Reformas, flexibilizaciones, negociaciones y silencios
La flexibilización de hecho, la reforma laboral en discusión y cien familias olavarrienses en zozobra. Un panorama que se avizora complejo y conflictivo para todes les trabajadores del país.
(por Soledad Restivo)
Las voces, los reclamos y las movilizaciones las contamos a la baja; la reforma laboral avanza sobre acuerdos, carpetazos y presiones presupuestarias a propios y ajenos. El gobierno nacional está dispuesto a modificar rotundamente el plexo de derechos que les trabajadores han adquirido, al menos, hace ya 70 años y que dieron a la traza del trabajador argentino el rasgo distintivo en América Latina. La reforma avanza sobre la jornada laboral de ocho horas, el pago de horas extras, el resguardo frente a despidos, las indemnizaciones, la sindicalización y los reclamos en la justicia laboral.
Mientras tanto, la vecina república de Brasil aplica, a partir de este noviembre, una reforma que ya ha sido categorizada como rayana a la esclavitud. En este contexto de complejidad trasnacional, el gobierno del Pro-Macri ha logrado trocar los conceptos, y aquello que se entendía como derechos ahora son privilegios. La ciudadanía acepta y apoya la conversión, en cuasi Síndrome de Estocolmo.
Frente a la inminente reforma sobre las condiciones de la dignidad del trabajador -que nunca alcanzaron a amplios sectores de la economía y de las regiones, que, estructural e históricamente, se han nutrido de trabajo informal y explotado-, las empresas han comenzado a desconocer los acuerdos colectivos, las condiciones existentes y aplican la precarización de hecho. Un ejemplo de ello son los hechos ocurridos en la planta de Freddo (helados cuasi artesanales, producidos en tándem de franquicia), marca que pertenece al grupo Pegasus, que fue administrado por el hoy vicejefe de Gabinete, Mario Quintana.
En Olavarría, la contingencia deja sus primeras cien familias sin trabajo ni sustento, con indemnizaciones y promesas fugaces, frente a un contexto complejo que augura condiciones desfavorables para andar desguarnecido. Algunos resisten con acampes y ollas populares, pero la embestida no tiene amparos posibles.
El holding mexicano que maneja la Calera Cefas decide los destinos de la planta para reubicarla y despide a 56 trabajadores. Mientras, la planta Cidegas, que pertenece a una transnacional checa, está en conflicto desde hace más de 400 días. Durante los últimos dos meses, la situación se agravó y más de 40 trabajadores están en lucha por el pago de los salarios adeudados, entre otros reclamos.
El estado de situación es alarmante. No promete nada nuevo. Esta historia ya la conocemos; sus efectos laterales, colaterales y concretos, también. Lo que se escapa al entendimiento es la mansedumbre de una ciudadanía -y sus dirigentes sindicales y políticos- que, dos años atrás, tomaba las calles aguerridamente en reclamo por la quita del impuesto a las ganancias.
Sobre la reforma laboral
El Destape Web señala los siete puntos más importantes de la reforma de la siguiente manera:
MENOS CHANCES DE HACER UN JUICIO LABORAL: Se reduce de 2 a 1 año el plazo que tiene un trabajador para hacer un juicio a su actual o ex empleador. Esto pega de lleno al acceso a la Justicia de los empleados, lo que Macri denominó “mafia de los juicios laborales”.
MENOS INDEMNIZACIONES: La reforma de la Ley de Contrato de Trabajo reduce el cálculo de las indemnizaciones, ya que no toman en cuenta horas extras ni cualquier bonificación, aunque éstas sean habituales.
LICENCIA POR PATERNIDAD: Una buena medida dentro del proyecto es que aumenta la licencia para los padres, de los 3 días actuales lo lleva a 15 para quienes tengan un hijo o una hija. Esto no modifica la licencia por maternidad, que sigue siendo de hasta 90 días: 45 dias anteriores al parto y 45 dias posteriores.
MÁS PRECARIZACION CON EL TRABAJADOR AUTÓNOMO DEPENDIENTE: Se crea una figura intermedia entre el trabajo en relación de dependencia y el trabajador autónomo. Se considera “autónomo dependiente” a una persona que realiza una actividad para otra, y esas representan un ingreso de hasta el 80% del total.
Así, a un monotributista precarizado con un empleo principal y alguna «changa extra» se le cierra la puerta a reclamar luego como lo que realmente es: un empleado en relación de dependencia.
