“Seguirán muriendo mujeres por inequidad social”
Días atrás, integrantes del Movimiento de Mujeres Organizadas (MMO) de Azul entrevistaron a miembros del Hospital Materno Infantil ‘Argentina Diego’. Convencidas y conscientes de la necesidad de sumar voces a un debate que, más allá del rechazo en el Senado del proyecto de ley que llegó con media sanción de Diputados, lejos está de darse por finalizado. Convencidas y conscientes de la necesidad de visibilizar la realidad y el trabajo diario que realizan los profesionales de la salud en Azul, y para la zona, nos compartieron la nota que resultó, y aquí la publicamos.
El doctor Augusto Carella (Director Ejecutivo), las doctoras Paola Mendiola (Directora asociada) y Ana Duclós (Jefa de Pediatría), y la trabajadora social María Cúcaro (del Servicio Social), fueron consultados sobre la forma en la que se aplica el ‘Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo’ en el Hospital de Niños de Azul. Carella señaló que “el protocolo ILE está instaurado en el Hospital, desde antes que tomara la gestión. Lo que diferenció esta gestión de la anterior es que antes eran todos objetores de conciencia. Cuando tomamos la Dirección, la tomamos con la responsabilidad de que en la Dirección hubiera una ginecóloga y se adhiriera al Protocolo”. A partir de ese momento, “se comenzó a cumplir con el Protocolo que ya estaba previsto, que ya existía. A veces, las pacientes eran derivadas a otros hospitales, y bueno… Tenemos la suerte –porque para mí es un logro muy importante- de que estas pacientes se traten acá”, indicó Carella.
Sobre cómo se realiza la ILE en Azul, el Director Ejecutivo del ‘Argentina Diego’ explicó que el proceso se inicia con la llegada de las pacientes, “entrevistadas, en principio, por el Servicio de Obstetricia y Ginecología, tratando de guardar total confidencialidad de la paciente y de que intervenga la menor cantidad de gente posible del equipo de salud”, como marca el Protocolo. Luego, inter y multidisciplinariamente, “se trabaja con las trabajadoras sociales, con psicología y con las obstetras del servicio”, para llegar a un diagnóstico de si tiene (o no) causales de Interrupción Legal del Embarazo. “Si tuviere causales, se hace ‘disminución de riesgo’, y a partir de ahí la paciente decide. Se va del Hospital con una solución”, definió Carella.
Sobre la modalidad de las intervenciones, Duclós confirmó que todas han sido a través de pastillas, no quirúrgicas. “Son ambulatorias, y si alguna paciente requiere alguna atención posterior, para completar el tratamiento, se interna”, detalló la jefa de Pediatría, y sostuvo que, “por supuesto, no es lo mismo que un aborto hecho en forma ilegal, donde una paciente ingresa en condiciones muy desfavorables, con compromiso de su estado general, lo que es un problema de salud muy importante”. Consultada sobre si se ha denunciado, desde el Hospital, a mujeres a las que recibieron, luego de intentar un aborto ‘casero’, Duclós dio un rotundo “No”.
Acompañar en la decisión sobre el propio cuerpo
Sobre cómo se acompaña a las mujeres que transitan esta situación, desde lo social, la trabajadora social María Cúcaro, del Servicio Social, explicó: “Cuando ingresan, se hace una conexión desde el Servicio de Obstetricia con el Servicio Social y se hace una primera entrevista con la paciente. Tratamos de que esté también presente la psicóloga, para que la paciente no esté de servicio en servicio”. Según Cúcaro, “se la va acompañando en todo, desde gestionar un turno para ecografía, laboratorio. A veces, se es mediadora. Inclusive, si requiere una internación, se va a la sala, se la acompaña y, realizado el procedimiento, el acompañamiento se hace en la planificación familiar: que la mujer pueda pensar qué método anticonceptivo puede disponer, con todo lo que tiene al alcance para poder decidir y optar por uno”.
Respecto a estadísticas en torno a la cantidad de interrupciones practicadas en el ‘Argentina Diego’, Cúcaro afirmó que en el 2017 “el total de interrupciones fueron 13; y en lo que va del 2018, llevamos 12”. Para Duclós, “si se lo ve como un número frío, impresiona que aumentó el número de abortos en un año”. Según el análisis de la jefa de Pediatría, esto no tiene que ver con la existencia de la Ley de Aborto No Punible, sino que, “al informarse la gente que antes lo hacía de forma clandestina, al enterarse que este Hospital está trabajando fuertemente en esta temática, se está registrando más”.
