Un asunto y el hartazgo deliberante: el Ejecutivo en su modus operandi
La del jueves 26 de julio parecía, a primera lectura del orden del día, una sesión tranquila, en el Concejo Deliberante tandilero. Al menos, sin muchos asuntos ‘polémicos’. Sin embargo, varios temas recibieron horas de debate. Con chicaneos incluidos, del oficialismo de la UCR-Cambiemos, el pedido de convalidación de algunos convenios del Ejecutivo con organizaciones y empresas destapó un modus operandi de la gestión que lidera Miguel Ángel Lunghi. Modus operandi que choca con la Ley Orgánica de las Municipalidades. De decretazos, automatismos, ‘apuradores’ y demás yerbas…
Juan Pablo Frolik, presidente del cuerpo legislativo de Tandil, anunció el tratamiento del ‘asunto 433/2018’, relativo a la convalidación de un convenio entre la Secretaría de Protección Ciudadana y ‘Pladema’ para ‘consultoría’. Asunto que, según lo acordado en reunión de labor parlamentaria, se trataría en conjunto con los asuntos 485/2018 y 497/2018, relativos a un convenio de colaboración de la Secretaría de Economía y Administración con la Cooperativa de Recuperadores Urbanos, y a una prórroga de locación del salón de Rodríguez 445 como Oficina de Información Turística, respectivamente.
El concejal Facundo Llano, del unibloque Justicialista, fue el primero en tomar la palabra. Sobre el 433, un convenio entre el Municipio y la Unicen, indicó dónde radicaba su oposición a la aprobación, “sin perjuicio de discutir la oportunidad, mérito y conveniencia de los objetos de este convenio”: el compromiso de ejercicios futuros que el Municipio tiene para con la contraparte; y que el convenio se firmó en febrero y el 13 de abril “ya tenemos un decreto del Intendente que aprueba el convenio y ordena se efectúen los pagos conforme los compromisos asumidos”, sin razón de intervenir para el Concejo Deliberante ante ‘el hecho consumado’.
Llano denunció que no es novedad este accionar del Ejecutivo, “en todos los convenios en los que el Concejo participa. Queremos discutir el objeto del convenio, la ejecución del gasto y el compromiso que el Municipio adquiere con ese contrato firmado por el Ejecutivo”. Por esto, subrayó: “No es una buena práctica democrática que el Intendente firme un decreto en abril, producto de un contrato que suscribe en febrero, y que lo envíe meses después al Concejo para que se lo apruebe. No estamos para eso: estamos para debatir, analizar y, eventualmente, aprobar, pero no es éste el caso, ni el método ni son las prácticas”.
Nilda Fernández, del Bloque Integrar, compartió ese análisis y recordó que se lo quiere citar al secretario de Protección Ciudadana para dar “explicaciones sobre estos temas y pedidos de informes que tenemos sin contestar”. Darío Méndez aclaró que desde Unidad Ciudadana estaban de acuerdo con el convenio, pero ante lo planteado por Llano “no lo vamos a acompañar”; e indicó que “no es la primera vez que sucede esto en la comisión de Economía”, por lo que le pidió al respectivo presidente, José Luis Labaroni (UCR-Cambiemos) “que chequeé y no nos involucren a los concejales a votar cosas que están, de hecho, realizadas”. Labaroni respondió que su rol al frente de la dicha Comisión es presentar los expedientes, y el de Pladema fue un expediente que quedó para que fuera estudiado: “Es responsabilidad de cada uno de los concejales agarrar el expediente y estudiarlo, como yo los he estudiado”.
María Eugenia Poumé (Unidad Ciudadana), a propósito de deudas tomadas desde la Secretaría de Protección Ciudadana, se refirió al contrato suscripto con Cablevisión por las cámaras de seguridad, y exigió que ese expediente pase por el Deliberante. “5 millones de dólares, con un dólar a 15 pesos, fue la deuda contraída en su momento, pagadero a 5 años. Hoy, el dólar está a más de 28 pesos. Una deuda que no es legítima, en tanto y en cuanto no pase por este Concejo Deliberante”, denunció Poumé. Mientras se espera que Vidal se digne nombrar a los integrantes del Tribunal de Cuentas, “esto no debería pasar sin que el Tribunal se expida. No sólo se paga en dólares el hardware, las cámaras, las computadoras: también el trabajo manual. Todo en dólares. Y de eso es responsable Della Maggiora y el Intendente, que no cumple con lo que tiene que cumplir: mandar el expediente a este Concejo Deliberante”.
