Y Azul también: resoluciones por la educación, pasados de lavandina

Presentar proyectos de resolución para que los concejos deliberantes se pronuncien sobre la situación dramática de la educación pública fue parte del plan de lucha de las y los docentes bonaerenses y universitarios. Como dimos cuenta en este portal, estos proyectos se trataron en los legislativos de Olavarría, Tandil y Azul. En estos dos últimos casos, y con una ‘casualidad’ no menos que sospechosa, las y los ediles de Cambiemos presentaron sus propios dictámenes, quitando responsabilidades a Provincia y Nación en el actual plan de recorte y desfinanciamiento a la educación en general. ¿Miedo a represalias, hasta la traición de propias historias personales? ¿Mandato dictado desde la Provincia? Que el pueblo las y los recuerde… y “os lo demande”.

Aunque miles de vecinas y vecinos se manifiestan en las calles del centro de la provincia de Buenos Aires, en defensa de una Educación Pública clara y gravemente en riesgo, las y los ediles oficialistas, convidados de la alianza Cambiemos, no parecen tenerlo tan claro. Por ello, la importancia de que quede constancia de quiénes apoyan los documentos preparados por las propias comunidades educativas, sobre una causa cara a la historia e identidad de las y los vecinos… Y quiénes no (intentando justificar lo injustificable). ¿Miedo a represalias desde La Plata, o simple vocación de defender a la coalición a la que pertenecen, a pesar del desguace?

LA RESOLUCIÓN QUE SE PIDIÓ Y NO FUE

Como en otros puntos del territorio bonaerense, en acuerdo y acompañamiento con lo definido por la comunidad universitaria de la región Centro, ediles azuleños de los bloques de Unidad Ciudadana y UCR-Progresista, firmaron y elevaron un proyecto de Resolución, para manifestar la preocupación por la situación de la educación, junto al rechazo a las políticas nacionales que afectan la autonomía y autarquía universitaria; y para requerir al Departamento Ejecutivo de Azul que gestione, ante autoridades nacionales, la regularización de la situación financiera de las universidades, particularmente de la UNICEN, en una lucha que reúne a la comunidad a nivel regional. Seguido de cerca por la comunidad educativa que se había hecho presente en el recinto para acompañar el proyecto original, en la noche del martes 4 de septiembre.

La letra del proyecto de resolución original, dirigido a Pedro Sottile, presidente del Concejo Deliberante de Azul, indicaba que los firmantes, concejales del Partido de Azul, elevaban y pedían el tratamiento sobre tablas de ese proyecto, en cuyo visto se consideraban: la Ley 24.521 de Educación Superior y su modificatoria Ley 27.204 de Implementación Efectiva de la responsabilidad del Estado en el nivel de Educación Superior; el Presupuesto de Gasto y Cálculo de Recursos para el Ejercicio 2018; y la declaración de la Asamblea Interclaustros del Campus Universitario de Azul del 22 de Agosto de 2018.

El cuerpo del proyecto original se nutrió de varios ‘Considerandos’, como el hecho de que la Constitución Nacional, en su artículo 75 inc. 19, regla que el Congreso Nacional debe “sancionar leyes de organización y de base de la Educación que (…) garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal, y la autonomía y la autarquía de las universidades nacionales”; y que la Ley 24.521 de Educación Superior regula, en el artículo 2º, que “el Estado nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las universidades nacionales”. Allí queda claro que la responsabilidad principal e indelegable del Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre la educación superior, implica: “garantizar la igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso, la permanencia, la graduación y el egreso en las distintas alternativas y trayectorias educativas del nivel para todos quienes lo requieran y reúnan las condiciones legales establecidas en esta ley”; así como “proveer equitativamente, en la educación superior de gestión estatal, becas, condiciones adecuadas de infraestructura y recursos tecnológicos apropiados para todas aquellas personas que sufran carencias económicas verificables”.

Gentileza: Daniel Arias.

En esos primeros párrafos, también se considera lo establecido en el artículo 58º: “El aporte del Estado nacional para las instituciones de educación superior universitaria de gestión estatal no puede ser disminuido ni reemplazado en ningún caso mediante recursos adicionales provenientes de otras fuentes no contempladas en el presupuesto anual general de la administración pública nacional”. El artículo 59°, en su inciso C, habilita a las universidades a “dictar normas relativas a la generación de recursos adicionales a los aportes del Tesoro nacional, mediante la venta de bienes, productos, derechos o servicios, subsidios, contribuciones, herencias, derechos o tasas por los servicios que presten, así como todo otro recurso que pudiera corresponderles por cualquier título o actividad. Los recursos adicionales que provinieren de contribuciones deberán destinarse prioritariamente a becas, préstamos, subsidios o créditos u otro tipo de ayuda estudiantil y apoyo didáctico; estos recursos adicionales no podrán utilizarse para financiar gastos corrientes”.

