En las calles y en los pañuelos, marea en tono esperanza
En el marco de un nuevo Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, este 28 de mayo se presentó en el Congreso de la Nación el renovado proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), de las organizaciones que integran la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Mientras muchas personas siguieron la presentación vía streaming, otras miles salieron a las calles de cada punto cardinal del país. El Centro bonaerense registró pañuelazos multitudinarios en Azul, Olavarría y Tandil, conscientes de que los derechos se conquistan poniendo el cuerpo, en la calle y con organización.
Lo que parecía en estado latente, se hizo bien visible y palpable. Si algo no están las más pibas ni las más grandes, es justamente de andar y andar. Saben que vale la pena, una vez más. Las manifestaciones por el derecho a decidir sobre el propio cuerpo cubren de alegría, energía y color (verde, preferencialmente) todo lo que tocan, y así pasó en el paseo Jesús Mendía, en Olavarría, que fue el punto de concentración. El gris y el frío pasaron a un segundo plano: feriantes, organizaciones repartiendo información en volantes, banderas, y más de quinientas mujeres coparon el espacio público, con sus pañuelos verdes bien visibles, para apoyar esta nueva presentación de proyecto de ley IVE en su versión 2019.
Desde la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir Olavarría enfatizaron en la difusión de la campaña ‘Niñas. No Madres’, sobre las decisiones que toman diversos sectores sobre los cuerpos de niñas que transitan embarazos, productos de violación. La consigna fue expresar qué soñaban cuando eran niñas, ya que “quizás el embarazo no estaba dentro de esos planes, de esas posibilidades, de esos sueños”, señalaron sus organizadoras.
Quienes integran la rama olavarriense de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito leyeron la declaración hecha desde la Campaña en provincia de Buenos Aires, ante esta presentación del proyecto renovado de ley de IVE: “Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de la Provincia de Buenos Aires queremos denunciar el acceso restringido y/o nulo que padecen las mujeres y otras identidades con capacidad de gestar, a la hora de solicitar una interrupción legal del embarazo. La provincia tiene serias dificultades para garantizar los derechos sexuales y reproductivos por falta de políticas públicas y de partidas presupuestarias suficientes para que toda la sociedad acceda al mayor nivel de información, a métodos anticonceptivos, a la educación sexual integral y a las interrupciones legales del embarazo.
“La Interrupción Legal del Embarazo por causales es un derecho conquistado hace casi cien años. El Código Penal de la Nación, en su artículo 86, establece excepciones a la punibilidad del aborto desde 1921, siendo legal la interrupción del embarazo en caso de violación o cuando corra riesgo la salud o la vida de la persona gestante. La Organización Mundial de la Salud define al término ‘salud’ como ‘estado de completo bienestar físico, mental y social’ y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.
“La interrupción legal del embarazo se encuadra en los derechos de autonomía personal, la privacidad, la salud, la vida, el trato digno y el acceso a la información, como así también en los principios de no discriminación e igualdad, y debe guiarse por los principios rectores surgidos de la normativa internacional de derechos humanos con rango constitucional de la Constitución Nacional y de la legislación argentina, siendo importante destacar la Ley 26.529 de Derechos del Paciente, la Ley 17.732 del Régimen Legal del Ejercicio de la Medicina, la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, y la Ley 26.743 de Identidad de Género.
“La Suprema Corte de Justicia, a través del Fallo FAL, el 13 de marzo de 2012, estableció que cualquier persona que se encuentre cursando un embarazo producto de una violación, tiene derecho a acceder a la interrupción del embarazo sin encontrar trabas o barreras, y mucho menos ser judicializada. Aclaró el fallo mencionado que sólo es necesario el pedido de la persona gestante o de su reemplazante, en los casos previstos, y la manifestación de que el embarazo es producto de una violación, ante el o la profesional tratante, declaración jurada mediante, para acceder al aborto. Y que el Estado tiene la obligación de poner a disposición de las personas gestantes las condiciones médicas e higiénicas necesarias para llevarlo a cabo, de manera rápida, accesible y segura.
