“El Municipio se maneja por el principio ‘in dubio pro privado’”

Así lo denunció el concejal Facundo Llano, del Bloque Justicialista. En la última sesión del Concejo Deliberante de Tandil, se aprobó por mayoría una excepción, solicitada por un fideicomiso. Los agentes privados podrán continuar con la construcción y ahora con más altura de la permitida por el Plan de Desarrollo Territorial. Acciones que se habrán de realizar sobre una propiedad muy particular: se trata de un bien protegido como patrimonio histórico.

(Tandil) A fines de marzo de 2017, los vecinos de Alem, entre Montevideo y Las Heras, pusieron el grito en el cielo, en las redes y en los medios: la fachada de Alem 1133 se encontraba al borde de la demolición. Junto a la Asamblea del Barrio de la Estación, se ganó tiempo y se frenó, momentáneamente, la desaparición de un frente que es Patrimonio Histórico de Tandil (por su mezcla de estilos italianizantes y españoles) y la construcción en el resto del terreno, que ni siquiera presentaba cartel de obra alguno.

En distintos ámbitos municipales comenzaron a llover las denuncias y así se lograron dos ‘hitos’ en la lucha por la preservación del patrimonio: que el Municipio colocara una faja de “Obra paralizada” (‘accidentalmente’ tapada por la empresa constructora); y que el secretario de Obras Públicas, Roberto Guadagna, dedicara una felicitación al “control social” que evitó una demolición que parecía inevitable, e hiciera algo parecido a una autocrítica: “hubo una convergencia entre desinformación, alguna confusión y alguna negligencia”, le manifestaba a los colegas de El Eco de Tandil, según la edición del último 22 de mayo.

Este jueves 27 de julio, en horas de la mañana, sesionó el Honorable Concejo Deliberante. Pasados los primeros veinte minutos, desembarcó el tratamiento del asunto 322/2017, relativo a la solicitud de excepción de la obra de Paz 1133. Debate que se tradujo en alrededor de dos horas de contrapuntos, idas, venidas, argumentos y alguna que otra chicana.

Artículo 14, el programa político que conduce Enrique Lagoutte por AM 1180 Radio de la Sierra, dialogó con el concejal Facundo Llano, del bloque justicialista, sobre lo sucedido en el recinto en torno a este tema. El edil hizo una breve cronología del caso: “es un proyecto privado, a través de un fideicomiso, para el desarrollo inmobiliario de locales y unidades habitacionales, en un inmueble que está protegido como Patrimonio Histórico, tanto su fachada como determinados aspectos de la construcción. Con el tiempo, quedó la fachada para ser protegida”. Sin embargo, para desarrollo de ese proyecto se requiere de “una excepción, a través del Concejo Deliberante, y de un Convenio Urbanístico para ser presentado en el concejo deliberante, previa intervención de la Comisión de Convenios y del Ejecutivo”.

Concejal Facundo Llano (Bloque Justicialista), en plena alocución en la sesión del jueves 27 de julio.

Según Llano, “eso fue lo que no elevaron, entendiendo que era potestad del Ejecutivo y de la Comisión la determinación. Tienen que proteger la fachada, desarrollar un proyecto conforme a los indicadores que establece la zona. Si su proyecto no se ajusta a esos indicadores y requieren de una ordenanza de excepción, tienen que traer un convenio urbanístico”.

El expediente se debatió, previamente, en la Comisión de Obras Públicas. Llano aclaró que así como deben atenderse “los desarrollos privados, los fideicomisos, las ganas de los emprendedores de encarar nuevos proyectos”, no se puede soslayar que hay un patrimonio histórico para la comunidad, para la barriada; una ordenanza, un Plan de Ordenamiento. “Según versiones del bloque oficialista, los profesionales intervinientes conocían de esa circunstancia. Debieron conocerlo porque son profesionales que trabajan para eso. Es un dato relevante, pero más relevante es que hay una norma vigente sobre lo protegido”, indicó.

El concejal justicialista remarcó que “como Estado, no podemos tener distinta vara para distintas cuestiones. No podemos sentar un precedente negativo: tiene que venir una excepción, un proyecto y un convenio urbanístico, y el Estado analizará”. Según su reflexión, “el bloque oficialista debió votarlo porque, seguramente, hubo algún análisis previo con el Ejecutivo y alguna orden determinada, más allá de las voluntades individuales”.

Según el expediente y lo informado desde la gestión, se inició un “pre-sumario administrativo, porque supuestamente el proyecto habría contado con el aval del Ejecutivo para su desarrollo, sin contemplar que se trataba de un bien protegido”. Por intervención de los vecinos, el Municipio advirtió que debía proteger, aunque el proyecto tuviera que elevarse unos metros por sobre lo tolerado por el Plan de Ordenamiento. “Más allá de que pueda haber algún error administrativo de algún funcionario interviniente o de algún empleado, el profesional debió conocer que existía esa protección. Nuestra responsabilidad es establecer parámetros iguales para todos, no ponernos en juzgadores”, afirmó el edil.

La excepción ya es una realidad votada por mayoría, pero no llegó con convenio urbanístico. “Si el privado no se sujeta a las condiciones de un eventual convenio dictado por la Comisión de Convenios, no sabemos qué va a suceder”. Como parafraseó Llano en el recinto, en pleno debate: “hay un principio en el derecho que es el ‘In dubio pro reo’; parece que acá el Estado es siempre ‘In dubio pro privado’. Nunca se resuelve o resguarda el derecho para el Estado. Ante la duda, en lugar de hacerle firmar un convenio al privado, le damos la excepción y después vemos qué pasa. En unos meses, nos vamos a encontrar con que se desarrolló el proyecto, por tener la excepción, en condiciones beneficiosas (o no) para el Estado local. Es lo que va a pasar y por eso poníamos reparos a votar la excepción sin convenio, porque el privado obtenía lo que quería y el Estado quedaba a la espera”.

Tal la conclusión del periodista al finalizar la entrevista, un bien que cuenta con la protección de ser un Patrimonio Histórico, no fue demolido de casualidad. Y más que de casualidad, se debió a la rápida intervención de los vecinos, que “presentaron notas, que acudieron a los medios, que tomaron contacto en el Ejecutivo”. De lo contrario, otra sería la historia. Según Llano, de todas maneras, “se verían las responsabilidades de quienes hubiesen desarrollado ese proyecto, más allá de la aprobación o no del Ejecutivo, porque los profesionales intervinientes tienen la responsabilidad de conocer la norma que hace a su ejercicio profesional”.

Por último, Llano volvió a recalcar: “Sentamos un grave precedente para otras cuestiones que hacen al ámbito de los edificios históricos. No puede venir una excepción sin el convenio urbanístico, porque van a venir nuevos privados a pedir nuevas excepciones, amparados en este precedente”, concluyó.

Imagen destacada: gentileza de Gonzalo Celasco.