También debe considerarse que la inversión nacional en las universidades nacionales, que creció de 0,55% en 2006 a 0,86% en 2015, disminuyó a 0,79% en 2016 (el nivel más bajo desde 2011) en relación con un PBI que decreció un 2,3% en términos reales; que desde el 2016, el presupuesto del Estado nacional destinado a las universidades nacionales ha sido subejecutado, quedando sin ejecutar $700 millones destinados al sector en 2016, y $738 millones en 2017. Además de la reducción del presupuesto destinado a las universidades nacionales, por la inflación y el bajo nivel de ejecución, durante todo el 2017 hubo atrasos en los pagos, y al concluir el año, el monto adeudado a las universidades llegó a $10.993,4 millones (12,3% del presupuesto ejecutado). Detalle no menor que dificultó el normal funcionamiento de las casas de altos estudios.

En el proyecto, desde la comunidad universitaria azuleña se señalaba que, a la fecha, la Secretaría de Políticas Universitarias adeuda a las universidades nacionales $13.500 millones y que la paritaria docente no está cerrada aún (acumulando una baja salarial cercana al 40% en los últimos dos años y medio), lo que conduce (aún hoy) al no inicio de actividades académicas en cerca de 57 universidades nacionales, afectando a 1.600.000 de estudiantes. Paritaria docente discutida en una “mesa” conformada por autoridades del Ministerio de Educación y gremios docentes, que venció en febrero último, y desde esa fecha sólo se convocaron tres reuniones y el aumento repetitivo del 15% (que ahora escaló a un 25% que fue aceptado por algunos gremios, no así por  la Conadu Histórica, a la que pertenece Adunce). “Los docentes se encuentran cobrando sólo un 5% más que el año pasado, decidido unilateralmente por el Gobierno”, denunciaban.

Gentileza: Miguel Mugueta.

En lo relativo a la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, la comunidad educativa indicaba que el presupuesto para el ejercicio 2018 “es idéntico al sancionado en 2016 para el ejercicio 2017”, sin tener en cuenta que la variación acumulada del IPC-INDEC en ese periodo fue del 55%. De hecho, en declaraciones a medios, el Rector de la UNICEN, el contador Roberto Tassara manifestó que ese “congelamiento del presupuesto, sumado a la inflación y a la deuda que el Estado nacional mantiene con la UNICEN (que, a la fecha, asciende a $75 millones), ha obligado a la Universidad a emplear recursos propios para afrontar gastos corrientes, que sólo alcanzarían para cubrir el déficit de este año”. Gastos corrientes que comprenden lo referido a servicios públicos (gas, luz, agua), seguridad, higiene y prestación de otros servicios esenciales (insumos para labores administrativas y docentes, internet, etc.) de las cuatro sedes de la Unicen.

Del presupuesto destinado a la Universidad, cerca del 90% es destinado a salarios, mientras el 10% restante se destina al pago de gastos corrientes, a bienestar estudiantil (becas, comedor) y a obras de infraestructura. Bienestar estudiantil es el ítem de mayor afectación presupuestaria y en 2017 se invirtió 103 millones de pesos, en rubros que no incluyeron sueldos ni obras de infraestructura. Para 2018, la estimación de esa partida es de sólo 91 millones de pesos. Consecuencia: este año se suspendió en la Unicen todo inicio de nuevas obras, incluso el de las ya licitadas.

En los considerandos, apuntaron que las deudas que el Estado Nacional mantiene con la Sede Azul de la Unicen y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas es de $780.000. De persistir, arribaría a $1.869.840. “Esta situación compromete el normal funcionamiento de la Universidad, ya que no puede ser sostenida en el tiempo y, como manifestaron diferentes autoridades, podría afectar también la continuidad de los cursos”, remarcaron.

