Teléfono para el Municipio olavarriense

Mientras Alejandro Diego Ezequiel Pais (29), único y principal imputado por el femicidio de Valentina Gallina (19), ya se encuentra detenido en la Unidad Penitenciaria Nº 38 de Sierra Chica, en esta semana se han sucedido reuniones entre carteras municipales, la Mesa Local contra la Violencia de Género, dependencias policiales y organizaciones sociales respecto de la necesidad de declarar la situación de Emergencia por violencia de género en el partido de Olavarría, y de que la comuna revise su accionar, ya que se trata de uno de los municipios con mayor tasa de femicidios de la provincia de Buenos Aires.

Ya en la noche del lunes 6, luego de realizada la multitudinaria marcha en repudio por el femicidio de Valentina Gallina y en reclamo de recaratulación y justicia por la muerte de Mabel Olguín, comenzaron las reuniones entre organizaciones feministas, familiares de estas víctimas del máximo punto de la violencia machista, y representantes del Municipio de Olavarría. Además de lo señalado por Hosanna Cazola, prima de Valentina y militante de la Casa Popular Valeria, hubo también quienes marcaron fallas en la mentada Mesa Local contra la Violencia Familiar y de Género, de la que tanto se jacta la gestión comunal y que aparece como un ‘comodín’ a la hora de las respuestas sobre responsabilidades concretas de este nivel del Estado sobre la creciente violencia de género en el partido. Una de esas críticas a la Mesa Local reside en su carácter y horario institucionales, a cuyas reuniones sólo asisten instituciones del Estado, por lo que se pide una apertura a la participación de las organizaciones sociales que trabajan en los barrios esta temática, ya que las que se hacen cargo, guían a las víctimas, las contienen y se acercan a los casos concretos son, precisamente, las militantes feministas de estas organizaciones que hoy se encuentran fuera de esa pretendida Mesa surgida en 2010, presentada como ‘mesa modelo’ en la provincia de Buenos Aires, porque sostener su estructura desde hace casi una década.

Asimismo, en esa primera reunión del lunes, desde el Frente Ni Una Menos se le reclamó al Ejecutivo local el monitoreo de cómo ha quedado la situación de las familias que atravesaron estas situaciones extremas de violencia de género: “Tenemos, en once años, dos mujeres muertas por femicidio en una misma familia. Estas familias, a veces, no tienen siquiera ingresos monetarios, porque son sostenidas por estas mujeres. Quedan completamente desamparados: no sabemos quiénes están criando a esos nenes, qué está pasando”, indicó Eugenia Iturralde, integrante del Frente que se formó en 2015 y que, hasta la fecha, se han contactado con esas familias, pero no han podido llegar a las de casos anteriores a 2015. Situaciones críticas que han resuelto desde estas organizaciones: desde llevar bolsones de comida hasta contar con la buena predisposición de la vecindad que dona comida, ropa, zapatillas. “Hay un desamparo muy grande”, subrayó.

La de la noche del 6 de enero pareció una escucha en piloto automático de parte de la comuna. A los diversos reclamos vertidos por familiares de Mabel y Valentina, y de organizaciones como el Frente Ni Una Menos y la Casa Popular Valeria, las respuestas del intendente Ezequiel Galli y sus funcionarios, cual autómatas, eran: “Ya tenemos la Mesa Local”; “Creamos la Dirección de Políticas de Género”; y “Nosotros ya capacitamos a gran parte de los empleados municipales y estamos avanzando en la aplicación de la Ley Micaela”. Sin embargo, parecen no dar crédito a las cachetadas que les da la realidad desde hace varios años: dos mujeres muertas en apenas una semana, y un maremoto de relatos de situaciones de violencia que ven la luz. Además, ¿hasta qué punto se llega a una real sensibilización con esas capacitaciones, si propios directores de la gestión de Galli desacreditaban estas instancias? “Le pedimos una decisión política clara de quienes están a cargo de las áreas, que bajen la línea de que hay que aplicar la perspectiva de género. No puede ser que una mujer vaya golpeada a una unidad primaria de atención y se vuelva a su casa. Con Mabel Olguín pasó. Si en ese momento se hubiese dado una intervención del Estado, quizás hoy no estaríamos hablando de la muerte de esta mujer”, señaló Iturralde.

