Pañuelos verdes para visibilizar el debate
Fue en el marco de una convocatoria de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. En Tandil, luego de la concentración en la esquina de San Martín y 9 de Julio, se fotografiaron en el veredón del palacio municipal.
En torno a este Pañuelazo, se difundió, vía redes sociales, el siguiente análisis al respecto, con la firma de Gisela Giamberardino, docente de la Facultad de Ciencias Humanas de la Unicen e integrante de la agrupación Mala Junta (Patria Grande).
La discusión acerca de la legalización del aborto
La discusión acerca de la legalización del aborto puede y debe leerse en distintas dimensiones, a la vez que enmarcada en un proceso histórico plagado de tensiones teóricas y políticas.
Desde una perspectiva feminista, se entiende que los derechos (no) reproductivos y sexuales, específicamente el aborto, son un punto nodal para la ciudadanía de las mujeres porque es ése el punto de confluencia entre cuerpo y política, entre sexualidad y derechos. Entonces, de cómo se dirima esta conjunción en cada sociedad, dependerá el grado de ciudadanía del que gocen las personas y particularmente las mujeres.
Fotos: gentileza Emiliano Invernizzi.
En principio, el debate sobre el aborto debe entenderse enmarcado en la historia de los derechos sexuales y (no) reproductivos en nuestro país. En los inicios de la década pasada, se dio un debate en torno a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, y desde 2005 se presentan alrededor de 300 proyectos, que proponen desde la penalización absoluta hasta la despenalización del aborto en distintas gradaciones. En 2003, se conforma la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto que enarbola tres ejes, que son a la vez una estrategia integral basada en demandas contundentes: Educación Sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar y Aborto legal para no morir. Tras una década larga de debates, la legislación sobre sexualidad, salud y derechos en Argentina se ha ampliado notablemente, así como las políticas públicas vinculadas.
Todos estos cambios son evidencia de que el movimiento de mujeres, se ha dado estrategias de visibilización y ha logrado así poner el tema en agenda. Estos esfuerzos, si bien dinamizaron el discurso público, no habían logrado hasta hoy permear el debate parlamentario de forma contundente. Por eso, estamos en un escenario novedoso y complejo que desafía al movimiento de mujeres tanto como a quienes tienen el deber y la responsabilidad de sancionar leyes. Este martes dará inicio en Diputados el tratamiento formal en cuatro comisiones. Por el momento, hay cinco proyectos, y el que dio pie al debate y que se presentó con 71 firmas de un amplio arco político, es el de la Campaña.
¿Por qué es urgente y necesario despenalizar y legalizar la interrupción del embarazo? Por un lado, es un problema de salud pública, cuyo desafío es reducir los altos índices de mortalidad materna, que se estiman (ya que no hay datos oficiales) en quinientos mil por año, y que superan las cifras de países en los que el aborto está legalizado. Estos datos muestran cómo la penalización no impide su práctica, sino que la hace peligrosa. El aborto es parte de la cotidianeidad de medio millón de mujeres que año a año desoyen mandatos sobre sus cuerpos y sus vidas, a pesar de los riesgos implicados en esa clandestinidad. Una particularidad de nuestro país es que hay altas tasas de embarazo adolescente, con datos que arrojan que en algunas regiones como NOA, representan el 23% de los nacimientos.
Paralelamente, es un tema de Derechos Humanos y se enmarca claramente en los Derechos Sexuales y (no) reproductivos, siendo el primer derecho sexual aquel que permite decidir no reproducirse, es decir que “en ejercicio del derecho humano a la salud, toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo” (art. 1 del Proyecto de la Campaña).
Tomando argumentos que han sido consensuados, sostenemos que despenalizar y legalizar el aborto es admitir que no hay una única manera válida de enfrentar el dilema ético que supone un embarazo no deseado; reconocer la dignidad, la plena autoridad, la capacidad y el derecho de las mujeres para resolver estos dilemas y dirigir sus vidas; y aceptar que el derecho a decidir sobre el propio cuerpo es un derecho personalísimo ya que éste es el primer territorio de ciudadanía de todo ser humano.