Facultades de Azul que cumplen un rol trascendental en el desarrollo de la región: más del 80% de sus estudiantes son primera generación universitaria en sus familias. Estudiantes de Azul como de diferentes localidades de la región y zonas rurales. “De esos estudiantes, cerca del 50% provienen de grupos sociales desfavorecidos, por lo que muchos de ellos dependen de los programas de becas, de la residencia universitaria y del comedor subsidiado, para asegurar el acceso y permanencia en la universidad”, sostenían en los considerandos. Además, hicieron hincapié en la historia de las unidades académicas de la sede Azul de la UNICEN, nacidas de la iniciativa de vecinos “que han propendido a una oferta de calidad en la educación de grado, con una fuerte impronta local, y sus graduados son fundamentales para el desarrollo de la ciudad y la región”. La sola presencia de las facultades en Azul “contribuye a su desarrollo cultural, social y económico”, ya que la oferta académica “implica que estudiantes de la región se asienten en Azul, dándole otra dinámica a nuestra vida cotidiana”.

El último punto de los considerandos destacaba que las políticas económicas implementadas en los últimos años “han impactado negativamente en nuestra ciudad, produciendo la pérdida de cientos de puestos de trabajo y han modificado gravemente la situación social”, por lo que, “de ningún modo este cuerpo puede permitirse que finalmente se avance también sobre la oferta educativa local, pública, gratuita, de calidad, inclusiva y solidaria, que subsiste en esta crisis y que representa una posibilidad real para redefinir el futuro y el perfil de nuestra sociedad”.

Gentileza: Daniel Arias.

Por todas esas razones, se le exigía al Concejo Deliberante de Azul aprobar la resolución, en cuyo primer artículo debía “manifestar su preocupación y rechazo ante las políticas implementadas por el gobierno nacional que afectan la autonomía y la autarquía universitaria”, así como “impiden el normal funcionamiento de las casas de altos estudios y ponen en peligro la continuidad de los cursos de grado para lo que resta del corriente año”.

En su segundo artículo, el Concejo Deliberante azuleño debía “requerir al Departamento Ejecutivo realice las gestiones pertinentes ante las autoridades nacionales, solicitando se regularice, a la fecha, la situación financiera de las universidades nacionales, y de la UNICEN en particular”; y que se prevea, en el Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2019, “cubrir la totalidad de los gastos en que incurrirán, realizando las adecuaciones presupuestarias que resulten menester para sostener su normal funcionamiento”. El tercer punto del articulado indicaba comunicar esta resolución al Presidente de la Nación, al Jefe de Gabinete de Ministros, al Ministro de Educación de la Nación, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Nación; al Rector de la Unicen, al Consejo Superior de la Unicen y a sus Unidades Académicas. Por último, invitar a los Concejos Deliberantes bonaerenses a adherir.

Siete fueron los votos de las y los ediles de los bloques GEN (Claudio Molina, Omar Norte y Pablo Zabalza), Unidad Ciudadana (Nicolás Cartolano, Inés Laurini y Nelson Sombra) y Peronismo (Santiago Zaffora), a favor de que se mantuviera el proyecto con su letra original. El concejal Néstor Álvarez no asistió a la sesión.

Gentileza: Miguel Mugueta.

CAMBIAMOS… LA ESENCIA DEL PROYECTO

El bloque Cambiemos, integrado por Maya Vena, Paula Canevello y Marcos Turón, hizo la moción para la incorporación de modificaciones, a un proyecto original que contaba con sus ‘endebles’ firmas. También el edil Ignacio Laborda hizo otra, con otros cambios.

La resolución que resultó aprobada por mayoría (con los votos de Paola Ficca, Marcos Turón, Liliana Vera, Manuela Arrarás, Juan Ignacio Rampoldi, Maya Vena, Paula Canevello y Pedro Sottile), en su artículo primero establece: “Manifestar la preocupación de este cuerpo por la deuda que mantiene el gobierno nacional con la Universidad Nacional del Centro por el ejercicio 2017-2018”. En el artículo segundo, la preocupación del cuerpo deliberante se manifiesta en torno al “proyecto de ley presupuestario elevado por el gobierno nacional para el ejercicio 2019, en el cual no se han incluido aumentos en el punto destinado a las universidades nacionales”. En el tercero, el pedido de requerimiento al Departamento Ejecutivo de realizar las gestiones pertinentes ante las autoridades nacionales “solicitando se regularice, a la fecha, la situación financiera de las universidades nacionales, y de la UNICEN en particular, y se prevea, en el Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2019, cubrir la totalidad de los gastos en que incurrirán, realizando las adecuaciones presupuestarias que resulten menester para sostener su normal funcionamiento”.