“El Estado llega cuando se consumó el hecho”, fue de las frases más repetidas en la tarde del lunes, por parte de familiares de víctimas de las distintas formas de la violencia de género, y de militantes que luchan por su erradicación, minutos antes de la gran movilización. Mujeres y disidencias que encuentran en estos espacios feministas más y mejor llegada, acercándose o contactando por redes sociales, que yendo a la Comisaría de la Mujer y demás instancias, “porque viven una situación de miedo, porque tienen que volver al barrio, porque están en contacto con esos violentos, porque hay familias que están amenazadas… No es tan sencillo”, subrayaron desde el Frente Ni Una Menos. En ese punto, insistieron en la necesidad de articular y aceitar mecanismos, ya que el Estado puede (y debe) intervenir mucho más eficazmente.

Un Estado que puede hacerse presente, por ejemplo, marcándoles a quienes trabajan en el Centro de Monitoreo que si ven situaciones de violencia en la calle, den aviso, y así dar cuenta de la aplicación de la Ley Micaela y de si esas personas están realmente capacitadas y sensibilizadas con la problemática. Desde el Frente Ni Una Menos, además, alertan que se está frente a relatos de prácticas sádicas, morbosas: “Es muy grave. Son relatos que hablan de torturas. Sabemos que estas semanas nos llegarán un montón de denuncias. Nos visibilizaron mediáticamente y vamos a ser las que estaremos en permanente recepción de este tipo de relatos. Es muy duro”. Activismo feminista hecho a voluntad, sin financiamiento ni recepción alguna de fondos, por lo que sí o sí necesitan de la responsabilidad del Estado para “tratar de avanzar y resolver estas cuestiones”.

En el listado de reclamos presentados al intendente y sus colaboradores, estaba el de una toma de posición del Ejecutivo para con la sensibilización de la Justicia, a lo que el intendente Galli respondió con la independencia de poderes. “Pero los poderes se pueden observar unos a otros, está establecido constitucionalmente, y el intendente, si bien no puede pedir cómo caratular, sí puede salir públicamente y manifestarse a favor o en contra de ciertas cuestiones”, acotaron desde el Frente. A propósito de esa ‘sensibilización’ aún faltante en el Poder Judicial y en las fuerzas de seguridad, desde Ni Una Menos Olavarría, en la voz de Iturralde, se recalcó: “Quizás, la historia sería otra si en el caso de Mabel Olguín las personas que llegaron a la escena hubiesen activado otro tipo de protocolos que no fueran los propios del suicidio. Tal vez se perdieron pruebas que hoy no vamos a recuperar. Si hay una mujer muerta, que se proceda con un protocolo amplio, que ya en primera instancia se entienda que puede ser un femicidio y se incluya la perspectiva de género”.

MIÉRCOLES 8: REUNIÓN CON LA MESA LOCAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

El femicidio de Valentina Gallina significa una bisagra, un caso que rebalsa el vaso de la violencia de género en territorio olavarriense. Valentina, la mayor de tres hermanos a quienes la violencia machista, encarnada en el peón rural Jorge Alberto Villanueva, les arrebató a su mamá, Valeria Cazola, en junio del 2008, en el barrio Dorrego. El cuerpo de Valeria, un día después de su muerte, permanecía en esa misma habitación, apuñalado, junto al femicida y ese cuchillo, arma homicida. Sólo diez años de prisión recibió Villanueva por condena, en tiempos en que aún no se hablaba de femicidio en el código penal y en la opinión pública aparecían como ‘crímenes pasionales’.