Concejal María Eugenia Poumé (Unidad Ciudadana)
El convenio con recuperadores urbanos, en escena…
De ello se encargó la concejal oficialista Nora Polich, al aclarar que ese convenio “también tiene un decreto del Intendente. Me gustaría que clarificaran en qué sentido van a votar: si los van a votar por separado o no van a votar ninguno, porque está en las mismas condiciones que el convenio de consultoría con Pladema”. Al mirar de nuevo el expediente 485/2018, confirmó que “también compromete fondos de ejercicios futuros: en 24 cuotas mensuales y consecutivas de 20 mil pesos, a partir del mes de mayo de 2018”.
Llano resaltó que, “a menos que la Ley Orgánica de las Municipalidades haya sufrido algún tipo de modificación que desconozco, el Concejo es llamado a intervenir y a aprobar los convenios, conforme el artículo 273”, que comprometen ejercicios futuros, así como es obligación del Ejecutivo “someterlo a consideración para que el gasto que vaya a realizar sea un gasto válido, aprobado efectivamente por el Concejo”. Aunque varios bloques están a favor de la labor de las cooperativas, de los recuperadores urbanos, de la economía popular, y de la posibilidad de que el Estado les brinde herramientas y “un lugar donde desarrollar una parte de sus actividades”, lo de Pladema es distinto. Estrategia de la gestión oficialista o no, los convenios con Pladema se desdoblaron en el Concejo, pero son cuatro. Llano detalló: “uno por 400 mil pesos, de consultoría y análisis de factibilidad; otro por un millón de pesos, una simulación de tiro; uno de 542 mil pesos, un video resumen; y uno de 800 mil pesos, de smart-cam”.
Llano subrayó: “Los concejales resolvemos de acuerdo a nuestro criterio, opinión, experiencia, respecto de cómo está trabajando cada Secretaría, el comportamiento en el uso de sus recursos, la eficiencia respecto a los objetivos y metas planteadas; y en función de eso, aprobamos o no un recurso. El artículo 273 de la Ley Orgánica se lo exige al Intendente”. Iparraguirre agregó: “Más allá de las interpretaciones que podamos tener en este cuerpo, la Ley Orgánica establece que, cuando se trata de convenios que implican compromiso de ejercicios futuros, hasta que no los convalida el Concejo Deliberante, no se pueden poner en marcha”. Señaló que, “cuando se ejerce la mayoría de manera holgada y durante tanto tiempo”, parece dar lo mismo poner en marcha el convenio en cuestión o no, ya que, elevado al Concejo, con el voto del oficialismo basta, a pesar de lo estipulado por la ley.
Rounds y aclaraciones
Mauricio D’ Alessandro (Integrar) ‘celebró’ “la grieta jurídica que encontró la concejal Polich, más para redes sociales que para este Concejo, que no puede enfrentarse al dilema del ‘roba pero hace’”. Adelantó que su bloque no apoyaría ningún proyecto, no por desacuerdo con causas como la de los recuperadores, sino porque “no es el camino el que eligió el Ejecutivo”.
Para Matilde Vide (UCR-Cambiemos), “más allá de que, en el tecnicismo, el compromiso de ejercicio futuro se debe elevar durante el ejercicio, cuando se hicieron convenios con el privado, se criticó que no se hacía con la Universidad”, y al hacerse con la Unicen, “hay pruritos para aprobar el compromiso de ejercicios futuros con la Universidad”.
Mario Civalleri, presidente del bloque UCR-Cambiemos, indicó: “Supuestamente, los recursos para enfrentar los gastos del ejercicio en curso están presupuestados, con lo cual habría tiempo, durante todo este ejercicio, para tratar el compromiso de ejercicios futuros”, lo que no le pareció “una cuestión estricta de legalidad”. También dio cuenta de “otra discusión que todavía no hemos zanjado”, respecto de “la pertinencia de la intervención del Concejo Deliberante en la convalidación de los convenios. Se está trabajando en ese sentido, con lo cual en poco tiempo tengamos una definición final”.
