Olavarría tuvo su primer ‘Martes Verde’
Una gran multitud de mujeres de todos los rangos etarios y, sobre todo, muchas muy jóvenes, se dieron cita en el paseo Jesús Mendía. El verde pobló el centro neurálgico olavarriense en este primer ‘Martes Verdes’, iniciativa de las organizaciones que, a nivel nacional, integran la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Una jornada en la que se hizo una primera aproximación sobre los diversos proyectos presentados en el Congreso y sus implicancias.
Los pañuelos verdes de la Campaña fueron el centro del interés en los minutos previos. Muchas de las personas que allí se acercaron querían hacerse de la insignia de esta causa, para visibilizar en sus ámbitos la adhesión a la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Era llamativa y esperanzadora la numerosa asistencia de jóvenes recién salidas (y salidos) de sus establecimientos educativos, con claras demostraciones de interés en la temática. Estuvo presente y girando aún en el ambiente el femicidio de Verónica Montenegro y el asesinato de sus hijos (a manos de Ríos), en un cartel que consignaba: «A Verónica Montenegro e hijxs la mató el Estado».
Desde Socorristas Olavarría se hizo una introducción, señalando la existencia de nueve proyectos de ley presentados (y uno por presentar) en el Congreso de la Nación al día de la fecha. En ese marco, resaltaron que el proyecto de la Campaña es apoyado por más de 300 organizaciones de todo el país y, al interior del recinto, tiene la adhesión de 71 diputadas y diputados. De los demás proyectos, algunos van por la despenalización y la legalización, mientras otros mantienen la penalización y/o agregan causales o reafirman los ya existentes. Por esta razón, resaltaron la importancia de reconocer las diferencias entre las iniciativas. Por ejemplo, las provenientes del PRO no derogan el artículo 86, lo que mantiene la penalización del aborto.
En la oportunidad, se repartieron folletos en los que se indica cómo es un aborto con misoprostol, procedimiento propuesto por la Organización Mundial de la Salud. Los proyectos que implican abortos medicamentosos (excepto el presentado por Filmus), se refieren a este tipo de aborto, que implica el uso de alrededor de doce pastillas de misoprostol. Al indicarse también los riesgos, señalados por la OMS, se da cuenta del imaginario y los fantasmas alrededor de los riesgos reales de un aborto medicamentoso. Tipo de aborto que, según la OMS, puede hacerse en la casa (ambulatorio) o en hospitales.
En un contexto en el que el 90% de la población es ignorante respecto al aborto, muchos vecinos pasaban observando la multitud, pero sin detenerse. Que sea Socorristas la organización que se encargó de la charla informativa no es casual: es una fuente autorizada, por su labor en el territorio, con conocimiento real y concreto sobre más de 5.500 socorros y datos de abortos ambulatorios en condiciones cuidadas. Circunstancia que implica que “la mujer está en total condición de decidir sobre su cuerpo, de notar qué es lo que le está pasando, sin necesitar un médico o una médica que le diga qué es lo que le está pasando: la mujer puede saber cuáles son las alertas, puede saber en qué momento tiene que recurrir al servicio hospitalario”, señalaba Eugenia Del Campo, desde Socorristas. “Sobre 5871 mujeres, solamente el 7% tuvo que concurrir al hospital para controlarse inmediatamente durante el proceso”. Valor bajísimo respecto a la alarma que pretenden instalar de que colapsaría el sistema de salud público y el privado: “No tienen datos para poder decir una cosa así. Socorristas los tenemos y los estamos presentando al Congreso, con argumentos de mujeres que abortaron y tienen qué decir al respecto. Nosotras, si algo hacemos, es dar información”.
Puntos de debate y diferencias
En el paseo Jesús Mendía se indicó que, mientras en el proyecto presentado desde la Campaña se pide la derogación de los artículos 85 y 86 del Código Penal, que penalizan el aborto, en uno de los proyectos del diputado Wisky (PRO) se pide modificar el Código Penal e incorporar a los causales (por los que ya la Corte Suprema de Justicia se expidió) la interpretación de la salud en sentido amplio: implica el aspecto social, emocional y económico.
En relación a la edad en que se considera que la mujer puede solicitar una interrupción voluntaria del embarazo, en líneas generales, es a partir de los 16 años. En el proyecto de Araceli Ferreyra (Frente para la Victoria), se propone que sea a partir de los 13 años; desde la Campaña, se insiste con que sea a partir de los 16 años y, en caso de que sea menor, tenga el acompañamiento de un progenitor o de quien cumpla esa función.