La Mesa Local contra la Violencia Familiar y de Género de Olavarría, y las instituciones que la conforman, hicieron su aparición, primeramente, con un comunicado donde explicitan su repudio sobre “los hechos de violencia contra la mujer en todas sus variantes y lamentamos profundamente los hechos ocurridos en los últimos días. Es fundamental que los procedimientos que se inicien adopten la perspectiva de género para contemplar todos los factores que componen la problemática, y la coyuntura temporal transversal para dar cuenta de la violencia de género que sufren las mujeres”.

La Mesa Local trazó en su comunicado que “es responsabilidad de los tres poderes del Estado gestionar acciones para prevenir y erradicar la violencia de género en todas sus manifestaciones, aportando los recursos materiales y humanos suficientes. Como sociedad civil, es imprescindible acompañar estos procesos para poner en tensión al Estado e instar a la búsqueda de Justicia y nuevos modelos de gestión participativa que eviten nuevos femicidios en nuestra ciudad, así como la propagación del uso de la fuerza o la violencia como forma válida de comportamiento”.

Desde la Mesa Local sostuvieron en el documento que vienen trabajando “sostenidamente en la revisión colectiva de los circuitos de atención integral, en vistas a evaluar las prácticas institucionales, colectivas e individuales de todas las personas y organizaciones que formamos parte de la misma”. Asimismo, respecto de quienes no integran la Mesa, “invitamos a aunar esfuerzos y a trabajar en red a fin de empoderar a todas las personas afectadas por la violencia de género”, manifestaron.

“Somos conscientes de que esta causa nos compromete como sociedad, y acompañar la manifestación ciudadana es un camino favorable en esta dirección, para interpelar a los organismos competentes hacia el esclarecimiento de las muertes y la búsqueda de Justicia”, expresaron integrantes de la Mesa Local. Un camino también para “replanteo de las herramientas y líneas de acción vigentes que permitan abordar y asistir en forma integral a las personas que transitan situaciones de violencia de género, de violencia o desamparo familiar, agudizadas por situaciones de vulnerabilidad socioeconómica y/o adicciones. Sabemos que la violencia de género es transversal a todos los ámbitos de nuestra sociedad, y visibilizarlo, alzar la voz en contra de los femicidios, es una lucha que las organizaciones sociales están dando hace tiempo, y es un compromiso que desde esta Mesa Local asumimos y acompañamos. Por eso, mediante este comunicado, acompañamos en el dolor a familiares y amigos convocantes”, concluyeron.

Como se prometió en la reunión del lunes, el miércoles 8 tuvo lugar, en el Centro Cultural ‘San José’, se dio un encuentro entre las instituciones componentes de la Mesa Local contra la Violencia de Género, junto a integrantes de la Casa Popular Valeria, familiares de Valentina Gallina y de Mabel Olguín, Diego Robbiani (secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida), Dolores Muro (subsecretaria de Desarrollo Humano y Familia), Verónica Colombo (secretaria de Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal), Daniel Morbiducci (juez de Familia), autoridades educativas, policiales y concejales como Inés Creimer y Mercedes Landivar.

Luego de dos horas de reunión, Hosanna Cazola dio su balance de esta instancia, que giró en torno a la “necesidad imperiosa de generar acuerdos inmediatos, una atención de todos los sectores del Estado para contención de las compañeras de organizaciones sociales y populares que diariamente le hacen frente a hechos de violencia machista”, como quienes hacen al día a día de Casa Popular Valeria, donde “las compañeras están recibiendo a muchísimas jóvenes de los barrios desesperadas, denunciando situaciones de violencia. Estamos desbordadas”. En ese sentido, Cazola remarcó que pelearán y trabajarán “para que todas las organizaciones populares estén presentes, porque están llevando un arduo trabajo en la lucha contra la violencia de género, sin apoyo del Estado ni recursos económicos”. Asimismo, la militante feminista y prima de Valentina resaltó la necesidad de un trabajo coordinado “de todas las oficinas del Estado en esta emergencia. Pedimos que las trabajadoras y trabajadores que tienen erradicar y prevenir la violencia de género, si es necesario, vayan casa por casa«.