“Sin embargo, el 9 de agosto de 2018, luego de que el Senado de la Nación rechazara la media sanción aprobada por 129 diputados y diputadas, sobre la interrupción voluntaria del embarazo, y condenara a prácticas clandestinas e inseguras a quienes deciden abortar, les bonaerenses perdimos la vida de dos mujeres en los hospitales de San Martín y de Pacheco. Al día de hoy, son tres: en el fin de semana, perdimos a otra compañera. Y no es que sean solamente tres (y valga la aclaración): a la semana de haber denegado el proyecto, ya habían dos muertas, y a lo largo del año, se sumaron otras.
“Esos casos no son los únicos, sino que representan lo que se vive a diario en la provincia de Buenos Aires, a pesar de la falta de registros. El gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social y de la Secretaría de Salud, son responsables de estas muertes, ya que deben destinar y aplicar políticas públicas que garanticen el acceso a la salud desde una perspectiva de derechos humanos, que promuevan el ejercicio de la libre autodeterminación y autonomía del deseo y de los cuerpos.
“La realidad sobre el acceso a la salud pública en las regiones sanitarias y en municipios es diversa y desigual. En los municipios, los centros de atención primaria de la salud, dependientes de las regiones sanitarias, no brindan correctamente métodos anticonceptivos ni formación para promover los derechos sexuales y reproductivos en niñas, niños y jóvenes; ni garantiza el acceso a información segura. Mucho menos se garantiza el acceso a las Interrupciones Legales de Embarazos. En los casos que sí se dan, suceden a través de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, que intenta hacer efectivo el acceso a estos derechos humanos básicos. No obstante, quienes se ocupan de garantizar el derecho, se encuentran con frecuencia frente a situaciones de persecución y amenazas de sumarios o despidos, por parte de jefes de servicio, responsables de secretarías, responsables de regiones sanitarias e intendentes.
“Mismo ocurre con la garantía de la Educación Sexual Integral (ESI), indispensable para nuestra función social. La falta de cumplimiento por parte del Estado se hace evidente al no realizar las capacitaciones en servicios correspondientes para su efectiva implementación. La ESI es un derecho consagrado desde 2006, que garantiza educación e información para les estudiantes. En este marco, es gracias a la voluntad de les docentes organizades dentro de la Campaña, en la Red de Docentes por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que se logra sacar de la clandestinidad pedagógica al derecho al aborto, ya que no hay aplicación efectiva con el aumento correspondiente de presupuesto por parte del Estado, de la Ley de ESI.
“Por todo lo mencionado, exigimos al Estado provincial y a los Estados municipales: adhesión de la Provincia de Buenos Aires al Protocolo Nacional para la atención de las personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, del Ministerio de Salud de la Nación; garantizar capacitaciones necesarias a profesionales, personal de la salud, funcionarios y funcionarias públicas, sobre el marco legal de los derechos sexuales y reproductivos en general, e interrupciones legales del embarazo en particular; garantizar la efectiva implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, que contemple como contenido curricular la temática del aborto, con una perspectiva científica, laica y de géneros; aprobación, por parte de la Legislatura provincial, de la media sanción del Proyecto de Ley 1437/18/19, sobre capacitación docente en educación sexual integral; destinar partidas presupuestarias necesarias para la compra de Misoprostol, para que todos los centros de salud y hospitales públicos garanticen la ILE; garantizar capacitaciones en AMEU (Aspiración Manual EndoUterina), con aval del programa Médicas y Médicos Interesades, e insumos para garantizar dicha práctica en hospitales y centros de salud. Aborto Legal Ya. Educación Sexual Integral para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto Legal, Seguro y Gratuito para no morir.”
Finalizada la lectura del documento, la escalinata del palacio municipal quedó por demás chica para el Pañuelazo. Y con tanta gente y energía en el Jesús Mendía, la marcha por el centro pareció inevitable. Emocionaron en varios tramos las vecinas mayores que volvían de hacer algún mandado, detuvieron su caminata en la vereda, afilaron la vista para saber de qué se trataba, y al ver en la masa a adolescentes con sus pañuelos verdes, las aplaudían sonoramente y con una sonrisa. En la esquina de Belgrano y Rivadavia, realizaron una corrida, como parte de la marcha. Al regresar a la plaza, como cierre, el ‘arroz con leche abortero’ se transformó en varias rondas.
