

¿Esto puede causarte daños en lo laboral, en lo académico?

Respecto a mi trabajo en la Universidad, en el que llevo 23 años de antigüedad, la acusación en mi contra no debería afectar mi desempeño, dado que en primer lugar no cometí ningún delito; soy una persona que no tiene antecedentes penales de ninguna índole; y, por otro lado, esta causa armada no tiene ninguna vinculación con mi desempeño docente.

Este gobierno autoritario se dedica a perseguir a aquellos que considera peligrosos. Si la Universidad no expresa su rechazo a estas prácticas antidemocráticas, estaríamos en graves problemas.

No es opinable, es una cuestión de defensa del derecho a la libre expresión y el derecho a la protesta social. Nosotros, como académicos, tenemos la obligación ética de salir a expresar la defensa y garantía de los derechos sociales, económicos, civiles y políticos que se expresan en la Constitución.


Resulta claro entender que Mónica no es un actor social más: está comprometida con su trabajo, con las causas de derechos humanos, con el activismo y la disidencia. Su perspectiva teórica e ideológica es crítica, es reflexiva, es materialista histórica, provocadoramente…¿marxista?… No es ortodoxa,  eso es seguro. Entonces, no es casual…

¿Cuál es la lectura, como cientista social, que haces de la situación que estás viviendo?

Como antropóloga social, considero que estamos frente a un gobierno autoritario, que para llevar adelante su política económica debe callar las voces disidentes. Como todo proyecto conservador, sabemos que se nutre de una contradicción básica: son liberales en lo económico y conservadores en el plano político.

Es necesario disciplinar a la población para que naturalice la miseria económica, la exclusión cultural, la represión de la protesta social, y poner límites a la libre expresión de las disidencias.

Un gobierno que no acepta el disenso, que se nutre de falsas antinomias y de la descalificación de la otredad política (“los kukas”), de la otredad racial (“los negros de mierda”); un gobierno que alienta la xenofobia, la homofobia, la descalificación hacia los empleados estatales (“la grasa de la militancia”), necesita sostener esa política a través de múltiples formas de represión de la protesta.

En los casos de la Murga del Bajo Flores, de PepsiCo, y tantos otros, fueron palos, gases y balas. En mi caso y en el de otros que me van llegando, es el armado de causas judiciales, con las acusaciones más disparatadas. Utilizando recursos del Estado para perseguir, amedrentar y descalificar a todos aquellos que somos capaces de levantar la voz y denunciar las injusticias cotidianas. A quienes no pueden doblegarnos, nos tapan la boca con trapos legales, nos persiguen con métodos propios de la Dictadura militar.

Y en ese sentido, entonces, ¿cuál crees que va ser el escenario luego de las elecciones?

En el caso que ganen las elecciones en Octubre, creo que habrá un retroceso fatal, no solo en el plano de las políticas económicas que, por otro lado ya lo anunciaron, sino respecto al retroceso que se viene dando respecto a los derechos civiles y políticos.

Cuando dicen que el gobierno de Cambiemos es la Dictadura, yo disiento. Es mucho más grave que la dictadura: es un gobierno elegido en las urnas, pero detrás de la fachada de una democracia representativa, se esconden prácticas antidemocráticas reñidas con cualquier virtud de la República.

Me preocupa la escalada de violencia que desde el propio gobierno desatan contra actores sociales que entendemos la práctica política como la posibilidad de expresar nuestros proyectos, nuestras ideas y nuestros disensos desde distintas perspectivas ideológicas.


La charla con  Mónica culmina con una exclamación sembrada de sentimiento que se expande del individuo a lo colectivo, porque tiene que ver con la preservación de lo social, de lo ético, de los acuerdos, y el respeto en la disidencia de las  libertades de lxs sujetxs: “Será Justicia”, exclamó Sterki… y todxs quienes creemos y sostenemos la libertad de expresión como un derecho inalienable.