Cazola, que es parte motorizadora de la ‘Casa Popular Valeria’, manifestó que en la reunión también pidieron “presencia de un equipo interdisciplinario en nuestra Casa, para contener la emergencia que está surgiendo y acompañarnos a nosotras mismas, ya que la mayoría de las compañeras que se están haciendo cargo han sido víctimas de violencia, han transitado esta experiencia”. Casa Popular en la que, a raíz del femicidio de Valentina como también lo sucedido con Olguín, atraviesa días en que reciben pedidos de auxilio de todo tipo y color, lo que da cuenta de la clara situación ‘abrumadora’ que se vive en Olavarría respecto de la violencia de género.

JUEVES 9: DOS REUNIONES EN LA ‘CASA POPULAR VALERIA’

Si bien no es una postal extraña que el pasillo de la casa de Fassina al 1900 esté ocupado y transitado, desde el sábado 4 el ir, venir, acompañar, abrazar se ha vuelto una constante, por razones varias: como militantes feministas, como familiares de Valentina, y como integrantes de esa misma Casa Popular que la joven Gallina había elegido como su hogar y su punto de participación, en homenaje a su mamá, Valeria Cazola. Casa en la que aún están en shock, en constante actividad, sin detenerse… o sin querer hacerlo. “Aún el impacto no nos ha podido doblegar en la tristeza y la angustia. Hay una lucha, se generó una emergencia, y si Valentina estuviera y esto nos pasara a cualquiera de nosotras, estaría firme, llevando esta lucha adelante”, remarcó Hosanna, y agregó: “Gracias al acompañamiento de la comunidad, pudimos transformar este dolor inmenso, esta situación traumática, esta pérdida, en un reclamo concreto”.

En la mañana del jueves, hacia la Casa que se encuentra en el barrio Sarmiento Norte se dirigieron Dolores Muro y Diego Robbiani, junto a otras personas. Las organizaciones allí presentes hicieron hincapié a las y los funcionarios sobre la necesidad de un acompañamiento a la familia de Natalia Bustos. Acompañamiento que han sosteniendo desde Casa Popular Valeria y el Frente Ni Una Menos a estas familias atravesadas por la violencia de género, cuya situación es preocupante.

Luego de esta reunión en Fassina 1931, Hosanna Cazola brindó una síntesis a quienes se encontraban expectantes en el pasillo, a la espera de las novedades que surgirían de este intercambio con estos responsables de áreas municipales. Allí adelantó que “estos días de estar juntas en la calle y hablando con responsables de espacios del Estado que tienen que trabajar las políticas de género han dado sus frutos”, para contar que se conformó una mesa de trabajo en la que las organizaciones sociales podrán llevar sus demandas y sus conocimientos sobre lo que sucede en el territorio.

Cazola destacó que fue escuchado el pedido de acompañamiento para la Casa Popular Valeria: “Dos profesionales de la dirección de Políticas de Género van a acompañar el proceso que necesitamos como grupo para atravesar este dolor, junto a una asistencia psicológica, legal y de trabajo social, para que podamos recuperarnos y sanar, de alguna manera, este profundo dolor que nos provocó la pérdida de Valentina”. Como indicó Hosanna, en la Casa Popular Valeria acompañan y luchan contra la violencia machista, “pero estamos atravesadas en nuestras historias por este tipo de violencia, y no hemos resuelto de fondo determinadas problemáticas”. Aún así, recalcó que “a este dolor, a este momento enormemente traumático, lo hemos podido transformar juntas, acuerpándonos de la mañana hasta la noche, en una comunicación clara sobre nuestras demandas, sobre lo que necesitamos”.