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Saben que se puede, y quieren que se pueda. En Tandil, el Pañuelazo Verde para visibilizar y apoyar la octava presentación del proyecto de ley IVE en el Congreso, tuvo lugar sobre el adoquinado de Pinto y Chacabuco, donde se acercaron más de cuatrocientas personas. Un gran círculo rodeó a las oradoras, que leyeron el siguiente documento: “En el marco del día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, nos proponemos como Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito Tandil, dar visibilidad a la situación actual de las mujeres y las disidencias sexuales en relación los derechos sexuales y (no) reproductivos en la ciudad.
“Recuperando la historicidad de nuestras demandas a nivel local, en articulación con el contexto nacional y provincial, consideramos imprescindible mencionar que desde 2010 el Foro de Promoción y Protección de los Derechos de las Mujeres (surgido en el marco de la Ley 26.485 para prevenir, sancionar y erradicar la violencias contra las mujeres) fue promoviendo acciones de monitoreo en relación a la política pública.
“Con el paso de los años, se han ido sumando a la lucha por los derechos de las mujeres y disidencias, diversos actores como la Campaña Nacional por el Derecho al aborto legal seguro y gratuito; las comisiones organizadoras de los Encuentros Regionales de Mujeres, Lesbianas y Trans; los comités que organizan el Paro Internacional de Mujeres; el Frente de Acción Disidente, las asambleas de Mujeres, la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, la Red de Promotoras Territoriales en Género, los distintos Frentes de Género de partidos políticos y Áreas de Género de sindicatos, organizaciones sociales, grupos de investigación de la UNICEN, la Mesa Intersectorial contra la violencia intrafamiliar y de género, centros de estudiantes y Socorristas en Red.
“Como Campaña, esta progresiva articulación nos ha permitido resignificar y consolidar demandas desde miradas novedosas, así como recabar datos y testimonios, sistematizar reivindicaciones y analizar la prensa local, posibilitando acciones de monitoreo de la política pública de salud.
“Por su parte, la historización y contextualización, permiten un acercamiento crítico respecto de la interpretación y la implementación a la legislación vigente en materia de salud sexual, reproductiva y no reproductiva, en nuestra ciudad. Recordamos que en 2003, la Ley 13.066 crea el Programa Provincial que garantiza las políticas orientadas a la promoción y desarrollo de la Salud Reproductiva y la Procreación Responsable, mientras en 2015 la Ley Provincial 14.738 amplía dicho programa y en el capítulo 2 crea las Consejerías/Asesorías para la reducción de riesgos y daños en situaciones de embarazos no planificados.
“Según esa norma, las Asesorías ‘funcionarán en los centros de salud y hospitales correspondientes, siendo sus objetivos disminuir la morbimortalidad materno infantil y de mujeres gestantes por abortos inseguros, prevenir mediante información y educación los abortos en condiciones inseguras, garantizar el acceso a los servicios para la atención de abortos no punibles, y asesorar y capacitar al personal profesional y no profesional para el cumplimiento de este Programa’.
“En el marco de las políticas públicas de salud que brinda el Sistema Integrado de Salud Pública (SISP) del Municipio de Tandil, se establecen las Consejerías en Salud Sexual Reproductiva y No Reproductiva en los servicios de salud, tanto en el Hospital como en seis Centros de Salud (CESAC). Entendemos que el marco referencial de las consejerías está dado por la normativa vigente y en particular por el documento del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires denominado ‘Documento Técnico 1/2017 – Consejerías en salud sexual y reproductiva de las mujeres’; y en relación con la Interrupción Legal del Embarazo, el protocolo aplicable es el ‘Protocolo de atención integral de los abortos no punibles’ (Resolución N° 3146/12 del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires), enmarcado en las demás leyes y normas vigentes. En este documento en particular, se norma la modalidad de trabajo respecto del acceso a la Consejería y a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), atención post aborto (APA) y estrategias de reducción de riesgos y daños.
