Una sentencia de decepción y la espera del fundamento

El jueves 5 de septiembre, en la sala de audiencias del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, los jueces Imas, Ruiz Paz y Bianco dieron su veredicto respecto del segundo tramo del Juicio Monte Pelloni: cinco reclusiones perpetuas, ocho penas de entre 22 y 9 años, diez absoluciones, y la desestimación de los hechos vividos por los obreros de las fábricas FABI y LOSA por no considerarlos como ‘delitos de lesa humanidad’. Los pareceres y análisis no tardaron en llegar…

Aquella sentencia de la primera parte de la causa Monte Pelloni, cuya lectura tuvo lugar en el campus universitario olavarriense, parece de otra década, en relación a la que se dictó el jueves 5 en Mar del Plata. Estos últimos tiempos, definidos por el cambio de signo político de la política nacional desde diciembre de 2015 a la fecha, también tocaron el terreno de lo judicial, y así lo dejó expresado, a lo largo y ancho de los dos años en los que se prolongó el proceso, el Tribunal que se hizo cargo de la segunda etapa del juicio Monte Pelloni: con sus ‘desprolijidades’ en las audiencias como en lo dictado en la sentencia. Un tribunal que dejó en el camino el deber de aportar, con su Justicia, a la Memoria y la Verdad, si es que alguna vez le puso las energías a ello.

Mónica Fernández es una de las 37 víctimas de esta causa, y se movilizó hacia Mar del Plata, para escuchar la sentencia, junto a su familia. Al salir el recinto, puso en palabras lo que era palpable en el ambiente: “Nos vamos de este Tribunal un poco tristes”. Reconoció que así como hubo “algunas condenas satisfactorias, la gran mayoría no lo fueron”. De charlas con demás compañeras y compañeros, coincidieron en lo “conservador” de este juicio. En su caso particular, algunos acusados fueron absueltos: “No había demasiadas acusaciones, según parece para el Tribunal”, por lo que no descartó la posibilidad de alguna apelación.

Araceli Gutiérrez.

Araceli Gutiérrez, víctima por partidas varias, y resiliente al punto de la Guardiana de la Memoria en el predio del ex Centro Clandestino de Detención y Tortura ‘Monte Pelloni’, también se acercó al recinto de avenida Luro al 2400 con algunos de sus familiares. Minutos después de la lectura de la sentencia, sin rodeos, expresó que la dejó “con un gusto amargo, perplejos. Pensé que las condenas iban a ser, en general, más amplias y contundentes, que abarcarían a más personas, como las que dejaron en libertad”. Por ejemplo, por el caso de José Alfredo Pareja, no pocos consideraban que Horacio Rubén Leites y Julio César Tula, cuyas presencias en el lugar de los hechos fueron probadas, debían recibir condenas… pero para este particular Tribunal, “el beneficio de la duda” pesó más para otorgarles la absolución y libertad.

En medio de la angustia que le iba despertando la lectura de las absoluciones, la mano de Eduardo Ferrante, otro sobreviviente de aquel horror, tomó las de Araceli, para calmarle las palpitaciones. “Es la fuerza que te da el compañero que tenés al lado. Me calmó, aunque algunos represores ya están caminando libres por la calle. Hasta se abrazaban y se felicitaban, aún sabiendo todos -y ellos también- que estuvieron involucrados en los hechos”, señaló Gutiérrez. Entre quienes fueron absueltos por Imas, Bianco y Ruiz Paz, se encuentran varios de los imputados en el caso de violación sufrido por Araceli. Uno de ellos, Héctor Rubén Rinaldi, que tuvo la impunidad suficiente de amenazarla de muerte en el hall de ingreso a la sala de audiencias, frente a muchas personas: “Ahí está, suelto. A Grosse le dieron 22 años, pero ya estaba condenado a prisión perpetua en la primera parte de Monte Pelloni”. Por último Araceli señaló que la lectura de la sentencia “me impactó mucho: pensé que para todos iba a haber una condena. Son otros tiempos”, indicó, haciendo alusión a lo sucedido, días previos, en el juicio de Bahía Blanca. Si algo la alegró, fue la asistencia y acompañamiento de mucha gente que llegó desde Olavarría a la ciudad balnearia.

