¿Fuerzas Armadas en la Seguridad Interior? Cosecha de repudios al andar
En la mañana del lunes 23, como para iniciar la semana, Mauricio Macri anunció, ni más ni menos que desde Campo de Mayo (con la carga simbólica que ese ex centro clandestino de detención, tortura y desaparición cuenta), los lineamientos que pretende para las Fuerzas Armadas. Como ya lo deslizó el 29 de mayo último, en el acto del Día del Ejército, cuando indicó que “necesitamos Fuerzas Armadas que brinden apoyo a las fuerzas de seguridad para cuidar a los argentinos”, esta vez espetó, lisa y llanamente: «Queremos que puedan colaborar con la seguridad interior«. A días de cumplirse un año de la fecha de la represión en la Pu Lof de Cushamen y desaparición de Santiago Maldonado en Chubut, el rechazo de los miles que no conforman ese “queremos” no se hizo esperar.
En la misma mañana fría de julio y en ese lugar que ofició de centro clandestino durante la última dictadura cívico-militar, acompañado del ministro de Defensa, el inefable Oscar Aguad (que sigue sin dar respuestas sobre lo acontecido con el ARA San Juan y sus 44 tripulantes), y el teniente general Bari del Valle Sosa, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Macri afirmó: “Queremos saldar la deuda con las Fuerzas Armadas de la democracia”. Vale recordar que son varias las leyes que, a lo largo de estos 35 años de democracia, se han gestado para limitar el accionar de las Fuerzas Armadas en conflictos internos, tales como el decreto 727 del 2006.
En Olavarría, el repudio a que participen las Fuerzas Armadas en la Seguridad Interior se transformó en un comunicado, con las firmas de la APDH lugareña y la Comisión por la Memoria de Olavarría. Repudian el intento del Poder Ejecutivo Nacional, “anunciado por el Presidente de la Nación, de asignarle a las Fuerzas Armadas la participación en la Seguridad Interior. Esta doctrina las aleja de su rol en la defensa nacional y nos retrotrae a experiencias con las trágicas consecuencias conocidas”, subrayaron.
En el comunicado enumeran: “El gobierno no ha escatimado esfuerzos en su intento de desandar las políticas de Derechos Humanos, intentando imponer la ley del 2×1, cuestionando el número de desaparecidos y, lo más grave, reprimiendo movilizaciones para imponer el miedo como método de disuasión a la protesta social ante las políticas de ajuste, sin olvidar la represión al pueblo Mapuche, provocando la muerte de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel”.
Por estas no menores razones, “bregamos por la plena vigencia de los Estados de Derecho y no por el resurgimiento de políticas represivas, mientras se profundiza el endeudamiento público, la devaluación, la destrucción de nuestra economía nacional y el empobrecimiento de la población de nuestro país”. Solicitan, además, que “la Política de Derechos Humanos vuelva a ser una política de Estado. Memoria, Verdad y Justicia”.
“El mayor retroceso en seguridad desde el regreso de la democracia”
Así lo afirmó desde Tandil Juan Arrizabalaga, integrante de Patria Grande Tandil, quien criticó al gobierno nacional y a la alianza Cambiemos, que tratan de impulsar esta nueva doctrina de seguridad interior, en la que se autorizaría la actuación a las Fuerzas Armas. “Con la excusa de que las fuerzas armadas tienen que adaptarse a los desafíos del siglo XXI, Macri está rompiendo un acuerdo que lleva más de 35 años en nuestro país, y que desde el genocidio impulsado por la última dictadura militar está vigente: las fuerzas armadas tienen prohibido intervenir en asuntos internos”, remarcó Arrizabalaga.
Para el ex candidato a concejal de Patria Grande Tandil, este anuncio es, “sin dudas, uno de los mayores retrocesos en materia de derechos humanos y seguridad desde el regreso de la democracia. Este gobierno, además, lo intenta llevar a cabo sin la discusión en el Congreso y por decreto”. Explicó que “este nuevo paradigma, con antecedente en el caso Chocobar, se fundamenta en que existen nuevas amenazas, construyendo enemigos internos y aumentando aún más la violencia. En momentos en que la crisis social y económica están en aumento, el correlato directo va a ser un aumento de la protesta social, y la posterior represión, ahora sí, de las Fuerzas Armadas”.
Según Arrizabalaga, es necesario, “en este contexto de avanzada sobre los Derechos Humanos, que el Concejo Deliberante de nuestra Ciudad salga a repudiar en bloque la decisión. A los militares nunca más se les debe permitir intervenir en materia de seguridad interior”, concluyó.