Así fue el trayecto en el que se pasó de una resolución centrada (y con argumentos) en el reclamo y repudio por el desfinanciamiento intencionado hacia las universidades en general (y su consiguiente alteración del normal andar de las casas de altos estudios), a una que sólo se circunscribe a un punto de los considerandos, en una clara maniobra de “alivianamiento” de carga. Eso sí: no hubo concejal opinante que se llenara la boca de defensa y apoyo a la educación pública. ¿Y la coherencia a la hora del voto? Esa te la debo.

UN PANEO DE LOS DISCURSOS, DESDE ‘EL TIEMPO’

Tal lo reflejado por el diario ‘El Tiempo’, el edil Francisco Gayani (Cambiemos) adelantó que para él “hubiese sido más fácil levantar la mano” y aprobar el proyecto propuesto… Pero no. En ese sentido, expresó que “la profunda crisis en la que estamos sumidos” tiene sus motivos, para aprovechar a arremeter sobre “la herencia recibida hace dos años atrás” y universidades “corrompidas haciendo pases de fondos”. “El gobierno quiso curar una grave enfermedad con analgésicos”, espetó, y una lluvia de abucheos se dirigió desde el público hacia la figura del edil. Gayani votó negativamente, tanto el proyecto original como las modificaciones. En esa misma dirección se expresó Manuela Arrarás (Cambiemos), que dijo entender que la política de su gobierno afecta a la universidad pública… aunque sin desconocer “errores y discrecionalidades en algunas universidades”. Asimismo, leyó un documento de la UCR en apoyo a la educación pública.

Francisco Gayani. Gentileza: Miguel Mugueta.

Paola Ficca (Cambiemos) presentó las modificaciones que se aprobaron por mayoría. Recordó su paso por la universidad, “con la voz quebrada por la emoción” según las crónicas. Así como aseguró que “nos preocupa la situación”, en cierta medida impugnó el proyecto avalado por la comunidad universitaria, por no estar de acuerdo con algunos números: “no sabemos si son ciertos o no”. Cerró con que acompañaba la lucha, mientras dirigía su mirada a la barra en la que se encontraban estudiantes, docentes y sindicalistas. Por su parte, Ignacio Laborda (Cambiemos) puso en duda varios puntos de los considerandos del proyecto original, y se refirió a la necesidad de “un uso racional de los fondos”, ya que “durante muchos años se gastó de más”. Reconoció que en educación, salud y seguridad no se debería ajustar y propuso modificaciones propias al proyecto, que no prosperarían, ya que sólo tuvieron su voto.

Ignacio Laborda. Gentileza: Miguel Mugueta.

Maya Vena (Diversidad Progresista) avisó: por ser docente y alumna de la Unicen, y concejal, “soy juez y parte”. Hizo alusión a las paritarias docentes y advirtió: “sin inversión, estamos destinados al fracaso como sociedad”. Informó de la situación de estudiantes que la única posibilidad que tienen de estudiar es a la educación pública y gratuita, mediante becas, el comedor subsidiado y la residencia universitaria, sino les sería “imposible que se mantengan en el sistema”. Si bien fue de las redactoras del proyecto, no lo votó tal como se presentó.

Nelson Sombra (Unidad Ciudadana), entre la perplejidad y la indignación, señaló: “No encuentro las palabras adecuadas para definir la postura del bloque Cambiemos” y agregó: “Es un atraso como sociedad pretender que no todos vayan a la universidad pública”. En relación a Ficca y a su “emoción”, le endilgó que lo que le tenía que causar alguna emoción era que un chico de 13 años haya resultado asesinado en Chaco, en un hecho que se pintó como un supuesto intento de saqueo que no fue tal. Concluyó su alocución con que a los representantes del oficialismo “no les interesa la educación pública”. Santiago Zaffora (bloque Peronista) también criticó a la “enajenante posición” y “sin anclaje” de los concejales de Cambiemos: “Son parte de una coalición de gobierno, pero se corren”. Sostuvo que el actual “es un problema político, ni siquiera es económico”, y lo importante del acceso a la educación y a la universidad pública, para el ascenso social, el conocimiento y el desarrollo.

Para Omar Norte (GEN), el proyecto primeramente presentado “es equilibrado, sin agresividad, con un sentido de solidaridad hacia el sector afectado”; así como insistió en que “si hay algo en lo que no se puede ajustar es en educación. Acá tenemos un diferencia fundamental con el oficialismo”. En ese marco, lamentó la paradoja de conmemorar los cien años de la Reforma Universitaria “hablando de ajuste en la educación”. Resaltó que el Estado no es una empresa privada, y que al tomar decisiones “hay que medir costos y consecuencias”.