“Aún cuando se ha manifestado desde el SISP y desde el Ejecutivo Municipal que estos lineamientos forman parte de la política pública, y considerando que el Honorable Concejo Deliberante adhirió por Ordenanza 14.991/15 a la ley provincial, reafirmamos la necesidad de formalizar las Consejerías e implementarlas de forma tal que todo el sistema de salud y la población conozcan su existencia.
“Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, así como desde el amplio y heterogéneo movimiento de mujeres y de las disidencias sexuales, en Tandil evidenciamos situaciones críticas en torno a: el acceso efectivo al Sistema Integrado de salud, debido a las dificultades para obtener turnos sin demora y a colapsos en el nivel primario la atención de la Salud, dificultando el trabajo en salud sexual y reproductiva, especialmente en acciones de prevención; el diseño de acciones de educación con perspectiva de género –en el marco de la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral–, que evidencia dificultades para garantizar equipos idóneos en instituciones (educativas o no); la escasa capacitación con perspectiva de género para funcionarios y agentes del Estado, que consideramos deberá ser permanente y obligatoria.
“Las actuales dificultades en el acceso a métodos anticonceptivos, manifiesta en la reducida capacidad de elección de las mujeres y disidencias sexuales –particularmente la población adolescente, debido a prejuicios y/o estigmatizaciones. Se observa la existencia de listas de esperas que desalientan la concreción de algunos métodos. Además, hemos relevado la negación de profesionales a realizar prácticas -como la vasectomía y la ligadura de trompas-, con argumentos que desconocen los derechos adquiridos a partir del andamiaje jurídico vigente.
“La obstaculización de prácticas de interrupción legal del embarazo (ILE) en el segundo trimestre. Destacamos que éste es un reclamo vigente desde hace años, relacionado con las derivaciones al segundo nivel de atención, que no están garantizando los Abortos No Punibles en segundo trimestre de gestación. Exigimos la garantía de las políticas e intervenciones en relación a los derechos establecidos, como parte de los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.
“La escasez de espacios profesionales capacitados en la atención de población LGTTTBI, dispositivos de monitoreo y la falta de diseño e implementación de políticas de salud orientadas a las disidencias sexo-genéricas.
“Por todo esto, evidenciamos un deterioro en las condiciones de vida de cientos de mujeres y disidencias en la ciudad, entendiendo que las problemáticas que hacen a la salud deben ser abordadas en su integralidad. En este sentido, reafirmamos la vinculación entre el actual contexto de ajuste, inestabilidad, precariedad laboral y la creciente vulneración del derecho a la salud.
“En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, entendemos urgente y necesaria una revisión crítica de las políticas públicas de salud, así como el fortalecimiento del diálogo entre los y las responsables del gobierno local con aquellas organizaciones de la sociedad civil que venimos construyendo demanda política en torno a los derechos sexuales y (no) reproductivos. En Tandil, exigimos políticas, servicios y recursos que permitan el efectivo goce de la salud, entendida en sentido amplio y contextual, para mujeres, cuerpos gestantes y disidencias sexuales”.
Luego de la foto de rigor del Pañuelazo, en el Aula Magna de la Unicen (en la sede del Rectorado), la ‘Cátedra Libre de Género, Sexualidades y Violencia’ tuvo su cierre, con la charla sobre ‘Consejerías e IVE en Tandil y el proyecto 2019’, a cargo de la reconocida médica Gabriela Weber.
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Saben que lo imposible se puede lograr. En Azul, el punto de encuentro fue el rebautizado ‘Monumento a la Madre… por elección’, a pasos del veredón de la municipalidad. Como sucedió en el último 8 de marzo en la Ciudad Cervantina, grata sorpresa fue la que se llevaron las organizaciones convocantes, ante la gran cantidad de mujeres que llegaron hasta Burgos e Yrigoyen. Ciudad ‘céntrica’ en la que ya se están organizando para el próximo Encuentro Regional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans del Centro bonaerense.
