No era el modo ni el momento…

Una polémica foto publicada en portales de Olavarría en ocasión de las protestas policiales recorrió las pantallas colocandonos en una posición que casi superaba a la intención separatista del municipio de Tandil manifestada por estos días. Esa imágen se sumó a las de las transmisiones que cubrían las movilizaciones de la fuerza de seguridad a lo ancho de la provincia mientras sigue la pandemia de la COVID-19 disparando estas reflexiones, aptas para quedarnos en casa..

 

Foto: diario El Popular

Todo comenzó durante el fin de semana cuando empezaron a circular por redes sociales distintos mensajes donde se informaba sobre la posible protesta en diferentes jurisdicciones policiales. En esas convocatorias los efectivos y familiares detallaban una lista con los reclamos, que incluían una mejora en los sueldos de los efectivos bonaerenses de todo el distrito y la creación de una mesa de diálogo con el Poder Ejecutivo provincial. “Sueldo mínimo vital y móvil: incremento de un 60% en todas las jerarquías y subescalafones; incremento de un 50% horas extras y del 100% los domingos y feriados y horas nocturnas; jornada de trabajo limitada a 36 horas; reconocimiento de la insalubridad; reducción del régimen jubilatorio: retiro con 25 y 30 años de servicio al 100% de los haberes; creación de una mesa de diálogo con el poder político y dar por cumplido el tiempo mínimo para todos los efectivos de la policías de la provincia de Buenos Aires”, expresaba el mensaje que difundieron con los petitorios. Y obviamente, se sumaba el pedido de que no hubiera castigo para quienes integraban las movilizaciones.

 

Petitorio con reclamos

El  petitorio entregado por los policías al gobernador Axel Kicillof sumaba 14 puntos. El primero pedía que no hubiera sanciones “para el personal que concurra a alguna de las convocatorias pacíficas realizadas”. Del 2 al 6 eran reclamos salariales, en tanto los puntos 7 a 14 establecían las condiciones para fundar, quizás, una policía distinta. Son básicamente los mismos puntos que se vienen pidiendo desde 1988, porque siguen trabajando en las mismas condiciones, lo que señala que se trata de un problema estructural, agravado en los últimos cuatro años por un gobierno que relegó los ingresos de la tropa policial, tal como ha destacado en sus trabajos el investigador de la Universidad Nacional de La Plata Santiago Galar.

Surgió entonces una protesta sorpresiva para muchos. Enarbolada por una fuerza, un sector de la sociedad al que muchos, los que viven «del lado del bien», quizas nunca encuentran oportunidades de cruzarse, excepto en un retén policial o al denunciar un robo. Acerca de las causas de la asonada, las explicaciones eran complejas. Cuando se les acercaron las cámaras, obviando el petitorio algunos expresaron que los había motivado la frustrada liberación de Lázaro Báez. Error, el procesado estaba siendo llevado a prisión domiciliaria, y se lo impidieron con violencia .

También, aludían a la gran cantidad de presos liberados durante la pandemia, que hacía inútil su trabajo. Sin embargo, según informó la ministra de Justicia de la Nación, Marcela Losardo, por fallos de distintos tribunales nacionales y federales se le concedió la prisión domiciliaria a 320 internos de los 12.600 alojados en unidades del Servicio Penitenciario Federal (un 2,5% del total). Actualmente hay 25.000 procesados (la mitad del total) en las cárceles de la Provincia de BA. O sea que en términos legales hay presas 25.000 personas inocentes…

Otros se quejaban de que en algunos casos, los presos cobraban más que ellos, pero el abogado del Sindicato Unido de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria (SUTPLA), Matías Isequilla, había explicado oportunamente que: «La idea, establecida por ley, es que los presos que trabajen alcancen a cobrar un salario mínimo, vital y móvil, que en la actualidad es de $16.875«, en cuanto a la remuneración que percibe un preso.

Captura de emisión televisiva

Llegaron a expresar cuestiones tales como: «hasta los presos cobran el IFE«, señalando un olvido por parte del gobierno. Recordemos que en su momento, ante algunos reclamos de familiares que solicitaban para las personas privadas de la libertad que también pudieran percibir el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), la Anses aclaró que los presos no pueden ser destinatarios de este beneficio.

En realidad, más llamó la atención el hecho de que al convocar a los reclamantes para que explicaran su demanda a las cámaras, pidieron a viva voz entre ellos que venga: «uno que sepa hablar«. Desgraciadamente los que en otras oportunidades quienes accedían a responder las preguntas se terminaban poniendo violentos cuando las preguntas iban acerca de por qué llevaban armas, usaban los vehículos de la repartición, o la razón respecto de si ya les habían concedido sus demandas, no terminaban la protesta.