Sobre el tiempo para la solicitud de la interrupción, es hasta la semana 14 y, en algunos casos, hasta la semana 15. Para todos los proyectos que implican el aborto no punible (con causales de salud, violación y/o malformación), este lapso de tiempo se extiende. El proyecto de la Campaña implica también la malformación, y ahí residen algunas diferencias conceptuales.
Despenalizar implica que la mujer que decida interrumpir su embarazo no va a ir presa como hasta el momento. En ese punto, Del Campo recordó el caso de Belén, la joven tucumana que estuvo presa durante tres años tras sufrir un aborto espontáneo y fue absuelta hace un par de semanas, gracias a la lucha y movilización dada por las organizaciones feministas. Por su parte, la legalización implica que el Estado se hace cargo y dicta leyes para poner en función la despenalización.
Se charló sobre lo sucedido en la mañana y en horas de la tarde de ese histórico martes 10. Acerca de las argumentaciones contra el aborto legal, seguro y gratuito, Del Campo las calificó como ‘dolorosas’: “Pensar que una persona se va a sentar a argumentar diciendo que ‘yo tuve la oportunidad de nacer, pude jugar al fútbol, pude acostarme con mi mamá, y ese ser no va a poder’, no resulta argumento asidero”. Invitó a las y los presentes a escuchar esa otra vereda, ya que “necesitamos saber de qué se está hablando en cada momento, con qué se está argumentando y amparando, para poder debatir desde un lugar del saber, de la experiencia”.
Acerca del aborto vía misoprostol al que se refieren en ocho de los proyectos, existe otro, con una medicación combinada: el proyecto que envió Daniel Filmus (Frente para la Victoria) incorpora el uso de mifepristona, droga no tan conocida como el misoprostol. Se trata de otro medicamente que detiene la producción de progesterona: se utiliza antes del misoprostol y hace que esa interrupción sea de una manera más ‘gentil’ y más segura para la mujer, ya que impide y asegura que no haya hemorragias, la única gran preocupación que se tiene con el uso del misoprostol.
En ese sentido, Filmus propone que el misoprostol y la mifepristona se fabriquen en el país y que el Estado los distribuya. Hospitales con laboratorios, como el olavarriense, podrían producir estos medicamentos, declarados por la OMS como ‘esenciales para la salud’, por lo que el Estado no tendría que pagar precios exorbitantes por la patente. Vale decir que hoy sólo un laboratorio produce este medicamento (Oxaprostol, por Beta) y su valor es considerablemente mayor al que tiene en otros países latinoamericanos: “Se está haciendo el negocio, como aquellos médicos que, en Olavarría, se declaran ‘objetores de conciencia’ y en sus consultorios, por la módica suma de 25 mil pesos aproximadamente, dejan de ser ‘objetores de conciencia’”, señalaron las Socorristas.
De protocolos varios: ILE y Aborto No Punible
En la necesidad de generar tiempos específicos para efectuar esta interrupción, al referirse a los casos de mujeres que ingresan solicitando interrupciones legales del embarazo, entre la solicitud y la realización no deberían pasarse los cinco días. Sin embargo, no es lo que pasa y en Olavarría no hay ILE, sino Abortos No Punibles (desde el Fallo FAL). En ese punto, no todas ni todos los presentes estaban al tanto de la diferencia.
Yessica Almeida, del Plenario de Trabajadoras y el PO-FIT Olavarría, indicó que en Argentina, el aborto es legal, bajo determinadas causales: violación, riesgo de vida y/o de salud de la mujer, o inviabilidad del embarazo.
Al respecto de los protocolos de Nación y de cada provincia, se tomó el megáfono y se explicó que la diferencia entre el protocolo de Nación y el de provincia de Buenos Aires está en la instrumentación del procedimiento. El protocolo ILE de Nación tiene una mirada más inclusiva y sigue siendo el Estado el que instrumenta: no plantea la despenalización, sino que amplía la mirada para los causales. Asimismo, el de 2015 plantea que sólo se necesita un médico diplomado para determinar las causales para la interrupción. Por otra parte, el protocolo ILE bonaerense es más restrictivo: plantea la formación de un comité, integrado por un ginecólogo, un profesional de la salud mental, y una asistente social, para determinar si la mujer o persona con capacidad de gestar acredita las causales para el aborto.