En la convocatoria, entre los documentos que se leyeron, éste fue uno de ellos: “La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito surge en el XIX Encuentro Nacional de Mujeres y comienza a activar el 28 de mayo de 2005, con más de 70 organizaciones de mujeres de todo el país. Hoy es una amplia alianza a nivel nacional, que incluye a 550 organizaciones, grupos y personas vinculadas al movimiento de mujeres, colectivo lgbtiq+, organismos de derechos humanos, al ámbito académico, científico, artístico y literario, trabajadores de la salud, sindicatos y diversos movimientos sociales y culturales, entre ellos, redes campesinas y de educación, organizaciones de desocupados y desocupadas, de fábricas recuperadas y grupos estudiantiles. Todas estas organizaciones mantienen un compromiso con la integralidad de los derechos humanos y pugnan por el derecho al aborto, a la libertad, a la decisión sobre el propio cuerpo, al deseo, a la autonomía y a poder vivir una vida sin una maternidad impuesta ni violencias.
“Entre el 16 y 17 de marzo de este año, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito se reunió en las instalaciones de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, para definir el articulado del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), presentado por octava vez este 28 de mayo de 2019. Desde distintos puntos del país, viajaron 190 activistas en representación de 19 regionales integrantes de la Campaña, junto con la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, la Red de Docentes por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Socorristas en Red-Feministas que Abortamos y la Colectiva de Disidencias Sexogeneropolíticas con quienes se acordó el articulado.
“El proyecto establece como sujeto de derecho a interrumpir un embarazo a las mujeres e identidades con capacidad de gestar, en el marco de la ampliación de derechos respecto del reconocimiento y respeto de la identidad de género de cada persona, entendida como la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente, que puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Estas personas podrían acceder a un aborto voluntario legal y seguro hasta la semana 14 de gestación en los tres sectores del sistema de salud (público, de seguridad social y privado), de forma gratuita en hospitales y centros de salud públicos y con una cobertura total si tienen obra social, mutual o prepaga, dado que se exige que la práctica sea incluida en el Plan Médico Obligatorio.
“Se establece un sistema mixto de plazos y causales. Más allá del plazo de las 14 semanas de gestación, las mujeres y personas con capacidad de gestar tendrán derecho a acceder a la interrupción legal del embarazo (ILE) en caso de violación o si corre riesgo su vida o su salud integral, esta última entendida como el estado de completo bienestar básico, mental y social (como la define la Organización Mundial de la Salud).
“En la misma línea del reclamo popular y la posición de millones de personas que acompañan la lucha de la Campaña en Argentina y el mundo, el proyecto propone la completa despenalización de las personas que deciden abortar y no incluye la objeción de conciencia, ya que considera esta práctica de salud como un derecho, cuyo ejercicio no puede negarse ni vulnerarse por creencias religiosas, valores personales o morales.
“Además del derecho a la autonomía, a decidir sobre el propio cuerpo y proyecto de vida, ante la permanente obstaculización y embestida contra los derechos sexuales y reproductivos por parte de las jerarquías eclesiásticas y las organizaciones fundamentalistas antiderechos, la Campaña decidió reforzar en el mismo articulado del proyecto de ley la garantía de derechos ya adquiridos que forman parte de su triple consigna desde el inicio: el acceso a la educación sexual integral y a la anticoncepción”.
Mientras tanto, en el Congreso de la Nación, con la presencia de diputadas/os, senadoras/es, referentes de la política nacional e integrantes de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, activistas feministas y de la Campaña, se presentó formal y oficialmente el nuevo Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, basado en lo aprendido durante los meses de debate parlamentario de 2018 y enmarcado en el respeto a la decisión responsable, la justicia social y la perspectiva de Derechos Humanos. Teniendo en cuenta la transversalidad de apoyos, las primeras quince firmas que acompañan este ingreso son las de Victoria Donda, Brenda Austin, Mónica Macha, Romina del Pla, Cecilia Moreau, Carla Carrizo, Daniel Lipovetzki, Araceli Ferreyra, Mónica Schlotthauer, Nicolás del Caño, Carolina Moises, Daniel Filmus, Mayra Mendoza, Silvia Lospennato y Hugo Yaski.
“Lo traumático es que no respeten su derecho a decidir sobre su cuerpo”
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Un reclamo con historia: la lucha por el aborto legal, capítulo Tandil
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