 

Foto: AP Photo/Natacha Pisarenko Fuente: https://valor.globo.com/mundo/noticia/2020/09/09/policiais-cercam-casa-de-presidente-da-argentina-em-protesto-por-reajuste.ghtml

Como les dijeron en algún canal: «los docentes y los médicos también están mal, pero no protestan con armas…» Lo que de todos modos era una forma de presión inmoderada, porque obviamente no seria lo mismo que los docentes llevaran a sus marchas los pizarrones o los médicos los respiradores artificiales o los colectiveros de una línea se robaran los micros para hacer una marcha.

Ricardo Ragendorfer en su libro “La bonaerense 2. La secta del gatillo” dice: “en tiempos de transformación y ajuste, la policía no es sólo un resorte para gobernar: se convierte en un arma estratégica, aunque de doble filo”. Esta cita funciona como disparador, ya que este libro –completo- nos brinda un interesante punto de vista acerca de la “cocina” de la institución. La policía, como institución social, tiene la función explícita de controlar a los ciudadanos, acorde a lo que establece la ley. Sin embargo, esto no escapa a la tarea de responder a los intereses del gobierno de turno.

Trabajar en la policía para algunas familias es un camino trazado por la tradición. Hijo de policía, hermano de policía, un orgullo. Un servicio a la comunidad tanto como un trabajo en blanco. la posibilidad de tener obra social y jubilación, sin necesitar la formación imposible para muchos de solventar, que sustenta a un médico o un ingeniero. Y muchos recorren su vida laboral por este sendero trazado a este lado de la justicia.

Hay familias que pertenecen a la fuerza. Padres, hijos, hermanas, novias, esposas. Viven en los mismos barrios que los que muchas veces deben buscar a los delincuentes. Aquellos que los identifican con «la gorra», articulando la grieta que inaugurara el mismo José Hernández cuando lo expresó en el Martín Fierro.

Hay generaciones de policías que han surcado toda nuestra historia. Desde el tenebroso comisario Meneses de los relatos criminales de la primera mitad del siglo XX, al ex subcomisario Rinaldi de nuestra comarca, imputado oportunamente por delitos de lesa humanidad. Respetados en el barrio, prontos a imponer correctivos a los jóvenes díscolos.

 

Captura de emisión televisiva

En algún momento fueron parte de las fuerzas de la dictadura. Desgraciadamente no se resistieron a ser brazo armado de ese régimen, y diagonalmente se separaron del pueblo, encontraron identidad en el uniforme y las rutinas, y dejaron de sentirse obreros del mismo modo que se sentía pueblo el que trabajaba en una fábrica, el que estudiaba, o el que era bailarín o poeta.

Identificamos a la policía con la autoridad. Con esa imagen protectora del guardaespaldas de la película con Whitney Houston. Por eso el estado le dio el monopolio de la fuerza a los organismos de seguridad  estatales. Del mismo modo no se puede ejercer la medicina ilegalmente, usurpar ondas radiofónicas o enseñar en escuelas clandestinas.

Entre sus reclamos, la policía reclama tener un sindicato como en otros países, aunque el derecho a huelga es el principal obstáculo para el reconocimiento de la personería gremial de los policías. Por un lado, sería algo raro de ver el rol que tomaría esta agrupación formando la CGT, junto con organizaciones a las que en ocasiones debe encargarse de reprimir.En otro aspecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa que el problema radica en el derecho a huelga, que consagra la Constitución nacional, al afirmar: “Cuando se trata de integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado, los derechos de asociación y reunión deben ejercerse teniendo en cuenta que, por la misma naturaleza de los cometidos profesionales asignados a estos funcionarios, éstos portan armas de fuego”. En Uruguay parece que funciona, pero en EEUU ha servido para fomentar la impunidad acerca de la persecución de minorías étnicas, en tanto en Ecuador y Bolivia fueron caldo de cultivo de golpes de Estado. Por suerte en Argentina no hay afroamericanos. Solamente Facundo, Florencia, Luis, y siguen los nombres…

 

 

Captura de emisión televisiva

Lamentablemente, las expresiones que vimos en televisión estos días solamente eran superadas por la falta de formación de los periodistas que no sabían repreguntar, excepto Antonio Fernández Llorente entrevistando en C5N a uno de los policías sediciosos, que va a quedar en la historia del periodismo, al expresarle: «Ningún gobernador va a negociar con sediciosos, ustedes están rebelados, lo dice el código penal«.