En la audiencia de lectura de la sentencia, Araceli Gutiérrez junto a Eduardo Ferrante y Carlos Genson, sobrevivientes del horror de la última dictadura cívico-empresarial-militar.

Carmelo Vinci, por su parte, desde la Comisión por la Memoria y como otra de las víctimas de la represión en la última dictadura cívico-militar en la región, hizo alusión a las sensaciones encontradas respecto a esta sentencia que, por ejemplo, arrojó casi el 50% de los imputados con absoluciones, al tiempo de poder cristalizar en el final de este juicio que Olavarría tiene juzgados casi la mayoría de los hechos que sucedieron en la dictadura: “Eso nos tranquiliza y nos da un cierto orgullo de haberlo podido llevar a cabo”. Como ejemplo, la reclusión perpetua dada al ex comisario Balquinta “demuestra que en este país las Fuerzas Armadas actuaron en conjunto con las fuerzas policiales, porque eran parte, conocían el territorio y actuaron aprovechando ese conocimiento”, subrayó.

Carmelo Vinci.

Vinci señaló como otros aspectos negativos el que el tribunal no haya declarado como delitos de lesa humanidad los casos de FABI y LOSA, y por ello no los haya juzgado; y el que haya dejado impunes casos como el de José Alfredo Pareja, por las absoluciones de Leites y Tula (aún con los “méritos suficientes como para ser condenados”), lo definió como ‘doloroso’ y ‘amargo’. “Nos quedan las instancias de apelaciones, que seguramente nuestros abogados van a realizar en los casos que consideren”, manifestó, y adelantó que los próximos pasos serán acompañar los nuevos juicios que se avecinan, por los delitos de lesa humanidad cometidos en el ex centro clandestino ‘La Huerta’ (de Tandil), y en la Unidad Penal Nº 7 de Azul.

LA QUERELLA, A LA ESPERA DE LOS FUNDAMENTOS PARA APELAR

El abogado Guillermo Torremare formó parte de la querella de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en este juicio. Ya en la vereda de la sede del tribunal, conocida la sentencia, refirió a nuestro portal que esperarán la lectura de los fundamentos “para opinar con más certezas”. Con lo ya sabido, “nos queda una sensación de decepción, en función de la cantidad de absueltos por ‘el beneficio de la duda’”, apuntó, y remarcó: “De ninguno se ha decretado la certeza de su inocencia”. Para Torremare, se puede relacionar con lo difícil de las probanzas “en casos donde todo se desarrolló en la más absoluta clandestinidad”. Resaltó tres de las diez absoluciones “para nosotros muy discutibles, que deberían haber sido condenados”. Cuando se sepan los fundamentos, lectura que se realizará el 1 de noviembre a las 13, “vamos a recurrir en lo que entendamos que hay elementos para modificar los fallos absolutorios”.

Guillermo Torremare.

Torremare también se refirió a las sensaciones encontradas. La instancia de apelación de Casación les brindó espaldarazos a esta querella, ante los hechos que involucraron a los ex comisarios Rinaldi, hace algunos meses, y recientemente a Balquinta, contrariando lo entonces decidido por el Tribunal marplatense. “En esta sentencia también hay penas muy severas, cinco perpetuas”, expuso como parte de un balance no tan malo. “Quienes militamos en derechos humanos, siempre somos optimistas, sino no podríamos. Todavía no está terminado. Siempre tratando de que la reparación sea lo más plena posible”, concluyó.

Tras la lectura del fallo, desde la APDH, la abogada querellante Mariana Catanzaro explicitó que esperaban “mucho más. Queríamos condenas para todos”, ya que quienes se sentaron en el banquillo de los acusados no fueron imputados porque sí, “ni en forma arbitraria ni por el solo hecho de formar parte de una fuerza de seguridad en un momento de dictadura”. Catanzaro remarcó que, en realidad, “fueron imputados quienes teníamos la certeza de que habían tenido una participación fundamental en los delitos de lesa humanidad”. La letrada hizo alusión a que, en algunos momentos, se quiso hacer creer que sus pedidos de condena y acusaciones eran hacia personas que “‘habían tenido la desgracia, el pecado’ de pertenecer y trabajar en una fuerza determinada, en un momento complicado del país, pero que no habían hecho absolutamente nada”. El argumento de la querella es certero: por las fuerzas de seguridad, en las fuerzas armadas y en la policía, en ese período dictatorial, trabajaron más de 600 personas, “y no están los 600 en el banquillo de los acusados. Eran 31 inicialmente y terminaron siendo 23, por los declarados inimputables y los que fallecieron. Los que estaban en el banquillo de los acusados no nos caben dudas de que eran responsables de los delitos que señalamos. Por ello, vamos a apelar las absoluciones”.