Asimismo, adelantó que un equipo interdisciplinario de la Dirección de Políticas de Género cumplirá un horario en Fassina 1931, que determinarán desde la propia Casa Popular Valeria, “para recibir a las compañeras de los barrios que se acercan pidiendo contención, y para trabajar nuestras propias problemáticas”. También habrá comunicación directa entre la Casa Popular y Dolores Muro, en cuanto a temas como refugios y denuncias: “Sobre esa base, se profundizará”. Cazola también aludió a que se realizarán talleres de capacitación en la Casa Popular, “no sobre qué hacer frente a la violencia, sino para compartir los modos de trabajo y las problemáticas que vivimos, para conocer de qué manera son abordadas. Nos corremos del lugar de que alguien tiene el saber y lo comparte, a una manera horizontal de construir, como deben ser los abordajes”.

Cazola recordó que otro de los puntos presentados el lunes al intendente fue el de trabajar en la descentralización geográfica y la territorialización del Estado, “para que pueda conocer, de la manera en que nosotras conocemos, la situación que viven las pibas y jóvenes en nuestros barrios, para llevar adelante la efectiva promoción y perspectiva de género que necesitamos que tengan les efectores de salud y del Estado”. En ese sentido, en la reunión de este jueves por la mañana se trató el tema, y resultó que ya se está en proceso de conformación de una mesa de trabajo en los Servicios Territoriales: “En el Territorial 4 ya está funcionando y vamos a participar en esa mesa, para que en todos los Territoriales se comprometan a desarrollarla, para el despliegue territorial que necesitamos que haya para la prevención y detección de las violencias que se atraviesan”.

De esa reunión matinal del jueves, Cazola agregó que Diego Robbiani, secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida, se comprometió a generar una reunión con el Sindicato de Municipales, para efectivizar el compromiso de que todos los trabajadores y trabajadoras del Municipio y del Estado deben desempeñarse con perspectiva de género: “Tenemos el compromiso del Ejecutivo de llevar adelante este posicionamiento y bajada política, en pos de la aplicación de la perspectiva de género en todas las intervenciones”.

En el mismo día y lugar (el jueves 9 de enero y la Casa Popular Valeria), pero en las primeras horas de la tarde, se mantuvo una reunión con la Coordinadora Zonal de Políticas de Género, comisaria Lucrecia Ditz; la titular de la Comisaría de la Mujer y Familia, Valeria Galván; la segunda Jefa de dicha dependencia, Laura Barraza; y personal del equipo interdisciplinario de la comisaría, licenciadas Karina Aramburu y Catalina Borzi.

En esta reunión, desde las organizaciones feministas presentes les expresaron las fallas que hoy día tiene la Comisaría de la Mujer: desde lo administrativo hasta lo técnico (una impresora que falla, falta de papel, conexión a Internet no adecuada), hasta la urgencia de una formación en perspectiva de género para esas dependencias. Formación en perspectiva de género y derechos que no se tiene ante muchas denunciantes, para no revictimizar a la víctima y su situación frente a otras personas ni agentes; para que se permita el ingreso de una persona acompañante de la víctima para realizar la denuncia; para que se dé una clara explicación del formato de la denuncia y de la necesidad de las preguntas protocolares; y para que se intervenga rápidamente en los casos de la Dirección de Políticas de Género, de los juzgados y de las demás dependencias. Las organizaciones, además, pidieron que la Comisaria de la Mujer pueda enviar agentes a estos espacios para que las víctimas de violencia machista puedan hacer sus denuncias desde estos lugares, para descentralizar en lo territorial.

Según los testimonios recogidos luego de este encuentro, desde la propia Comisaría de la Mujer reconocieron tener cuestiones a trabajar en mayor profundidad, así como también hay aspectos que requieren de un trabajo con las otras dependencias policiales. “Nos ofrecieron participar de una reunión con los jefes de las comisarías 1era y 2da, para que también podamos plantearles cuáles son las fallas en la coordinación que consideramos que deben resolver urgentemente”, indicó Cazola, quien remarcó e insisió: “Vamos a convocar al Ejecutivo, porque si bien tenemos el conocimiento sobre lo que se necesita trabajar y hacer, desde la economía popular y las pibas de los barrios, el Municipio es el que tiene que accionar, intervenir, delinear y proponer la bajada de esta perspectiva en la coordinación de todas estas dependencias del Estado”.