Confundir estado con gobierno, nación con provincia, no prestarse a la argumentación con los periodistas que no estaban dedicados a serles simplemente un portavoz. Incluso se les propuso a los reunidos en Puente 12 que formaran una comisión para mantener un diálogo y evaluar los reclamos. Pero los policías, ex policías, exonerados y familiares reunidos allí no se pusieron de acuerdo y nunca pudieron designar un grupo representativo ni entregar un petitorio. El sistema que regía era que quien quería tomaba el micrófono de los medios, principalmente opositores, hablaba para decir verdades como:“La vida del policía vale 40 pesos la hora”, lo aplaudían y se iba.

 

Foto: QueDigital

En muchísimos casos, los integrantes de los Comandos de Patrulla no se conocían entre sí, de manera que resultaba complicado elegir alguien que los representara. En ese sentido, al no estar organizados, no había una cabeza con quien negociar, quienes hablaban era esporádicos voceros, no elegidos. Los reclamos no eran confluyentes, y además por falta de experiencia-las organizaciones de izquierda podrían capacitarlos-  no llevaban una pauta de negociación: No pedían 100 para aceptar 70. Pedían 100 para aceptar solamente 100, lo que empantana cualquier negociación. Incluso cuando se los daban, no reconocían que se lo otorgaron, como sucedió ante la pregunta de Daniela Ballester.

 

Captura de emisión televisiva

Es importante acotar que la movilización estaba convocada por los efectivos retirados pero esto quedó descartado con el acompañamiento de efectivos que se encontraban cumpliendo con su servicio, que fueron con los móviles, de uniforme y portando armas. Sucede entonces que,  como los policías en actividad no pueden ejercen roles gremiales porque podrían ser castigados,  la representación suele efectuarse por parte de sus familiares por un lado, y por el otro por quienes ya no forman parte formalmente de la fuerza, se conforma una suerte de sindicato clandestino integrado por retirados y exonerados, condición que también les quita representatividad.

En ese marco, un partido que ha hecho de la movilización de masas su identidad, se encuentra con las manos, mejor dicho las masas, atadas,
si la oposición aprovecha una y una una de las posibilidades para limar la posibilidad de distanciamiento social, incluso poniendo en peligro a sus acólitos en plena pandemia.

Si a la movilización del 17A les siguió un aumento de casos, ya comienzan a contar los días para esperar los contagios en la fuerza. En las imágenes televisivas se constataba que no solamente no se guardaba la distancia social, sino que incluso muchos de ellos no usaban barbijos, o los usaban mal que es lo mismo. Con el correr de los días se verá y podremos chequearlo.

Lo peor, es que en realidad están protestando contra lo que no les dio el gobierno anterior, pues de acuerdo con cifras oficiales, la variación del salario real de la Policía Bonaerense -descontado el efecto de la inflación- entre 2015 y 2019 cayó en promedio un 29%. Eso abarca la presidencia de Macri y la gobernación de Vidal en nuestra provincia pero el gobierno actual no tuvo tiempo de organizarse que lo atacó una pandemia inaudita, lo que esclarece un ataque encubierto a Kicillof: El reclamo se lo hacen al que intentó poner las cosas en orden, ya que el gobierno anterior pasó cuatro años sin aumentarles sustancialmente el sueldo. Protestarle al gobierno popular que suplantó a través de los votos al proyecto neoliberal fue un error  que algunos uniformados deberían reconocer. El problema es que muchos se sienten parte de esa historia, sin darse cuenta que son víctimas de un juego de posiciones mayor.

Durante la gestión de Vidal, se comenzó a retrasarlos salarialmente y hasta recibieron chalecos vencidos. Pero reclamaban un aumento de  forma casi extorsiva, parando la seguridad y la paz de todo un país, en el medio de una Pandemia.

 

Captura de emisión televisiva

Se confirma entonces, una cuestión quizás de clase. Se sienten, quieren sentirse, más cerca de aquellos que como hada buena, les dieron una palmadita en la espalda antes que reconocerles gastos de vestimenta o atención de heridas cumpliendo el deber. Como han afirmado varios autores, el mejor producto capitalista es el pobre de derecha, que prefiere a los ricos. El desclasado cuyo mejor ejemplo es el popular cantante de cumbia David Martínez, «El Dipy».