Para Civalleri, en el compromiso de los ejercicios futuros, “no afectarían los pagos que se han hecho”. Se quejó de que, tratándose de “convenios que cuentan con el consenso político, respecto de la esencia no escuchó decir mucho. Dejarlos en suspenso u observarlos por una cuestión administrativa que, creo, está salvada, me parece que no es pertinente”. Instó a avanzar en el tratamiento y lanzó: “Creo que los convenios están en ejecución”. Tratando de defender el accionar del Ejecutivo (en función de su pasado como jefe de Gabinete y secretario de Obras Públicas), señaló: “Muchas veces, la resolución de los convenios obliga a tomar decisiones de tiempo”. Con “plena conciencia de cómo se desarrolló el debate y cuál era la contingencia que había que enfrentar” en el convenio de ‘desarrolladores urbanos’, según Civalleri “esa atribución es una resolución que el Ejecutivo puede tranquilamente concretar, sin la intervención previa del Concejo. Por eso, la ley prevé que la aprobación del gasto sobre ejercicios futuros tiene tiempo para hacerla”.
Polich le respondió a D’ Alessandro que ella no trabaja en las redes sociales, sino en el Concejo Deliberante, y que va a las comisiones y presta el debate. Aprovechó para espetarle a los demás ediles: “Si estaban tan de acuerdo con la cuestión de fondo, de apoyo a las instituciones, pero no con la forma, lo hubieran planteado viniendo a las comisiones que corresponden”. Al grito de “Yo no chicaneo, expreso las cuestiones como corresponde”, dijo que tiene “una postura tomada en cuanto a la convalidación de los convenios y son discusiones que tenemos dentro del propio bloque acerca de la correspondencia, a dirimir próximamente. Hasta tanto, seguimos apoyando los convenios tal cual los eleva el Departamento Ejecutivo, no por la ‘mayoría holgada’ a la que alude Iparraguirre, sino porque estudiamos los expedientes”.
Poumé destacó que su bloque no estaba en desacuerdo con los convenios con Pladema ni con los recuperadores urbanos, pero se debe respetar lo que marca la Ley Orgánica: “Más allá de lo expresado por el presidente del bloque de la UCR-Cambiemos, estarán definiendo en su bloque cuál es la postura, porque la ley es muy clara, nos guste o no, y cuando se afectan ejercicios futuros, tienen que pasar por este Concejo”. También le aclaró a Civalleri, “que dice ‘tenemos todo el año para que esto ocurra’”, que en lo referido a las cámaras de seguridad “tuvieron todo el ejercicio del año pasado y nunca mandaron el expediente”.
Continuando el intercambio, D’ Alessandro le aclaró a Polich: “No se puede plantear que un concejal tiene que votar a favor porque le gusta, aún violando la ley. Es asumir una conducta ni legal ni legítima”. Asimismo, planteó que en las comisiones con mayoría oficialista, “es muy difícil llevar adelante cualquier crítica”.
Lectura de artículo y la importancia del debate en el recinto
Labaroni reconoció su “escasa retención de algunas cosas, menos de las cosas que están escritas”. Pidió a uno de sus colaboradores le acercara la Ley Orgánica, para leer el artículo 273 y “refrendar lo que yo creo: que el Poder Ejecutivo no ha infringido ninguna norma”. Perteneciente al Capítulo 14 (de Disposiciones generales), el artículo 273, leído por Labaroni (decreto-ley 6.769/58), reza: “El Departamento Deliberativo podrá autorizar planes de obras públicas, compras de elementos mecánicos para servicios públicos y otras contrataciones, comprometiendo fondos de más de un ejercicio. En tales casos, el Departamento Ejecutivo deberá formular anualmente las pertinentes reservas de crédito en los presupuestos”. Según entendió Labaroni, “se debe elevar el convenio para que se apruebe el gasto del ejercicio futuro, pero está claro que el gasto está incluido en el presupuesto vigente. Lo que estamos discutiendo, lo hacemos en tiempo y forma”. Para el edil, el eje estaba en que “lo que se eleva es el convenio para aprobar el gasto del año que viene y de los sucesivos meses”.
Gustavo Ballent (Integrar) aconsejó leer también el artículo 41, que corresponde al Deliberante autorizar cooperativas, convenios y acogimientos a las leyes provinciales o nacionales, por lo que “el Concejo debe autorizar este tipo de convenio”. En respuesta a cierta chicana oficialista, preguntó: “¿Cuál es el problema de discutir las cosas en el recinto del Concejo? Es el lugar donde se debe dar la discusión plena. La comisión es un trabajo importante, pero la definición de los temas se pueden discutir en el Concejo. Para eso estamos acá. Si no, venimos con el asunto consumado desde la comisión, no hablamos y votamos”.