Augusto Carella, por su parte, agrega: “Quienes están en contra de la despenalización dicen que aumenta la tasa de aborto. Esto no es así, porque los países centrales que lo tienen la han mantenido o la han bajado”. El Director Ejecutivo del ‘Argentina Diego’ reveló que tienen “un sub-registro de abortos: la persona a la que antes no se le hacía un aborto en este Hospital, se iba a un lugar clandestino a hacérselo, privado, donde sea. Ese sub-registro no existía y ahora está aflorando porque es público, porque es la interrupción legal, porque se hace en un hospital público bajo todas las normas de seguridad que es lo que pretendemos”. Según Carella, es la razón por la que “están saltando las estadísticas verdaderas, las que tienen los países centrales en este momento y que nosotros no teníamos”. No se trata tanto de un aumento de la tasa clandestina, sino de su visibilidad: “Si aumentó muchísimo, es porque las mujeres acuden al Hospital a que les den una solución. Hay muchas mujeres que lo tienen muy pensado: no desean tener el hijo, no pueden, por motivos biopsicosociales o después veremos la causal, pero no lo pueden tener. No hacerlo es tapar el sol con las manos: se van de acá y hacen lo que pueden. Imaginen en qué condiciones vuelven después al sistema de salud”, reflexionó Carella.
El Hospital ‘Argentina Diego’ no está exento de objetores de conciencia. De ello da cuenta su propio Director Ejecutivo, Augusto Carella: “El Servicio de Obstetricia no se había plegado a participar de este proyecto tan importante, en pie desde 2013. Le he pedido al Servicio, desde la Dirección, hacer un relevamiento de los médicos, por escrito, de quienes siguen bajo la objeción de conciencia y los que no”. En ese sentido, Carella agregó: “La gestión anterior tenía un registro y eran todos objetores de conciencia, sin excepción. Hemos tenido que derivar pacientes”. Hoy por hoy, la condición de la Directora Asociada en la Dirección, “cuando tomamos la decisión, es que uno de los temas centrales que yo particularmente quería resolver es que se realizara la práctica de la Interrupción Legal, y como es ginecóloga lo hace ella”.
Un tema de salud pública, entre argumentos falaces e ‘interesados’
Consultados las y los profesionales acerca de capacitaciones recibidas desde la Provincia, por el Protocolo, contestaron afirmativamente, y sumaron a la Facultad de Derecho de la Unicen como institución que también las brindó. Si bien, desde 2013 se encuentran capacitándose, recién en 2016 se comenzó a implementar la ILE en el Hospital ‘Argentina Diego’. Previamente, ante cada paciente se abría todo un debate interno. Su Director Ejecutivo insiste: “Es un tema de salud pública y la gente en Argentina todavía no lo entiende. No importa la ideología o la religión de cada uno. Si mezclamos lo metafísico, como por ejemplo la fe cristiana, la del judaísmo y la de los musulmanes, a las que respeto, con un tema que es estrictamente de salud pública, estamos como estamos”. En ese punto, Carella detalló: “Veo diarios, miro TV, estoy muy informado, y veo las conductas de los grupos sociales que están en contra de la despenalización del aborto, y tiene mucho que ver con el catolicismo, con religión. Qué bueno sería que todos pudiéramos apartarnos de eso: tener una mirada de salud pública y saber que esas mujeres, que no son asistidas, se van a hacer igual los abortos, van a llegar sépticas a los hospitales y van a morir sépticas. La interrupción ilegal del embarazo es la primera causa de mortalidad materna. Me gustaría que la gente no piense en bloques políticos”.
Foto: gentileza Noticias de Azul.com
Uno de los argumentos esgrimidos por los grupos antiderechos reza que al Estado le saldría más caro legalizar el aborto, y que se deberían aumentar los impuestos (NdR: integrantes de esos grupos, bien estaría que pagaran esos mismos impuestos y dejen de evadirlos; y lamentablemente no fue aprobado el proyecto de ley para legalizar la IVE… Y sin embargo, los tarifazos continúan en aumento, sin inmutarse). Carella subrayó: “Con nuestros impuestos, también pagamos los abortos sépticos, con dos o tres días de internación, antibióticos, quirófanos, anestesistas, terapia intensiva”. Por su parte, Ana Duclós aludió a la exposición del ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, quien “hizo una comparación entre lo que costaba un aborto legal y un aborto complicado: ponía el valor de un aborto legal con pastillas, que te las colocas en la privacidad de tu domicilio, en 1.900 pesos, contra una internación que se va a $11.000, si toca terapia o cirugía radical. Todas esas mujeres, si se salvan, quedan estériles: sin útero, sin ovarios”.
Duclós aclara que es católica y que ella, personalmente, no se haría un aborto, “pero estoy totalmente a favor de que el aborto se legalice. No pasa por la creencia de cada uno: es un problema grave, clandestino, de salud, que va a seguir existiendo, no es que si no se aprueba la ley no va a existir”. Carella suma y sincera: “Hay dos grupos sociales: los que tienen dinero, que les va muy bien y no se muere ninguno; y los que son pobres y no pueden acceder a los abortos seguros, en privado, que les va muy mal. Hay una inequidad social que sobresale en todo esto y no la tenemos que permitir”.
