SPB: dos jóvenes intentaron suicidarse en Virrey del Pino

La CPM denunció, una vez más, el régimen de vida que padecen los jóvenes alojados en el centro cerrado de Virrey del Pino. En la última semana de diciembre dos de ellos intentaron suicidarse y otros quince se autolesionaron. Pese a esto, hasta hoy no hubo asistencia ni contención alguna por parte de los directivos. Se trata de una realidad que se repite sistemáticamente en un lugar controlado por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
La CPM denunció ante el Juzgado de Garantías Nº 1 de la Matanza el régimen de vida al que son sometidos los jóvenes alojados en el centro cerrado de Virrey del Pino, que pertenece al Organismo de Niñez provincial. Esta acción fue motivada por una serie de hechos ocurridos en los últimos días de 2017: dos jóvenes intentaron quitarse la vida y otros quince se autolesionaron.
Los dos jóvenes que intentaron suicidarse fueron encontrados colgados, desvanecidos, lo que motivó un traslado de urgencia al hospital. Finalmente, quedaron alojados en la Unidad Penitenciaria Nº 34 de adultos. En ambos casos, los jóvenes habían realizado previamente pedidos por situaciones familiares a las autoridades del Centro, las que fueron desoídas. En esos días, otros quince jóvenes se autolesionaron provocándose severos cortes en diferentes partes del cuerpo.
Frente a la gravedad de lo ocurrido por el riesgo de vida que implica para los jóvenes, y constatando que las autoridades del Centro no han hecho nada para abordar tareas de contención o acompañamiento, la CPM intervino solicitando que se realice un reconocimiento judicial de la situación, se convoquen peritos médicos, trabajadores sociales y psicólogos. Además, pidió que se prohíba el ingreso de nuevos jóvenes al centro hasta que no se modifiquen las condiciones de vida. En la misma presentación, la CPM volvió a exigir que se haga efectiva la separación del personal del SPB de la guardia interior en la institución.
Los lamentables antecedentes del centro cerrado de Virrey del Pino exigen una mirada aún más alerta por estos últimos episodios. El Centro no cuenta con un equipo técnico acorde a sus condiciones y la población que aloja. Hay una sola trabajadora social y no hay psicólogos; falta personal y los jóvenes padecen un régimen de aislamiento en sus celdas, diario y continuo, por períodos que llegan hasta 24 y 36 horas. Además, los espacios de recreación, reflexión colectiva, o trabajo sobre la responsabilidad penal son nulos. Sólo pueblan los pasillos los agentes del SPB.
Por esto para la CPM es crucial que la justicia intervenga, para transformar las condiciones estructurales sobre las que se asienta un régimen de vida que vulnera todos los derechos de los jóvenes allí alojados.
Resulta imperioso que las autoridades actúen con celeridad para garantizar la integridad física de los jóvenes que todavía permanecen allí alojados y con quienes las autoridades del Centro no han propuesto, hasta el día de hoy, ningún trabajo de contención sobre los acontecimientos ocurrido en diciembre.
Como se ha denunciado en reiteradas oportunidades, el régimen de vida en este Centro se ha ido agravando a partir del corrimiento del Organismo de Niñez bonaerense y el traspaso del control al Servicio Penitenciario Bonaerense, primero de la seguridad exterior y en la actualidad del funcionamiento interno, provocando la carcelización del establecimiento. Los dispositivos y abordajes específicos de un centro de jóvenes se han desarticulado, y se ha dado paso a lógicas de gobierno y prácticas de una cárcel de adultos, lo que vulnera todos los principios y garantías establecidos por las leyes para la promoción y protección de derechos de niñas, niños y jóvenes.

Los presos denuncian lo que nadie quiere ver: un sistema colapsado que viola los derechos humanos

Lo sucedido  en la Comisaría 3º de Merlo es el emergente de una crisis estructural que afecta a todo el sistema de encierro en la provincia de Buenos Aires.  Sobrepoblación, hacinamiento y torturas sistemáticas son la base de este sistema que sólo reproduce la violencia y vulnera los derechos de las personas detenidas. Esta crisis es el resultado de una política criminal punitivista que podría endurecerse aún más si se aprueban las reformas regresivas a la ley de ejecución penal propuestas por el gobierno provincial, como ya se hizo en Nación el año pasado.  