Mariana Catanzaro, junto a Florencia Dáttoli, al finalizar la audiencia del jueves 5.

Para la querella, significó un desafío reconstruir hechos que ocurrieron hace más de 40 años, y más ardua aún fue la tarea de “probar que los imputados estaban en buenas condiciones para enfrentar el juicio, a pesar de verlos caminando por las calles”. La Cámara de Casación respondió a favor de las razones expuestas por la Fiscalía y la querella, por lo que esperan que su revisión del fallo también les sea favorable: “Siempre es posible revertir un fallo adverso, con otros ojos que examinen los mismos hechos y hagan otra valoración”. Por lo pronto, se encuentran a la espera de los fundamentos, para leerlos, saber en qué argumentos se basaron los integrantes del Tribunal para resolver como resolvió, y así preparar sus argumentos.

“ESPERAMOS QUE EN ‘LA HUERTA’ HAYA MÁS PROBATORIA PARA LOS ABSUELTOS”

Hasta Mar del Plata llegó un contingente de Tandil, entre quienes se encontraba Petra Marzocca, integrante del Grupo Memoria por la Vida en Democracia. En diálogo con Miradas del Centro, refirió que esta sentencia “le movió muchas historias al Grupo Memoria”. Historias compartidas con las y los militantes de derechos humanos de toda la región, en su lucha compartida. “Cuando estaban las leyes de impunidad, recuerdo que nos juntábamos con compañeros que encontré el jueves 5: con Carmelo Vinci, Rosana Cassataro, junto a la APDH de Azul. Desde Tandil, viajábamos y nos encontrábamos en Suteba de Olavarría. Otras veces, viajaban y nos juntábamos en Tandil; y en otras oportunidades, nos reuníamos en la Terminal de Azul, en torno al armado del circuito represivo que significó Monte Pelloni, La Huerta, la Brigada de Las Flores, la Unidad 7 de Azul, o Rawson, donde fueron algunos compañeros”. Momentos en que se conocían y se reconocían: “Así supimos de muchos compañeros que son desaparecidos o que no están hoy, que fueron vistos en Azul o en distintos centros”. Épocas de mucha constancia y “mucha esperanza para que se concretaran, alguna vez, estos juicios”.

Según Marzocca, la sentencia del jueves 5, “aunque sea como decimos siempre: la justicia tarda pero llega. Sigue siendo justicia, aunque en el resultado no esperábamos tantas absoluciones”. Aún así, rescató que esperan que en el juicio sobre los delitos de lesa humanidad de La Huerta “haya más probatoria para los absueltos. Creo que hay más información respecto a varios de ellos, y así puedan tener un juicio como corresponde”.

El Juicio de ‘La Huerta’, de los más esperados en la región sobre el circuito represivo zonal, aún no tiene fecha concreta de inicio, pero se cree que para febrero del 2020 se comenzaría. La causa de La Huerta cuenta con 84 víctimas y 56 imputados: vivos, 26; y en condiciones de ser juzgados, sólo 20. “Trabajamos con el equipo de Acompañamiento a Víctimas, con la esperanza de que muchas de las víctimas lleguen a ver concretado este juicio. Nos duele enormemente tantos compañeros que no están y hubiéramos querido que presenciaran estos juicios”, lamentó Marzocca. En ese sentido, rescató la bandera siempre izada de Argentina como ejemplo en realización de estos juicios: “En otros países, no se han hecho y nos toman como ejemplo. Vale el trabajo de años y la constancia de tantos compañeros y compañeras”, cerró.

Acceso al ex centro clandestino de detención y tortura ‘La Huerta’, en las afueras de Tandil (imagen del 2010)

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