JUICIO A EMPRESAS TERCERIZADAS: Atado a esto, el Estado quiere dificultar que los empleados de ciertos sectores, como limpieza o seguridad, hagan juicio por tercerización. Son, justamente, donde es más común que una empresa contrate a otra por un servicio puntual pero habitual. Esa primera empresa ya no tendrá consecuencias legales.
FONDO DE CESE DE EMPLEO: La ley abre la puerta a crear un fondo donde se aporten todos los meses y desde allí salga la indemnización del trabajador. Si bien la ley habla de un aporte patronal, como es hoy por hoy en el sector de la construcción, deja abierta a la discusión por convenio la implementación, por lo que allí se abre la puerta a que los trabajadores paguen parte de sus resarcimientos por despido.
REFORMAS EN LOS CONVENIOS: Esta es la letra chica que en realidad no está escrita. Si bien no está en la ley, sí se reconoció de parte del Gobierno la intención de modificar los convenios colectivos, donde se mejoran las condiciones de la ley de Contrato de Trabajo. El gremio de los trabajadores rurales ya dijo que prefiere tener más trabajo antes que pagar “sueldos altos”.
Por su parte, el portal Infobae detalla los siguientes puntos:
- Acuerdos sector por sector. El Gobierno buscará reducir la informalidad en sectores como la construcción, el campo y la industria textil, que son los que registran los mayores índices de marginalidad. La intención de la propuesta es blanquear a cerca de 1.000.000 de trabajadores en el trienio, y evitar con sus aportes los desequilibrios que hay en el sistema previsional y hacer acuerdos sector por sector como los realizados hasta ahora.
- Límites a la posibilidad de accionar contra los empleadores por parte de los asalariados. Se buscará reducir la litigiosidad laboral. Un mecanismo usual frente a eventuales insolvencias patronales o el intento de un pago mayor por la indemnización por despido es sumar los beneficios en la demanda salarial por parte del despedido. También se sumará la garantía de extinción de la acción penal contra el empleador que resolviese su incorporación al blanqueo laboral.
- Reducción de Aportes Patronales. El Gobierno ofrecerá a los empresarios hacerse cargo durante tres años de los aportes de los nuevos empleados que se tomen en el mercado laboral del segmento no registrado. El propósito es blanquear a unos 300.000 trabajadores por año; reducir el desbalance del sistema previsional; y evitar que crezca el desempleo, actualmente en torno a 10% de la oferta laboral. Se financiaría con aportes del Tesoro y eliminación de exenciones tributarias, aún bajo análisis.
- Alcances de los beneficiarios. La medida se iba a focalizar en pymes y trabajadores jóvenes, pero estaría ganando consenso la decisión de universalizar la ayuda, a sugerencia de los referentes de las principales cámaras empresarias y de la cúpula sindical de la CGT. El límite para el cálculo del beneficio serían los salarios brutos de hasta $10.000 por mes. Podría ser mayor para regiones extremas del país.
- Amplia condonación de multas y punitorios para los empleadores que tuviesen personal no registrado y un reconocimiento por parte del Estado de parte de los años de aportes no practicados por los trabajadores en situación de informalidad.
- Transformación de planes asistenciales. Los módulos que administra Trabajo, que abarcaría a unas 280.000 personas, se convertirían en una especie de wild card que facilitará el ingreso del trabajador que cobra un plan social al mercado laboral formal. En este caso el Estado, en lugar de subsidiar a un desempleado o a un empleado informal, tratará de subsidiar una parte del salario convencional mientras dure la prestación social. Se prevé que los beneficiarios de planes sociales aporten al sistema.
- Controles. Se reforzarán las inspecciones laborales con el acompañamiento de los delegados gremiales que trabajarán junto con la CGT. Para realizar esa política, el ministro Triaca mantuvo en pie una idea surgida durante el kirchnerismo y que en su momento generó polémica: el Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), una suerte de veraz en el que aparecen los nombres y apellidos de aquellas personas y empresas que tengan a su cargo empleados no registrados. Para los infractores se prevén abultadas multas económicas.
- Fondos Jubilatorios. El proyecto además propondría dar un tratamiento especial para los fondos jubilatorios que manejan las cajas de los colegios profesionales y los sindicatos.
- Revisión Integral del Sistema Jubilatorio. El Gobierno estudia realizar una revisión integral del sistema previsional y modificar la actualización de haberes que se hagan por el aumento de la inflación. Además, se evalúa aumentar las edades jubilatorias de las mujeres, que es de 60 años, y de los hombres, que es de 65. Se buscará modificar el sistema actual que planteó la reforma del régimen previsional luego de la desaparición del sistema de AFJP en el 2009.