Luego de una semana de tanta movilización y sensaciones encontradas, en Casa Popular Valeria  consideran esta serie de reuniones como “acercamientos importantes y en términos claros de quiénes son los responsables de resolver y de ejecutar las políticas públicas necesarias”. Desde lo gubernamental, admiten estar fallando y reconocen el potencial de las organizaciones sociales por el trabajo que llevan en el territorio, con su propia lógica para encarar la lucha para erradicar la violencia de género, lo que les ha dado el conocimiento sobre lo que realmente urge y se necesita. “No negamos que el Municipio está desarrollando e implementando algunas políticas, pero consideramos que son insuficientes y nosotras sabemos la manera en que necesitamos que se ocupen de la problemática de género”, concluyó Hosanna Cazola.

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Pero no se trata de conformarse con el reconocimiento de esa no menor falla por parte del Estado municipal respecto a la gravedad que se vive en materia de violencia de género en Olavarría. Es un primer paso, pero no suficiente, mientras las organizaciones sociales, populares y feministas reciben más y más casos por estos días. Como señalaron en su comunicado desde CTA Regional Suteba y Suteba Olavarría: “327 femicidios en la Argentina entre el 1º de enero y el 30 de diciembre en 2019. 30 mujeres asesinadas en el mes de diciembre de 2019. 1 mujer asesinada cada 24 horas. 63% de los femicidios fueron cometidos por las parejas o ex parejas de las víctimas. 251 niñes perdieron a sus madres como consecuencia de la violencia machista en 2019.

“A pocos días de comenzado el año, Olavarría suma a la estadística nacional dos nuevas víctimas y cuatro niñes huérfanes. Una ciudad donde los niveles de desigualdad se profundizaron como en cada punto del país en estos últimos cuatro años, con una ordenanza pionera en asegurar un presupuesto para la atención de víctimas (una Dirección de Políticas de Género que hace lo que puede ¿?), pero que en estos últimos años ha llevado adelante una reducción sistemática del mismo y que ha ido a contrapelo del incremento de las condiciones socioeconómicas acuciantes, de la falta de adecuación y ampliación de refugios que habiliten la convivencia cómoda con niñes.

“A esto se le suma el incumplimiento del Estado Provincial durante la gestión/gobierno de María Eugenia Vidal en la provisión de pulseras electrónicas para proteger a las víctimas de los violentos que desobedecen la prohibición de acercamiento. Y como hemos expresado una y mil veces, el patriarcado explícito en las instituciones estatales, entre ellas la justicia, que tienen que recibir, acompañar, asesorar, atender a las víctimas de violencia de género.

“En esta vulneración de derechos que ponemos de manifiesto, incluimos a les jóvenes que han visto reducidas sus posibilidades para estudiar, para trabajar y para divertirse, que, tal como ha sido comunicado en estos últimos días, esas posibilidades también se han vuelto peligrosas producto de una mirada totalmente distorsionada de lo que debe llamarse seguridad.

“Por lo antes expuesto, un informe escueto pero crudo de la situación de vida que atraviesan les jóvenes y mujeres, en su mayoría jefas de hogar, instamos al Municipio a desarrollar en forma urgente políticas públicas con perspectiva de género para atender a la crisis social que tiene en la violencia de género su cara más cruenta pero no la única. Políticas que deben ser acompañadas de un presupuesto acorde para su correcta ejecución. No podemos permitir que sigan matando a nuestras mujeres y dejando a la deriva a les hijes. Necesitamos y acompañamos la reconstrucción necesaria de un Estado presente, protector de la vida. Sabiendo que las condiciones sociales y económicas en las que nos encontramos en la provincia son complejas, persistimos en reclamar a la justicia la actuación con perspectiva de género. Nos solidarizamos con las familias de las víctimas, Mabel Olguín y Valentina Gallina. Seguiremos luchando por una sociedad más justa libre de patriarcado y violencias machistas”.

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