Concejal Gustavo Ballent (Integrar)
En respuesta al planteo de Ballent, Vide aseguró que “todos vemos con buenos ojos que se discuta en este recinto”, aunque “las comisiones son una buena fuente de trabajo: se encuentra por primera vez con el expediente, manifestamos la primera impresión, analizamos, revisamos cuestiones”, para concretarlos con más diálogo. “Todo esto lo podríamos haber discutido en la comisión, hubiésemos logrado algunos puntos en común y podríamos votar”, remató. Para Vide, además, se trataba de dos discusiones distintas: la del compromiso de ejercicios futuros (“que la Ley Orgánica prevé que se debe aprobar durante el ejercicio, para comprometer el gasto del ejercicio futuro”, definió), y si, “ante cualquier convenio que difiere, como cuerpo debemos convalidar o solamente tomar conocimiento, y qué en cada caso”.
Aclarar y oscurecer: a argumentos sólidos, chicanas patéticas
Luego de 45 minutos de discusión, para Polich, la diferencia estaba en la facultad del Concejo en los expedientes con convalidación de fondos de ejercicios futuros. “Lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo como corresponde, dentro de la interpretación del artículo 273, en todos los expedientes. Hoy, no estamos haciendo nada contrario a lo que corresponde al Concejo Deliberante”. Según la edil oficialista, por eso pidió clarificar la argumentación de Llano y hasta dio su particular interpretación al respecto.
Concejal Nora Polich (UCR-Cambiemos)
Pero no le sirvió de mucho. “Me debo haber expresado de manera muy ambigua o muy vaga, porque jamás quise decir eso. Manifesté que todos los compromisos a futuro requieren la intervención del Concejo Deliberante”, marcó Llano y volvió a diferenciar los contratos de Pladema y el de la Cooperativa de los Recuperadores Urbanos, éste último “de colaboración, en el que el Municipio tiene posibilidad de, eventualmente, rescindir el contrato”. Contrato que, además, “determina compromisos para los recuperadores y muy poco margen de acción para con el Municipio, incluso limitaciones en facultades individuales de reclamo o de manifestación respecto a la actualidad en la que viven”. Para Llano, si bien, intencionadamente, se los planteó en el mismo terreno, “no son los mismos contratos, ni la misma obligación la que adquiere el Municipio, ni los mismos montos comprometidos, ni el mismo tratamiento dado”.
En consonancia con Ballent, Llano sostuvo: “Está bueno que el debate se amplíe y se haga en este seno del Concejo Deliberante, en una sesión ordinaria, en la que estamos todos, están los medios, pueden analizar la posición de cada uno”. En ese punto, Llano denunció que en Tandil existe una suerte de “dictamen jurídico que ‘aconseja’ no enviar los expedientes de oferta única al Concejo Deliberante. No sé cuál es la pirueta que encontraron, pero basta tener ganas de creerlo para no enviarlo, sin mayores argumentos”. Según el edil, también sucede con convalidaciones de convenios, así como con comodatos en el espacio público o de dependencias del Municipio, “a instituciones o a privados, que no pasan por el Concejo Deliberante. Si las cosas las hiciesen como corresponde y respetando la división de poderes, la Ley Orgánica de las Municipalidades y el ejercicio de este Concejo Deliberante, tendríamos una democracia más sana y una relación de poderes más constructiva”. Llano resaltó lo “bueno” de que “este expediente haya sido el disparador para todas estas cuestiones importantísimas”.
Llano también indicó que “muchas veces acompañamos, de buena fe, obligaciones que tiene el Municipio, especialmente contratos de alquiler, enviados meses después de haberlos suscripto, con principio de ejecución y obligaciones por parte del Estado”. Tratándose de situaciones de hecho, “votamos y nunca hemos dicho nada. Aún así, el Ejecutivo tendría que elevar con anterioridad, pero esto es una acción cotidiana”. De hecho, en el contrato de alquiler tratado, “no logramos que el Ejecutivo se ajuste a lo requerido por el Tribunal de Cuentas respecto a las cláusulas de actualización en los contratos de alquiler”. Por esas razones, “nos tenemos que plantar de esta manera, si no el Concejo, alguien alguna vez dijo ‘es una escribanía’”. El edil no acompaña ese término, por creer en la “autosuficiencia y posibilidad de manifestar su voluntad en este Concejo” de cada edil. “No hay que bajarle el precio al Concejo y hay que estar a la altura de lo que la ley indica y lo que nuestra responsabilidad determina”, sentenció.