Marcos Turón (Cambiemos), en respuesta a Sombra y Zaffora, dijo: “Lamento que no entiendan que en un bloque existan diferentes posturas”. Firmó el proyecto, sin estar de acuerdo con vario considerandos, “en pos del consenso”. Así como afirmó que “la educación pública debe ser resguardada”, también indicó que el gobierno nacional estaba revisando la situación, y no votó ese proyecto al que él mismo le puso la firma.

LAS CRÍTICAS QUE NO SE HICIERON ESPERAR 

Entre el público presente, buena parte integrantes de la comunidad universitaria, ya mientras se escuchaban los parlamentos de cada edil, iba cocinándose un sentimiento que oscilaba entre la indignación y la perplejidad. Eso mismo se repetía en algunas bancas. Resultaba aprobado por mayoría el proyecto absolutamente trastocado, tergiversado y ‘suavizado’ por demás, y no eran sólo docentes y estudiantes quienes expresaban su disconformidad, sino también ediles como Santiago Zaffora. Con cierto desconcierto, señaló: “Cuando con varios concejales planteamos que no hay coherencia en lo que se hace, justamente tiene que ver con lo que acaba de pasar”. Se refería a que hubo gente (como Maya Vena, Marcos Turón y Paula Canevello) que “elaboró el proyecto, lo firmó, lo fundamentó… y lo votó en contra. ¿Cómo se explica?

Pedro Sottile, presidente del cuerpo, intentó darle una lógica a lo injustificable, al referirse a las negociaciones y modificaciones que suelen entretejerse sobre ese tipo de proyectos. No obstante, agregó: “El sentido del proyecto está. Me parece que no hay ningún inconveniente. Modifica algunas cuestiones de contenido”. Zaffora retrucó, ya que éste no fue precisamente el caso: “Cuando los autores del proyecto retiran para consensuar, es una cosa. Distinto es cuando los autores sostienen su postura y no quieren consensuar nada”.

Otro que también tuvo palabras críticas hacia la situación vivida en la sesión del Deliberante azuleño fue Nelson Sombra. Críticas hacia las concejales del bloque UCR- Progresista, que a pesar de haber redactado la resolución de rechazo y preocupación de la UNICEN por el ajuste que está llevando la gestión de Macri hacia los presupuestos de las casas de altos estudios, “no se pudo sostener la palabra acordada con el interclaustro”. En un Azul en el que el oficialismo está compuesto por el ‘bertellysmo’, el PRO y los radicales, cuando se fue a tratar el proyecto, varios argumentaron que “había miradas diferentes dentro del bloque oficialista. La particularidad es que la presidenta del bloque de Cambiemos propuso modificaciones, para ‘lavar’ la resolución que había sido escrita por docentes y alumnos. Nosotros éramos el nexo”, indicó Sombra, en diálogo con Miradas del Centro. Modificaciones para manifestar la preocupación por la deuda del gobierno nacional con la Unicen, que es apenas un punto de los considerados en el texto original. Preocupación que “no era el espíritu político de la propuesta del interclaustro ni de lo que tenía que salir por mayoría o por unanimidad como una posición política de los concejales de Azul”.

Nelson Sombra. Gentileza: diario El Tiempo.

Sombra destacó el apoyo de la sociedad azuleña a la lucha docente, que se demostró en la movilización que salió desde el Campus Universitario, en donde marchó gente que no participa activamente, y confluyeron, junto a las organizaciones y los sindicatos, en la misma marcha. “Está claro que los problemas de la educación pública nunca son problemas económicos: son miradas políticas que quieren un pueblo con saber o sin saberes”, explicó el concejal de Unidad Ciudadana.

Sobre las tomas de campus de la Unicen, en las sedes de Tandil y Olavarría, Sombra manifestó: “Es una movida que merece respeto y ser mirada. Es fundamental ese visibilizarse pacíficamente, visibilizar el descontento con políticas no beneficiosas para la sociedad”. El edil espera que en ese movimiento también se sume el interclaustro de Azul, “porque no es una pelea aislada: es la pelea de la Universidad Pública y de la Educación Pública. Mientras, seguiremos discutiendo lo que nosotros consideramos justo, siempre desde el respeto y la valoración democrática de lo que desea la sociedad”, concluyó Sombra.

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