“Las Fuerzas Armadas en seguridad interior es pérdida de soberanía y no más seguridad”
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) también expresó su rechazo “ante el decreto del PEN que habilita la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior, violando las leyes de defensa nacional y seguridad interior. El decreto del presidente Macri echa por tierra uno de los avances más significativos de la democracia, retrotrae la legislación a los tiempos de la dictadura militar y atenta contra la soberanía”.
Compartimos el texto completo del comunicado de prensa elaborado por la CPM: “La modificación del decreto 727/2006 anunciada hoy por el presidente en el ex centro clandestino de detención de Campo de Mayo es una reforma altamente regresiva en materia de seguridad y derechos humanos. Una reforma, a su vez, que desconoce las luchas de la sociedad argentina por definir un marco institucional al accionar de las Fuerzas Armadas que limite su capacidad de intervención y evite actos que vulneren la democracia.
“En la memoria del pueblo argentino, la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior está profundamente asociada a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, después de dos décadas de sucesivos golpes de Estado. La misma estuvo amparada en lo que se llamó la ‘Doctrina de la Seguridad Nacional’, impuesta por Estados Unidos para todo el continente Latinoamericano. Desde el retorno de la democracia en 1983, gobiernos de distinto signo político trabajaron, en consonancia con el reclamo popular, para establecer diferencias en materia de seguridad interior y defensa nacional.
“Las leyes de Defensa Nacional de 1988 (sancionada por el gobierno radical de Raúl Alfonsín), la Ley de Seguridad Interior de 1991 (sancionada durante el gobierno justicialista de Saúl Menem), y el Decreto 727 de 2006 (durante la gestión del presidente Néstor Kirchner), fueron determinando esos límites.
“Puede corroborarse, entonces, que la prohibición para que las Fuerzas Armadas intervengan en cuestiones de seguridad interior fue el resultado de acuerdos alcanzados desde la transición democrática por una amplia y mayoritaria pluralidad de actores políticos. El gobierno de Macri ha roto con estos grandes acuerdos y hoy esos marcos institucionales se ven seriamente amenazados.
“La gravedad de esta situación se inscribe, a su vez, en un contexto de fortalecimiento de las políticas represivas que, bajo el paradigma de las ‘nuevas amenazas’, han profundizado la militarización del espacio público y provocado un aumento de la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad.
“Estas ‘nuevas amenazas’, el narcotráfico y el terrorismo, son las que utilizan para justificar el cambio de doctrina para así alinearse a los Estados Unidos en materia de seguridad siguiendo los ‘objetivos estratégicos’ de las potencias hegemónicas. La participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interior es pérdida de soberanía y no más seguridad.
“Ya hay antecedentes. El uso de la Prefectura y de la Gendarmería fronteras adentro no ha demostrado ningún impacto positivo: sólo más gastos en armas y equipamientos, y la reformulación de los objetivos funcionales de estas fuerzas ahora utilizadas para la represión en los conflictos internos y en particular de la protesta social, retirándolas de los controles fronterizos.
“Las muertes de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel son la muestra más clara de la orientación de esta política de seguridad y su resultado más dramático. ¿Estos son los objetivos estratégicos de la seguridad interior, como reza el decreto? ¿El conflicto social y la protesta son las ‘nuevas amenazas’? ¿Este es el ‘terrorismo’ del que debemos defendernos los argentinos? ¿Volverán las Fuerzas Armadas a hacer inteligencia para definir a los ‘enemigos internos’?
“En una sociedad con cada vez más pobres y desocupados, ¿qué significa esta respuesta del gobierno? Pues no pueden admitirse los argumentos explicitados. Ya ha quedado demostrado que no existen experiencias felices en el involucramiento de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior. Todo lo contrario: los países que adoptaron este camino, sólo consiguieron más violencia, degradación y corrupción estatal, agravando los problemas que decían combatir. Colombia, México y Brasil son claros ejemplos de esto. El resultado está a la vista: la violencia se ha convertido en una pandemia difícil de parar.
“¿En qué sociedad nos quiere convertir este gobierno? La seguridad del pueblo no son las Fuerzas Armadas. La seguridad debe ser social: salud, educación, vivienda y trabajo. Todos estos derechos de las personas y de los pueblos que hoy son vulnerados en nuestro país por las políticas regresivas en materia económico-social, y por las políticas represivas en materia de seguridad.”
