«Un Golpe de Estado institucional, perpetrado por el Gobierno»
El siguiente es un texto en el cual el reconocido constitucionalista, doctor Eduardo Barcesat, explica los verdaderos alcances del Decreto 27/2018 (publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, del 11 de enero de 2018). Con esta norma de 192 artículos, que se denomina «Desburocratización y Simplificación”, el gobierno deroga leyes y modifica otras 140. Algunos medios hablan de «Megadecreto» o del «DNU más importante de la era Macri». Otros hacen hincapié en que replica, en uno de sus párrafos, una disposición del ministro de Economía de Menem. Barcesat habla de «Golpe de Estado institucional».
(por Eduardo Salvador Barcesat)
Desafiando la institucionalidad, el Gobierno Nacional acaba de avasallar las compuertas de la división de poderes mediante el dictado, inmediata publicación y entrada en vigencia del Decreto 27/2018 (B.O. 11-01- 2018), groseramente denominado “Desburocratización y Simplificación”.
Se trata, cuando no, de un decreto nominado como de “necesidad y urgencia”, que invoca, pero no cumplimenta, los recaudos establecidos por el art. 99, inc. 3º de la C.N.
Recordemos el texto de esta norma, en cuanto aquí concierne: “El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlo, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros…”
Ahora bien, con un Congreso de la Nación convocado a sesiones extraordinarias por el propio Poder Ejecutivo Nacional, ¿qué es lo que impide que ambas Cámaras del Congreso de la Nación se avoquen al tratamiento de un proyecto de ley que modifica –y derrumba- la estructura institucional del Estado de Derecho,
cuyo pilar basal es la división de poderes?
La respuesta es sencilla: no hay ninguna razón de necesidad y urgencia; simplemente que es más efectivo, brutalmente efectivo, apropiar la potestad legisferante conferida al Congreso de la Nación que, valga recordarlo, es el primero de los tres poderes que regula la Constitución Nacional, y que es el que mejor expresa, por la representación proporcional, el mapa de la voluntad política de la República Argentina y el principio de la soberanía del pueblo.
El artículo 36 de la Constitución Nacional, una de las incorporaciones más señeras de la Reforma Constitucional del año 1994, establece el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, condenando de la forma más severa posible en el ordenamiento jurídico, los golpes de estado. Y si bien es claro cuando la usurpación del poder político se comete desde fuera de los tres poderes que conforman el Gobierno Federal, bien cabe, en la interpretación constitucional, examinar cuál es la situación del deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, cuando el quiebre del respeto y resguardo a las incumbencias de los poderes que integran el Gobierno de la Nación, es cometido desde un Poder Ejecutivo que transgrede, franca y abiertamente, los límites de sus incumbencias constitucionales, para apropiar, usurpar, las que le competen a los otros poderes; en el caso, las del Poder Legislativo de la Nación.
Es un grotesco institucional la justificación que se ensaya en el DNU 27/2018: “…que encontrándose en receso el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN, el transcurso del tiempo que inevitablemente insume el trámite legislativo implicaría un importante retraso en el dictado de las normas en cuestión, lo que obstaría al cumplimiento efectivo de los objetivos del presente Decreto…”
Pareciera que la desmemoria del conjunto integrado por el Presidente de la Nación Argentina, el Jefe de Gabinete de Ministros, y el conjunto de los Ministros que, necesariamente, deben refrendar la firma del Presidente, lleva a que olviden que el Congreso de la Nación se encuentra en sesiones extraordinarias, por lo que no existe urgencia alguna para “puentear” el trámite de debate y sanción de las leyes. Ni mucho menos habilitar que un simple decreto postergue o suspenda la vigencia de la Constitución Nacional.
Además, de una primera lectura del extenso DNU, surge evidente que introduce modificaciones en normativa penal, procesal penal y tributaria, que le están expresamente vedadas al Poder Ejecutivo Nacional, bajo sanción de nulidad absoluta e insanable (art. 99, inc. 3º, C.N.).-
Estamos, indudablemente, ante un Golpe de Estado institucional, perpetrado en el momento más lábil para las instituciones de la República, y cuando el Gobierno Nacional acusa el impacto de su creciente descrédito por el debate sobre la reforma previsional, la represión ejercida sobre el pueblo de la nación, y el ineluctable fracaso del proyecto económico.
Recordemos, finalmente, que el propio art. 36 de la C.N. reconoce a todos los ciudadanos el derecho de resistencia cuando se avasalla la supremacía de la Constitución Nacional.
Los principales cambios del Mega DNU
– Se derogó la Ley de Abastecimiento de 1952, que permitía y promovía la producción agropecuaria e industrial por parte del Ejército Argentino bajo el argumento de que pudiera existir un esquema de autoabastecimiento en caso de guerra.
– La Anses, a través de su Fondo de Garantía de Sustentabilidad, podrá crear, de manera directa, fideicomisos y operar con instrumentos «apropiados para invertir sus activos de acuerdo a las mejores prácticas financieras modernas«, sin dejar de privilegiar el fin social para el que fue creado. Es decir que podrá operar de manera directa como una entidad financiera.
– Se simplifica el proceso para obtener marcas y patentes: las presentaciones serán digitales y las controversias se podrán resolver en 60 días, sin tener que ir a la Justicia.
– Se habilita exportar hasta 15 obras de arte como equipaje acompañado y como único trámite se requerirá un Aviso de Exportación ante el Ministerio de Cultura, o una licencia especial.
– Se unificó la prestación de servicio de tráfico aéreo en la empresa estatal EANA, dejando de lado la competencia del Ministerio de Defensa, y se incorporan nueve aeropuertos a su sistema de control.
– Se habilitarán «en algunos corredores viales» los llamados «bitrenes», formaciones compuestas por un camión y dos remolques, que permiten transportar más carga, y reducir costos logísticos en más de 20%.
– Se implementará un registro para circular con cuatriciclos, los cuales deberán cumplir con una verificación técnica.
– Las licencias de conducir, tanto para conductores comunes como profesionales, que antes eran emitidas por dos organismos distintos, se unifican en la Agencia de Seguridad Vial.
– Los llamados iniciales de licitaciones de obras públicas ya no tendrán que publicarse en los boletines oficiales de las provincias y/o municipios afectados. Sólo deberán reflejarse en el Boletín Oficial de la República Argentina y cada organismo en su sitio web.
– Se reducen de 10 a 5 días de anticipación para publicar licitaciones de hasta 100 millones de pesos.
– Se elimina la obligación de que las sociedades comerciales presenten de manera encuadernada sus libros contables, tal cual lo establece el Código Civil y Comercial, y serán reemplazados por libros digitales.
– Los reclamos por servicio ante el Enargas podrán hacerse en cada provincia, en lugar de tramitarlos únicamente en Ciudad de Buenos Aires, como era hasta ahora.
– Se cambia el status para 5 tipos de motocicletas que podrán ingresar a través de licencias automáticas, manteniendo también los aranceles acordados.