Los hechos  ocurridos en  la Comisaria 3ra de Merlo, donde los detenidos denunciaron públicamente las condiciones infrahumanas de detención, son un claro ejemplo de la situación dramática que se vive en todos los lugares de encierro de la Provincia. No es un hecho excepcional sino una realidad generalizada.

Como la CPM viene denunciando desde hace años, el sistema está colapsado y genera múltiples y sistemáticas violaciones a los derechos humanos de las personas detenidas. Esta situación ha motivado la presentación de cientos de habeas corpus, reiterados informes a la Justicia y los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y motivó incluso la solicitud de una medida cautelar ante la CIDH en 2015.

Sin embargo, nada de esto ha sido tomado en cuenta por las autoridades ni los funcionarios judiciales. La política criminal y penitenciaria ha profundizado aún más su sello regresivo conduciendo a un colapso que padecen diariamente las personas detenidas y sus familiares.

Este colapso se expresa, en primer lugar, en la cantidad de personas detenidas en todo el sistema de adultos. A noviembre de 2017 había 42.800 en toda la provincia, lo que implica un 90% de sobrepoblación contra un 65% del año anterior.

En las comisarías la situación se agrava día a día, porque en ninguna de ellas existen las mínimas condiciones para alojar personas.  A principios de diciembre de 2017 había 3097 personas detenidas en comisarías, padeciendo estas pésimas condiciones de encierro, con situación de sobrepoblación y hacinamiento extremo. Los apenas 1.034 camastros existentes en comisarías provinciales son una muestra de la gravedad descripta. Dos de cada tres detenidos duermen en el piso, la mayoría de las veces sin colchón. Este deterioro estructural del sistema es el que se puso en evidencia en la Comisaría 3ra de Merlo.

Por esto, la CPM intervino hoy ante el Juzgado de Garantías Nº 4 de Morón, para solicitar una serie de medidas tendientes a salvaguardar la integridad física de las personas allí detenidas. En el mismo escrito, la CPM pide además que se de cumplimiento a la orden de clausura que pesa sobre la Comisaría 3ra de Merlo, al tiempo que prohíba el alojamiento de cualquier otra persona en el futuro.

Esto último resulta crucial porque el deterioro del sistema pone en grave riesgo la vida de miles de personas y vulnera sistemáticamente sus derechos e integridad.

Los antecedentes lo señalan de manera cruda y contundente. La Masacre de la Comisaria 1ra de Pergamino, ocurrida el 2 de marzo del 2017, fue otro alerta gravísimo no escuchado por el Poder Ejecutivo. Los siete jóvenes incinerados en los calabozos no han interpelado a la toma de decisiones que la situación obliga, ya que no ha habido a la fecha ninguna acción orientada a revertir esta crisis.

Aun hoy, el 80 % de las comisarias que alojan detenidos no cuentan con los medios adecuados para enfrentar incendios o siniestros de ningún tipo: no hay matafuegos, no hay red de incendios o un sistema de contingencia adecuado. La Masacre puede repetirse en cualquier momento, todas las comisarías son escenarios posibles por sus condiciones de alojamiento contrarias a las leyes vigentes.

Pero hay un dato aún más alarmante: las reformas de la ley de ejecución penal aprobadas a nivel nacional provocaran mayor cantidad de personas detenidas; y será más grave aún si el Ejecutivo provincial logra la aprobación de los proyectos regresivos de reforma a la ley de ejecución provincial que envió a la Legislatura.

Al mismo tiempo, tampoco el Poder Judicial actúa como debe hacerlo. Al contrario, sigue convalidando el accionar policial que conduce la política criminal de la provincia. No controla ni garantiza las mínimas condiciones que exige el plexo normativo, la Constitución  Nacional y los tratados internacionales vigentes. Los detenidos están a disposición de los jueces y son ellos quienes deben velar por sus derechos. Si no lo hacen no es porque no sepan lo que ocurre, sino porque no cumplen con sus deberes como funcionarios públicos y se guían por la demagogia punitiva que no resuelve el problema del delito, sino que lo agrava.

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