Otro de los argumentos empuñados por los antiderechos afirma que el aborto, de haberse legalizado, sería utilizado como método anticonceptivo. La doctora Duclós, con preocupación, señala al respecto: “Es tremendo que piensen que una mujer va a tomar una decisión tan tremenda, como hacerse un aborto, como un método anticonceptivo. Quien piense eso, no piensa en la mujer. Nosotros vemos a las mujeres que vienen: vienen desesperadas. No es algo gratuito decir ‘bueno, paso por el Hospital y me llevo las pastillas’. Lo minimizan.” Cúcaro, trabajadora social del Servicio Social, remarca: “Somos los que vemos, los que recibimos, los que hablamos con las pacientes. Trabajamos con estas mujeres que vienen con miedo, con vergüenza, solas la gran mayoría de las veces, desesperadas. Nosotros lo vemos, nadie nos lo cuenta.”
A propósito de la anticoncepción, Carella toma de referencia a los países centrales y agrega: “El aborto es una buena práctica del sistema de salud público, siempre que vaya acompañado de prevención del embarazo, de control de la natalidad, de salud reproductiva y sexual. El Estado tiene que poner a marchar proyectos. Sí ha dado resultado en Holanda, Francia y en otros países, la prevención, los programas de sexualidad, reproducción, de educación sexual”. Sobre la importancia de la Educación Sexual Integral (ESI), la doctora Duclós explica: “En este país, tenemos la Ley de ESI para las escuelas que no se cumple. La Ley de Educación Sexual y Reproductiva ya tiene sus años, tuvo su auge, pero ahora se ha apagado y no sé si disponen de todos los recursos en todos los lugares”.
Otra de las leyes mencionadas por la jefa de Pediatría del ‘Argentina Diego’ es la de Prevención de Violencia Hacia la Mujer, “que tampoco se le da la importancia que merece: el gran porcentaje de estos embarazos son ‘no deseados’. Yo no estoy a favor del aborto: mis hijos nacieron en una relación amorosa con mi marido y queríamos tener un hijo. La situación de estas mujeres es totalmente diferente y no nos ponemos en ese lugar”. En este punto, les profesionales hicieron mención al aumento de la tasa de embarazo adolescente en Azul, cuestión que no tiene clase social: la única diferencia, no menor, es que las mujeres con ingresos logran realizarse abortos clandestinos en condiciones seguras y no morir. Carella añade: “Una cosa va concatenada con la otra: los países a los que les ha ido bien es porque también tienen la prevención. Ahí baja la tasa. La etapa final de todo esto es bajar la tasa de mortalidad materna, junto al bienestar biopsicosocial de la mujer que viene a pedir la interrupción legal; y la equidad social, que todo el mundo tenga acceso a un aborto seguro, eso es lo más importante”.
Les profesionales indicaron que, en caso de recibir un aborto en curso, el Servicio de Obstetricia atiende a la paciente y garantiza la finalización del proceso. “No son muchos hospitales donde esto se cumple. El problema que teníamos nosotros con los objetores de conciencia se pudo resolver con la decisión de la dirección, pero existe en otros hospitales”, manifestó Duclós. A Paola Mendiola esto le duele: “Siempre he sido objetora, siempre lo digo. Antes de estar en la Dirección, los días de Guardia, recibía de esta ciudad y de afuera. Lo que ahora se hace en forma legal, esas personas se lo hacían pagando. Les ponía el espéculo y veía las pastillas colocadas. Ahora se blanquea, se hace en forma legal y se ayuda a la gente”. Augusto Carella agregó: “… Y de forma segura, que es lo más importante”. Mientras aún son muchas las instituciones que se declaran objetoras, Mendiola subrayó: “Es una decisión individual, no puede ser institucional”.
Sobre la relación entre las instituciones de atención de la salud y la práctica del aborto, las y los profesionales sostienen que ya se podría acompañar y asesorar desde el nivel primario de la salud (a través de los CAPS), o desde los consultorios privados. Por ello, Cúcaro señaló: “Si una persona que no nos conoce, tiene que hablar y justificarnos, de algún modo, su entrada dentro de las causales, es un tanto perverso. Si lo puede hacer en una unidad sanitaria, con su médica o médico de referencia, sería mucho más simple, no venir acá. Mucha gente se siente intimidada”. Sin embargo, la gran limitante, hoy día, es que en los Centros de Atención Primaria de la Salud, según refirieron a las entrevistadoras, son todos objetores de conciencia.
Profesionales entrevistadas y entrevistado por las integrantes del Movimiento de Mujeres Organizadas de Azul.
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