Concejal Facundo Llano (Bloque Justicialista)
Acto seguido, Civalleri tomó la palabra: “De la lectura del artículo en cuestión, no me caben dudas de que no existe ninguna maniobra incorrecta, desde el punto de vista administrativo, en la disposición de los fondos del ejercicio 2018 en curso”. Insistió en continuar con los demás asuntos de la sesión y que lo hablado “de ‘discrecionalidad’ en la toma de decisiones, por tener o no mayoría, tiene que ver con otra cosa. Me resulta curioso que pareciera que se invierten los roles”. En ese punto, espetó: “Yo siempre escuché que los radicales éramos ‘demasiado prolijos’ para gobernar y los peronistas eran ‘desprolijos’, y hoy nos encontramos debatiendo cuestiones estrictamente vinculadas a la prolijidad, sin hacer referencia ni decir: ‘loco, el convenio de los cartoneros está bárbaro, yo lo hubiera firmado igual’”. Para Civalleri, debatir “si el Intendente, con el decreto, pagó el primer mes de alquiler para resolver una cuestión de estado público, donde la oposición, que seguramente está de acuerdo y apoya, nos centra en una cuestión estrictamente legalista, donde nosotros parecemos los desprolijos de la película”.
Hastiado del debate, con un “ya está, los periodistas ya los escucharon, la gente sacará sus conclusiones”, Civalleri subrayó: “Ahora se trata de ver si los convenios en cuestión sirven a la ciudad, a los cartoneros, al desarrollo de las políticas de seguridad ciudadana con el Pladema, instituto ejemplar de la Universidad”. Intentando dirigir el análisis a su gusto, “si no vamos a pasar dos horas más debatiendo los alcances del artículo de la ley y nadie hace referencia a que estaría bueno”, Civalleri indicó que, “como bloque oficialista, podemos trasladar al Ejecutivo, tratar de tener una mayor celeridad, ver si se puede acomodar esta situación”. Para el presidente del bloque UCR-Cambiemos, “es más una cuestión que pasa por lo formal. Es desafortunado no ir al fondo de la cuestión. El debate ya está, no creo que haya mucho más, así que, de mi parte, debería avanzarse en la votación, si no hay más uso de la palabra”.
Concejal Mario Civalleri (UCR-Cambiemos)
La respuesta no se hizo esperar, de boca de Iparraguirre: “Cuando el presidente del bloque UCR-Cambiemos dice que toda su vida escuchó que ‘los radicales son prolijos’, lo debe haber escuchado en el comité de la Unión Cívica Radical. No creo que sea una ‘verdad de la Argentina’”, refiriéndose a la supuesta prolijidad radical y la desprolijidad peronista.
Lo contrafáctico, el artilugio y el verbo
Iparraguirre insistió en la pregunta de qué sucedería si, aún con los votos oficialistas, el Concejo no aprobase algún convenio firmado por el Intendente con alguna empresa, con sus órdenes de pago ya emitidas, y la implicancia de erogaciones y ejercicios futuros: “¿Cómo le explica ese Estado que firmó algo, que tiene duración de más de un año con una empresa, que le va a poder pagar sólo lo de ese año y después tendrá que interrumpir el convenio?”
Labaroni ensayó una respuesta: si sucediera ese rechazo, “no vas a poder, el año que viene, poner este convenio en el ejercicio futuro. Podés hacer una previsión presupuestaria por 12 meses, dentro del ejercicio, o reasignar fondos”. Sin embargo, Llano retrucó: solicitó se lea el primer artículo de la ordenanza, y allí apareció el verbo: “Convalídese el convenio de desarrollo tecnológico…”. Llano le explicó a Iparraguirre: “Si este Concejo Deliberante no aprueba el convenio, ningún pago es válido. No solamente los ‘a futuro’, sino los que se desarrollaron, porque el proyecto de ordenanza habla de ‘convalidar’ el convenio”. No compartió la ‘solución’ dada por Labaroni, ya que “el proyecto de ordenanza no habla de autorizar el compromiso de ejercicios futuros ni de efectuar fondos”, sino de convalidar el convenio.
Para bajar el telón del tratamiento de este triple asunto, que llevó minutos más de una hora, se apoyó la moción de Facundo Llano de votar los expedientes por separado. Así fue que el asunto 433/2018, referido al convenio entre la Secretaría de Protección Ciudadana y Pladema por la ‘consultoría’, fue aprobado por la mayoría oficialista. Y el asunto 485/2018, para convalidar el convenio de colaboración con la cooperativa de recuperadores urbanos y la Municipalidad de Tandil, tuvo su aprobación por esa misma mayoría, junto al voto del concejal Llano.
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