¿La traba? Siempre depende de otro si las causales son justas y necesarias: nunca es la mujer la que decide, sino que un profesional intermedia entre esa decisión y que el aborto sea legal. Dependerá del centro de salud al que se llegue el tener la posibilidad (o no) de que esa interrupción se efectúe. En lugares donde el protocolo ILE Nación tiene vigencia, en caso de que un médico se presente como ‘objetor de conciencia’ (en contra de la interrupción), se puede ir a otro. En Olavarría, con el protocolo vigente de Provincia, el hospital decide si se puede o no abortar, por quienes integran el Comité: se debe pasar por un filtro que puede expedirse entre tres días, una semana, y sólo dejan pasar las causales extremas de salud o de riesgo de vida. Tampoco se pone en consideración cuál es el riesgo que la mujer quiere asumir.
Eugenia Del Campo (Socorristas Olavarría).
En esa dirección, sobre los ‘objetores de conciencia’, Del Campo subrayó que en el proyecto de Araceli Ferreyra (Frente para la Victoria), se pretende penalizar a quien no haya manifestado con antelación ser ‘objetor de conciencia’, con una multa y una inhabilitación de cinco años. Esto resulta de casos con causales, en los que en los hospitales, todos los efectores de salud que pueden practicar la interrupción, se declaran ‘objetores de conciencia’, obligando a peregrinaciones de ciudad en ciudad a las mujeres, incluso para buscar el medicamento para poder hacerse ella misma la interrupción, al no ser atendida en ningún hospital. También es preocupante la ignorancia de los propios integrantes del sistema médico: hay hospitales en los que creen estar aportando a la interrupción, suministrando el misoprostol vía oral, cuando para que funcione tiene que ser sub-lingual o vaginal. Revictimización sin fin.
En ese marco, se recordó el caso en el que se le negó la ILE, en Rosario, en 2005, a una joven con tratamiento de cáncer. Solicitó la interrupción por riesgo de vida, y en el hospital, los médicos que la atendían, se lo negaron. Murieron ambos. Estos médicos han sido los primeros (y únicos) encarcelados por el incumplimiento de la ley. A partir de estos proyectos de ley, sí va a haber penalización para quienes se nieguen a cumplir con la ley.
“Si se cumpliera con lo ya establecido por la Corte Suprema de Justicia, a través del Fallo FAL, no haría falta hablar de estos proyectos de legalización: se entendería que si la mujer dice que no quiere ser madre y que le implica un afrontamiento económico que no puede llevar adelante, alcanzaría. Sin embargo, no sucede”, señaló Del Campo, y agregó: “Los diputados y las diputadas que presentaron proyectos de ley no han innovado en nada: incrementan malformaciones; penalizan a los médicos; se fijan si van a ser 13 o 16 años la edad de la mujer; van a producir los medicamentos en Argentina y lo van a distribuir; y se implementa algo ya escrito para provincia de Buenos Aires, la creación de Consejerías pre y post-aborto”. El proyecto de la diputada Villavicencio (UCR) considera que puede haber un trauma post-aborto, mientras que los demás dan cuenta de que son las condiciones de ilegalidad y clandestinidad las que provocan el sufrimiento. “Estamos repletas de estas situaciones donde contenemos a la mujer que se debate en la penosa necesidad de entrar en la ilegalidad”, marcaron Socorristas.
Tareas para el próximo Martes Verde
La idea de los Martes Verdes es la de generar espacios de debate acerca de cómo es el aborto que las mujeres piden y cómo llevarlo adelante; y para estudiar y discutir los nueve proyectos y sus diferencias: “Vamos a ir ahondando, para realmente ser conscientes y saber qué es lo que están legislando sobre nuestros cuerpos”. De hecho, para hacer gráfica la situación: en el debate matutino en el Congreso, el 40% de los que argumentaron eran varones y el 60% mujeres; a la tarde, eran prácticamente todos varones. Por estas razones, se invita a las mujeres a hablar de aborto, a llevar el pañuelo, a alzar la voz, a visibilizar la adhesión a la causa, a instalar en sus lugares el debate “con calma, altura y argumentos”.
Como cierre de este primer encuentro, Almeida remarcó que la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito trabaja en su proyecto de ley desde hace más de ocho años; y que son todas organizaciones de mujeres las que escriben, sostienen y adhieren a este proyecto, “a partir del trabajo en los barrios, en las calles, de organizarse y marchar: saben cuáles son realmente las necesidades de las mujeres”. De ahí, la necesidad de “conocer los demás proyectos y saber de dónde salen”.