Desde algunos sectores se afirma que los reclamos de los integrantes de la policía bonaerense son justos, cuestionando solamente la forma. Luego de sitiar la residencia del gobernador de la provincia y la quinta presidencial, les fueron conferidos muchos de sus reclamos:  Para resolver el conflicto, el presidente de la Nación Alberto Fernández ordenó que se transfiriera un punto de coparticipación de CABA (gobernada por un Rodriguez Larreta que se diferencia de Macri solamente por madrugar)  a la provincia para que ésta pueda hacer frente a los aumentos salariales. Durante el macrismo, es cierto que el salario policial se resintió. Pero también el de docentes, trabajadorxs de la salud, personal administrativo del estado provincial…

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Pero en un primer momento no abandonaron los piquetes porque aparte de la mejora salarial y el acceso a mejores condiciones de trabajo, lo que también estaban pidiendo era la finalización de represalias institucionales -como sanciones o traslados- para los miembros de la fuerza. Justamente las investigaciones en proceso para crímenes cometidos en el marco de la tarea de seguridad, como los que articula la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), que es una organización política que activa en el campo de los Derechos Humanos, al servicio de la clase trabajadora y el pueblo, con especificidad frente a las políticas represivas del estado y cuya tarea se enfoca a militar una política antirrepresiva, especialmente en todo hecho en el cual una persona u organización sea víctima de las políticas represivas del estado, bajo las formas de represión de control social o de la represión política selectiva.

 

FOTO: NA

Para ellos: «La Bonaerense es la fuerza responsable de la mayor cantidad de muertes en manos del estado en sus diversas modalidades para desplegar el uso monopólico de la fuerza.» Y desde que ha comenzado la cuarentena, la acusan de ser partícipe de 39 muertes en distintos hechos represivos.

Los amotinados, que salieron a manifestarse utilizando recursos estatales, como armas y patrulleros, también pedían eso, algo difícil de pasar por alto, y estaban intentando extorsionar al gobierno para que detenga los procesos. Por ello es preocupante que los uniformados, en lugar de pedir que sean investigados quienes entre sus filas puedan haber cometido crímenes o ilícitos, en algunos casos se pedía casi que no se siguiera la indagación acerca de los posibles delitos que esos miembros hubieran cometido. Con lo que nunca se sabrá si las acusaciones eran o no cabales, lo que es difícil de comprender para quien buscar la verdad.

 

Captura de emisión televisiva

Pensar que la policía cuida a los habitantes, es desviar la atención sobre el vínculo que une el accionar policial, con los intereses políticos. Pero… ¿A quien cuida la policía? ¿Para qué?, ¿Cómo?, ¿De quién? Estas preguntas nos deberían orientar para pensar cómo se conforma el vínculo entre el poder y los mecanismos de control que les permiten, a los que lo detentan, llevar a cabo sus cometidos. Y aquí surge la pregunta acerca de quién tiene el poder realmente. El zabeca de Banfield algo había querido decir pocos días atrás, y algo se le escapó sobre la organización a  Florencia Arietto una ex asesora de seguridad de Patricia Bullrich, quien tenía información que ignoraban los actuales funcionarios del área.

Recordemos que la agenda de pedidos no era solamente de reclamos salariales. Una visible frente a la residencia presidencial de Olivos reclamaba “libertad para los 8 policías de la comisaría de La Tablada”, en referencia a los presuntos violadores y torturadores de 28 mujeres en la seccional 3ª de La Matanza, cuya prisión preventiva fue recientemente confirmada. Uno entre varios casos.

 

Foto: Infoeme

Como dicen los colegas, es difícil hacer un periodismo no-punitivista en nuestro país. Olavarría no es a partir de ahora solamente la ciudad del cucú en una rotonda, el monumento al trabajo o los puentes colgantes. Ahora la define una foto que nos aúna con la imagen del Diputado Olmedo, el Malevo Ferreyra y el «Rosque» reuniéndose con Macri.

En momentos que una pandemia inédita recorre el planeta, una protesta que intentaba ponerle los puntos a un gobierno democrático que no debía ser su destinatario, además de no manifestar solidaridad con los trabajadores de la salud que en pocos días quizás deban atenderles, erró el modo y el momento para establecer un tono más oscuro para nuestro país.

Los uniformados arrastran atraso salarial desde hace muchos años, al tiempo que han sido estigmatizados reiteradamente como brazo armado de un poder muchas veces dictatorial. Quizás sea momento para que tengan oportunidad de reflexionar acerca del papel que tantas veces les ha asignado la sociedad, y salir de esa crisis encontrando su lugar junto a los sectores populares a los que pertenecen originalmente. Sólo resta esperar que un poco de tiempo que se acumule a nuestras espaldas ayude a clarificar un poco las cosas, y especialmente le de luz de razón a todos quienes se han equivocado tan intrínsecamente.